Donald Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron su novena llamada telefónica, tras innumerables reuniones entre sus gabinetes. Los contactos han sido constantes, pero los avances muy escasos. México sigue sumido en incertidumbre política y económica, mientras sus industrias y el propio gobierno enfrentan un castigo persistente en forma de presiones comerciales y riesgos arancelarios.
Este jueves, Trump volvió a hacer lo que mejor sabe: usar el comercio como arma política. La publicación del presidente estadounidense respecto de la llamada que sostuvo con Sheinbaum deja claros varios temas; por ejemplo, si México quiere evitar una nueva dosis de aranceles y asegurar la renovación del acuerdo comercial en los próximos 90 días, deberá cancelar sus barreras no arancelarias.
¿A qué se refiere Trump con esta barreras? No son impuestos, ni tarifas, sino muros invisibles que frenan mercancías en los puertos, retrasan trámites sanitarios, duplican pruebas técnicas o exigen permisos difíciles de conseguir. Para Estados Unidos, México se ha convertido en un terreno minado para exportadores de maíz, autopartes, pesticidas, dispositivos médicos y electrónicos, entre otros productos.
La propia Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha expuesto ejemplos, como el caso de la Cofepris y sus demoras eternas para aprobar medicamentos que ya tienen luz verde de la FDA, que es la agencia regulatoria similar a la que en México encabeza la química farmacéutica Armida Zúñiga Estrada.
El glifosato es otro ejemplo, pues durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un símbolo político más que en un tema estrictamente sanitario, al grado de bloquear insumos agrícolas clave y generar tensiones con productores nacionales y socios comerciales.
Las aduanas mexicanas, a su vez, se han vuelto un laberinto de cartas porte, permisos no automáticos y controles discrecionales que desesperan a transportistas estadounidenses. La operación de éstas por parte de las Fuerzas Armadas se ha convertido en un cuello de botella lo mismo para importadores que para exportadores.
Y en el sector automotriz las reglas de origen del TMEC, combinadas con inspecciones duplicadas, amenazan con encarecer los vehículos que cruzan por la frontera, al tiempo que la industria mexicana ya paga con aranceles las amenazas de Trump.
El mensaje de Trump a México es que quiere la “cancha limpia” para sus exportadores, o el 30% de aranceles que entrarían en vigor a partir de hoy, y al que se le concedió un periodo de gracia de 90 días, regresará como un boomerang. Esta vez, no solo para autos o acero, sino para cualquier producto que tenga detrás una de esas barreras “invisibles”.
La apuesta de Palacio Nacional ha sido comprar tiempo. Trump concedió tres meses para negociar, flexibilizar trámites y demostrar que México puede ser pragmático ante la presión comercial. Pero el dilema de fondo es más bien político y ceder en estas barreras significa abrir la puerta a importaciones que incomodan a ciertos sectores, como el agroalimentario, químicos y farmacéuticos.
El problema también es que Trump también ha demostrado que las amenazas muchas veces no son sólo retórica. Las barreras invisibles que hoy perjudican a los exportadores estadounidenses podrían convertirse en el pretexto perfecto para presionar una veloz renegociación o renovación del TMEC, con implicaciones negativas para México.
Por lo pronto, la lista de industrias afectadas con esta concesión de México se concentra en cuatro sectores: el automotriz, que es la joya de la relación comercial; el agro y los alimentos, como el maíz, granos y carnes; el caso del glifosato y los permisos fitosanitarios; la industria farmacéutica y médica, porque se considera a Cofepris un cuello de botella; y la tecnología y telecomunicaciones.
Las próximas semanas serán clave para que los equipos de Juan Ramón de la Fuente (SRE), Marcelo Ebrard (Economía) y Edgar Amador (Hacienda) trabajen en un plan exprés para simplificar aduanas, agilizar permisos de importación en sectores sensibles, acelerar registros sanitarios para productos con aprobación internacional y, en general, comenzar a plantear el nuevo TMEC.
Mientras tanto, Trump ha confirmado que durante la prórroga de 90 días se mantendrá un arancel del 25 % sobre productos relacionados con el fentanilo provenientes de México, el 25 % a vehículos y 50 % al acero, aluminio y cobre.
Panorama muy complicado.
Posdata 1
Iberdrola sí se va de México y sin avisarle al gobierno de Claudia Sheinbaum. La empresa española cerró el capítulo más largo de inversión extranjera en generación eléctrica en México con el acuerdo de venta de sus 15 centrales eléctricas a Cox Energy por 4 mil 200 millones de dólares.
En 2023, Iberdrola dio el primer paso con la venta del 55% de su negocio a un fideicomiso en el que tiene participación el fondo México Infrastructure Partners y el Fonadin, el cual, si bien estuvo dispuesto a revisar la nueva oferta de Iberdrola, ésta ya tenía comprador: otra empresa española especializada en renovables e infraestructura que preside un joven de 36 años, Enrique Riquelme Vives, y cuya compañía (Cox Energy), fue la primera del sector en debutar en un mercado de valores de América Latina. Cotiza en BIVA, que preside Santiago Urquiza.
La retirada de Iberdrola no fue espontánea, sino que respondió a años de presión regulatoria, acusaciones del gobierno de López Obrador y falta de señales claras del gobierno de Sheinbaum en materia eléctrica. Interesante que Cox México, que va a pagar más de 4 mil millones de dólares por los activos, sí vea garantías y certidumbre en un sector que no ha cambiado mucho del sexenio pasado al actual. Incluso, Cox proyecta inversiones en México por más de 10 mil 700 millones de dólares hacia el 2030.
Es una jugada audaz. Ya se verá qué tal sale.
Posdata 2
La resolución de un juez federal que ordena la restitución inmediata de Gerardo Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome no solo revierte una decisión legislativa, sino que también lanza una advertencia al poder político en Sinaloa. El fallo representa un freno a las estrategias de control institucional desde el Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya.
La sentencia se da en un contexto en donde aparentemente los alcaldes que no se alinean políticamente con el gobierno estatal son removidos mediante procedimientos que rayan en lo expedito y discrecional. Lo ocurrido en Ahome recuerda las destituciones de Jesús Estrada en Culiacán y Guillermo “El Químico” Benítez, en Mazatlán, y refleja una tendencia que tensiona gravemente el equilibrio democrático.