El amparo otorgado a Lorenzo Córdova Vianello por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye el último fallo de un Poder Judicial independiente. A los morenistas evidentemente les repele lo diga así, pero no por ello es menos cierto.
Ante la decisión de la SEP (y de muchos resentidos que trabajan ahí), de ponerle de ejemplo de discriminación en un libro de texto, Córdova se amparó. Incluirlo así en la guía de estudios de la educación obligatoria en México sin duda fue un acto de autoridad que vulneraba su integridad.
El exconsejero del INE obtuvo el amparo a pesar de que las dos ministras morenistas, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, votaron en contra de concedérselo. A partir de ahora, en la nueva SCJN y las demás instancias que conforman esa rama del Estado ya no se defenderán los derechos de los ciudadanos ni se velará porque lo decidido y editado por cualquier autoridad pueda afectar a los individuos.
No defenderé lo que Lorenzo Córdova dijo en 2015 en una conversación telefónica ilegalmente grabada y filtrada, donde el entonces consejero presidente del INE hizo comentarios a modo de burla de una persona representante de las comunidades originarias de México y quien buscaba representación en el Congreso (por cierto, él se disculpó públicamente, aunque ahora los desmemoriados digan que no lo hizo).
Pero en ese mismo sentido tampoco se puede defender que la SEP, en los libros de texto para sexto de primaria, mencionen a Córdova como un ejemplo de discriminación y olviden que, en octubre de 2020, el entonces presidente AMLO dijera en su mañanera que los pobres son equiparables a animalitos y mascotas. Esa discriminación, al haber sido dicha por Andrés Manuel, no la tomaron como lo que es, una discriminación racista y denigrante en grado sumo.
Es incongruente que la presidenta Claudia Sheinbaum apoye discriminar a quien discriminó aquella vez (insisto, en el ámbito privado). Lejos está ella y su equipo del precepto socrático, donde la autoridad deberían ser los primeros en olvidar resentimientos y enojos personales. Más aún, la presidenta Sheinbaum y su gabinete lucran políticamente con este viejo episodio y, al hacerlo, se muestran clasistas y racistas.
Esperemos que los nuevos ministros no olviden que no se puede volver a juzgar lo que ya fue juzgado en la propia SCJN. Y sí, el amparo otorgado a Córdova es cosa juzgada. Si la nueva SCJN desdeña este fallo, será su primera muestra que no funcionan conforme a la ley. No me sorprendería. En este mismo tenor, y dado que la presidenta no es abogada, esperemos que su Consejería Jurídica y/o su cuerpo de asesores jurídico, quienes se supone sí conocen de leyes, le recuerden que no pueden hacer nada ante esta resolución del tribunal supremo.
Por lo demás, bienvenidos al mundo jurídico sustentado en función de las decisiones, ocurrencias, caprichos y resentimientos de un grupo autodenominado la Cuarta Transformación. Adiós a velar —así sea en algunos casos— por los derechos de los ciudadanos.
La desaparecida Segunda Sala de la SCJN cumplió su trabajo. Amparó a un ciudadano cuyos derechos fundamentales habían sido vulnerados por la autoridad. Máxime cuando desde los libros de la SEP le otorgaron un marginalismo político, histórico imposible de enfrentar sin contar con una figura como es el amparo. Otra vez, no es defensa de aquella conversación sostenida entre Córdova Vianello y Jacobo Molina, pero mientras ello fue un episodio único y aislado, López Obrador mantuvo mucho y de manera sistemática.
El señalamiento de Córdova en los libros mostraba algo más: quienes fueron los autores de dichos libros no buscaron educar al futuro de la nación, no fueron objetivos con los dichos de unos y otros. Convirtieron los libros de texto gratuitos en instrumentos de manipulación político-ideológica.
Cabe solo de consuelo, que esos niños no leerán los libros, ni entenderán lo que ahí dice por una razón aún más triste: no tienen las suficientes herramientas de comprensión lectora.
Lorenzo Córdova es el último ciudadano, porque es el último ciudadano que pudo tener la protección en contra de los actos de autoridad a través de un amparo directo. A partir del cambio de la Corte, de jueces y magistrados, los ciudadanos deberá enfrentarse a la autoridad desprovistos de toda protección jurídica; este poder dictará resoluciones decisiones por encargo. Ojalá me equivoque, pero lo dudo.
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