Morena suma ya cerca de 8 millones de nuevos afiliados en 2025, a tan solo dos millones de alcanzar la meta de 10 millones planteada al inicio del año, lo que representa un avance significativo bajo la conducción de Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido.
Contra los pronósticos de varios liderazgos internos, Alcalde logró consolidar una estructura de movilización nacional en tiempo récord, en un contexto de tensión política interna marcado por la disputa con figuras como Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy.
A partir de este domingo 17 de agosto, Morena arrancará la segunda fase de su reorganización territorial con la instalación de alrededor de 6 mil asambleas en todo el país. El objetivo es conformar 71 mil 541 comités seccionales, lo que representa un promedio de 200 comités por entidad federativa, de acuerdo con lo informado por la dirigente nacional.
Aunque persisten algunas estructuras estatales bajo el control de López Hernández, Monreal o López Beltrán —principalmente en Sinaloa, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Chiapas y Quintana Roo—, la mayoría de las dirigencias locales responden ya a Luisa María Alcalde, quien ahora busca consolidar su liderazgo también mediante estos comités.
El reacomodo interno también incluye una disputa por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, en la que el bloque encabezado por Alcalde y Clara Brugada impulsa dos candidaturas: Guadalupe Chavira, cercana a Brugada, y Laura Itzel Castillo, respaldada por Alcalde, con el objetivo de arrebatar el control al grupo de Adán Augusto.
Además, por instrucción del Palacio Nacional, Alcalde también estaría trabajando para tomar el control de la superestructura de los Programas Sociales, actualmente manejada por los siervos de la nación, quienes continúan bajo la influencia de operadores locales. En esta tarea cuenta con el respaldo de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien ha comenzado a revertir la decisión de entregar las delegaciones estatales de Bienestar a los grupos políticos regionales.
