EL GOBIERNO DE Donald Trump tiene una lista de 30 acciones de política pública, elaboradas por la Oficina de Representación Comercial (USTR, por sus siglas en inglés).
Es un “requisito” que México debe cumplir antes de iniciar las negociaciones del T-MEC: de lo contrario, el país se hará acreedor a una avalancha de sanciones comerciales y políticas.
La hoja de ruta para los 85 días de prórroga que restan es la siguiente: en materia de restricciones a la inversión en minería y energía, telecomunicaciones, pagos electrónicos, así como propiedad intelectual.
Asimismo, transgénicos, biotecnología agrícola, barreras sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, pesticidas y productos químicos agrícolas, barreras de acceso al mercado, dispositivos médicos, suministros y productos farmacéuticos.
La agenda impuesta por la oficina al mando de Jamieson Greer es amplia y abarca casi todos los sectores del comercio internacional, y en la mira están las limitaciones que México tiene a la inversión en los rubros minero y energético.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá la tarea de reabrir las puertas a la inversión extranjera y dejar de obstaculizar la competencia.
Esto implica agilizar permisos y garantizar la participación de empresas privadas, revirtiendo las políticas recientes que han favorecido a las empresas estatales como Pemex y la CFE.
El sector de las telecomunicaciones también se encuentra bajo escrutinio.
Se exige a México implementar cambios que podrían impactar directamente al principal proveedor del país, léase Telmex y América Móvil de Carlos Slim.
Su grupo se ha visto beneficiado por reformas constitucionales que eliminaron reguladores independientes, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y acotaron a otros, como el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Esta medida ha generado serias dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones del T-MEC, así como la libre competencia en el mercado para empresas como AT&T, que preside John Stankey, y otros operadores móviles virtuales que son de origen estadounidense.
Servicios financieros, agrobiotecnología y sector farmacéutico, son otras ramas que tampoco escapan a las observaciones de la USTR y de la Secretaría de Comercio, que comanda Howard Lutnick.
Hablaremos de ellos más adelante.
PENDIENTES CON GRUPO México y con Germán Larrea. El segundo piso de la 4T podría dar un golpe relevante, justo cuando este miércoles se cumplan 11 años del que es considerado por muchos el peor desastre ambiental en la historia de la minería mexicana: la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto de 2014, con más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado provenientes de la mina Buenavista del Cobre que afectó a más de 22 mil familias que habitan ocho municipios. En su conferencia mañanera del 12 de octubre de 2023, Andrés Manuel López Obrador y la entonces titular del Medio Ambiente, María Luisa Albores, denunciaron que Grupo México no llevó a cabo satisfactoriamente la remediación y que no había sido un accidente sino una negligencia. En la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, hay abiertas varias carpetas de investigación.
HOY ES LA penúltima sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña y la última el martes 12 de agosto. También la Segunda Sala que preside Javier Laynez tendrá su última sesión, este miércoles 6 de agosto, y la Primera Sala que encabeza Loretta Ortiz, el miércoles 13 de agosto… y se acabó. Los ministros ya no resolverán ningún tema relevante. Todos los grandes casos pasarán a la nueva Corte, que iniciará sesiones el próximo 1 de septiembre. Desde ya, se observan dos grupos: los radicales y los moderados, encabezados respectivamente por Lenia Batres y Yasmín Esquivel. En el primero apunte a Irvin Espinosa, María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías y en el segundo a Loretta Ortiz, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero. Inclusive a Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Corte, no se le considera del ala dura, aunque quien lo promovió y apoyó para llegar a esa posición fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
ALEJANDRO MARTÍNEZ ARAIZA, dirigente del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), pretende consumar un doble fraude: por un lado, obliga a los trabajadores a firmar hojas en blanco de un supuesto censo y, al mismo tiempo, quiere engañar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de Adolfo Domínguez Marrufo, para justificar que los trabajadores fueron informados mediante asamblea y de forma individual del patrimonio sindical. La realidad es que El Principito, como le dicen los trabajadores disidentes, está preparando otro fraude vía sus incondicionales: Gabriel Martínez y Pablo Vargas, secretario general adjunto y secretario general sustituto, respectivamente, para dizque satisfacer el lineamiento del 19 de mayo de la autoridad laboral.
EN EL ESTADO de México se prendieron las alarmas luego de los recientes hechos vandálicos en los que participó el alcalde de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno, por la clausura de la construcción de un Centro de Distribución (CEDIS) ubicado en los límites que colindan con el municipio de Cuautitlán. Y es que incitó a la gente para que agrediera a las autoridades que realizaban la clausura, al asegurar que ese predio forma parte de su municipio, cuando el gobierno y el Congreso local han reconocido, a través de un fallo, que forma parte de Cuautitlán. El tema cobra especial importancia, ya que la construcción de este CEDIS dañaría seriamente las vialidades y afectaría la tranquilidad de las colonias aledañas. Sin embargo, el fondo del asunto tiene que ver con beneficios económicos que entrarían directo a las arcas del municipio, como son el cobro de derechos y diferentes contribuciones. Zenteno parece haber perdido la brújula institucional, al sustituir el diálogo por la confrontación, en una clara política de choque con la que busca obtener protagonismo. Resulta urgente que las instancias correspondientes investiguen y sancionen las acciones autoritarias en Teoloyucan, que contradicen el discurso de la gobernadora Delfina Gómez y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
AL TODAVÍA MINISTRO Alberto Pérez Dayán no le alcanzó el capital político para ser embajador de México en España, en lugar del priísta y ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. El ofrecimiento se lo hizo otro político en desgracia, el también todavía coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Fue él quien lo “dobló”, con varias carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX enfrente, para que diera el voto con el cual sus colegas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ligados a la 4T, aprobaran la polémica Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador. Si no sucede nada extraordinario, Pérez Dayán será el próximo cónsul de México en Barcelona, sustituyendo a la exgobernadora también tricolor de Sonora, Claudia Pavlovich.