Azares del sistema penal mexicano. La juez que el jueves ordenó la libertad inmediata de Israel Vallarta es la misma que hace cinco meses sentenció a Malinali Gálvez Ruiz, la hermana de Xóchitl: la juez de Distrito en materia penal del Estado de México, Mariana Vieyra Valdés. Pudo suceder por casualidad, pero debe anotársele al menos inconsistencia en un criterio. En el caso de Vallarta, acusado de secuestro y otros delitos, el que haya apelado ser víctima de tortura parece haber tenido peso en la sentencia.
En el de Malinali, en cambio, no lo tuvo.
Ella fue sentenciada en marzo a 89 años de cárcel por secuestro agravado, a pesar de que un año antes (1 de marzo de 2023), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la inscribió en el registro de víctimas con calidad de víctima directa de violación de derechos humanos (REFEVI/CEAV/9/57397/2023).
En julio de 2023, además, el segundo visitador de la CNDH, Omar Jair Pasaran, determinó que se procediera a repararle el daño, así como que se diera vista del asunto a las autoridades administrativas responsables y a la FGR. Nada de eso valió para la juez Mariana Vieyra Valdés, quien aplicó un criterio para Vallarta y otro para la hermana de Xóchitl: a él, la gracia; a ella, no.
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