CON LA DETERMINACIÓN de la Unión Europea de que “Las Maras” son las legítimas herederas de los derechos de la marca Frida Kahlo, se abre una caja de Pandora sobre el testamento de la pintora mexicana.
Y es que el testamento lo ocultó por lustros su pareja, Diego Rivera, y hay sanciones económicas contra una empresa panameña que no ha pagado un peso sobre la explotación de la marca durante 10 años.
En el epicentro, la resolución del pasado 25 de julio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que dirige el portugués Joao Negrao, que declaró nula la marca “Frida Kahlo”.
Se trata de una victoria contundente para la familia de la artista que, desde hace más de una década, se enfrenta en el sistema legal e inhibe que otros lucren con un patrimonio que no les corresponde.
El caso se remonta a 2004, cuando la heredera, Isolda Pinedo, acordó 49% de participación de la marca panameña Frida Kahlo Corporation (FKC) y el empresario venezolano, Carlos Dorado.
Sin embargo, las descendientes Mara Romeo y Mara de Anda, nieta y bisnieta, respectivamente, iniciaron una batalla legal por el incumplimiento de la empresa a los convenios y la utilización indebida de la marca en productos no autorizados.
El pleito de la muñeca Frida y Barbie, en la que lograron detener su venta en México, fue muestra de la determinación de la familia para defender el legado de su tía abuela.
En 2022, debido a que los socios reportaron pérdidas, la familia presentó una nueva demanda en Panamá, con el argumento legal de que la sociedad se encuentra en insolvencia.
De acuerdo con la ley del país centroamericano, que gobierna José Raúl Mulino, la disolución de la compañía devolvería la propiedad de las marcas a los herederos, situación que FKC rechaza.
La resolución de la EUIPO, al anular la marca en 27 países europeos, es un llamado de atención a las autoridades de todo el mundo para que actúen con la misma contundencia.
Las autoridades en Panamá, México y otros países, deben dejar de lado los tecnicismos y actuar con base en la justicia.
Se espera que desde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que encabeza Santiago Nieto, se ponga fin a este conflicto y otros, como el que le denunciamos del líder sindical Alejandro Martínez.
Su gremio, el SNAC, busca aprovecharse económicamente, al querer piratear la marca, intención que ya fue desactivada por el propio titular del IMPI.
EN NUESTRO PAÍS hoy queda claro que el poder económico de las empresas no está por encima de los intereses sociales y derechos humanos de las personas. Tanto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, a cargo del magistrado Rafael Guerra, estuvieron a la altura de las exigencias sociales. ¿Se acuerda del caso de discriminación del Banco Suizo UBS contra Leonardo Poblete? Este asunto no sólo fijo un precedente histórico en reconocer la
responsabilidad penal de las empresas en la CDMX, sino que esta semana vuelve a hacer historia, ya que la firma de servicios de UBS en México, que dirige Sergio P. Ermotti, es la primera empresa relacionada con el sistema financiero mexicano en ser oficialmente vinculada a proceso penal por el delito de discriminación. Este caso ha generado grandes precedentes en materia de responsabilidad penal corporativa. Las empresas deben estar atentas a sus controles internos y la atención a las denuncias que se presenten por actividades en contra de los derechos humanos de sus trabajadores y de las poblaciones en las que operan. México está cambiando y el sector empresarial debe fortalecer sus procesos internos protegiendo a sus empleados. Habrá que estar atentos a las acciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores frente al intento de UBS de dejar nuestro país en
estas condiciones.
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO licitatorio LA-47-AYO-047AYO955-N-116-2025, el IMSS Bienestar, que dirige Alejandro Svarch, está por asignar el contrato para el Servicio de Hospedaje, Alimentación y Transporte Terrestre para el polémico programa de Médicos Cubanos. Este proyecto tiene reservada una inversión de 300 millones de pesos para lo que resta del año, con lo que se brindará manutención a los cerca de mil galenos antillanos que todavía laboran en 23 entidades del país. La responsable del concurso es la titular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo de salud, Christian Leslie García Romero, quien no hace mucho le informé desembarcó en esa dependencia con el objetivo de meter orden a prácticas que se vienen arrastrando desde las gestiones de José Antonio Ferrer, en el desaparecido Insabi, y en la gestión de Alejandro Calderón Alipi.
EL ESTADO DE Nuevo León se colocó como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa al rebasar los 12 mil 300 millones de dólares en la presente administración; se espera una nueva ola de nearshoring con la próxima llegada de empresas que operan en países afectados por los aranceles impuestos por la administración de Trump, tales como China, Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, Malasia y Suiza. Al mismo tiempo, la entidad que gobierna Samuel García tuvo una reducción histórica de la pobreza extrema de 77 por ciento, lo que implica que alrededor de 94 mil personas salieron de esa condición.
EN EL PRESENTE año, la CFE, que dirige Emilia Calleja Alor, invertirá un monto cercano a los 400 millones de pesos en campañas de difusión de sus resultados institucionales. Tan sólo la semana pasada se asignaron esos recursos a los proveedores de medios de comunicación, a través de 90 partidas. La inversión en este rubro se observa menor que en el sexenio pasado, pues se recuerda que entre 2023 y 2024, la empresa eléctrica del Estado, entonces a cargo de Manuel Bartlett, destinó al mismo servicio un total de mil 71 millones 113 mil pesos.
LAURA ITZEL CASTILLO fue electa por unanimidad del Grupo Parlamentario de Morena, a propuesta del senador Félix Salgado Macedonio, como Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Hija del histórico líder de izquierda, Heberto Castillo, luchadora social y con amplia experiencia en el servicio público. Una buena noticia para el Poder Legislativo. Sustituye al impresentable Gerardo Fernández Noroña.