La medición de la pobreza en el país, realizada por el Inegi, ha traído consigo una noticia que no debemos regatear: la pobreza en México ha disminuido. El número de personas en esta situación se redujo de 46.8 millones en 2022 a 38.5 millones en 2024.
Se trata de una mejora significativa en el ingreso de los hogares mexicanos, un logro que refleja los esfuerzos por mejorar el nivel de vida de la población más vulnerable. Sin embargo, detrás de esta cifra alentadora se esconde una paradoja preocupante: mientras el bolsillo de los mexicanos se llena, sus derechos básicos se vacían.
La reducción de la pobreza está basada en un delicado equilibrio de factores. El incremento sostenido del salario mínimo ha sido, sin duda, un motor fundamental. También lo han sido los programas sociales del gobierno, que han inyectado dinero en los hogares más necesitados. A estos dos pilares se suman las remesas, que han sido un salvavidas para muchas familias. No obstante, esta base, aunque efectiva, no es lo suficientemente sólida para garantizar una mejora sostenible a largo plazo.
El crecimiento económico del país ha sido mediocre en los últimos años, lo que pone en entredicho la capacidad del Estado para mantener el gasto social. El financiamiento de los programas de apoyo no está garantizado en un escenario de fragilidad fiscal. Además, la demografía juega en contra. Con el envejecimiento de la población, será cada vez más difícil mantener fiscalmente estos programas, a la vez que se enfrentan nuevas demandas de gasto público. Por si fuera poco, la dependencia de las remesas es un factor de riesgo externo que no podemos controlar, especialmente con la incertidumbre que rodea a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
Pero la verdadera grieta en esta historia de éxito es interna y estructural: la informalidad laboral. Los datos son contundentes y muestran una correlación directa entre informalidad y pobreza. Los estados con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, como Chiapas (66%), Guerrero (58.1%) y Oaxaca (51.6%), son justo los que tienen las tasas de informalidad laboral más altas del país. En el lado opuesto están Baja California, Baja California Sur y Nuevo León, también registran los niveles de informalidad más bajos. Éste no es un dato menor; es la radiografía de un modelo que está creando empleos, pero no necesariamente derechos.
Actualmente, alrededor de 30 millones de mexicanos laboran en la informalidad, para quienes la mejoría en su ingreso no va acompañada de beneficios fundamentales. Estos trabajadores están atrapados en un ciclo de precariedad. Sus empleos son inestables, no tienen garantizado un salario mínimo, carecen de acceso a la salud y a la seguridad social. La informalidad es un muro que separa a los trabajadores de un futuro seguro y digno. La mayoría no tiene en la mira una pensión, lo que augura una crisis de la vejez sin precedentes.
El informe del Inegi también reveló un dato alarmante: a pesar de la reducción de la pobreza monetaria, la carencia por acceso a los servicios de salud sigue siendo una de las principales problemáticas, afectando a millones de personas. Esto demuestra que alguien puede tener más dinero en el bolsillo, pero si con él debe pagar medicinas, consultas médicas y tratamientos que antes le proporcionaba el Estado, al final su bienestar no ha mejorado realmente. El incremento del ingreso se vuelve una ilusión si se traduce en la pérdida de acceso a derechos básicos.
En conclusión, la reducción de la pobreza es un logro que debemos celebrar, pero no sin una dosis de realismo. Para que esta mejora sea sostenible y genuina, el país debe enfrentar el problema de la informalidad laboral. La mejor manera de consolidar un aumento en el ingreso y una mejoría en el nivel de vida es mediante la formalización del empleo. Sólo así podremos garantizar que el dinero en el bolsillo de los mexicanos vaya de la mano con el acceso a la salud, la seguridad social y un futuro con perspectivas. De lo contrario, seguiremos construyendo una prosperidad endeble, cimentada en pilares inestables y vulnerable a cualquier viento económico o político.
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