El régimen de Nicolás Maduro murió hace ya mucho tiempo, por su represión contra el pueblo, su ineficiencia, su evidente incapacidad para administrar un país, Venezuela, que alguna vez tuvo la mejor economía de América Latina y que ahora está entre los tres más empobrecidos de la región. Se mantiene por el petróleo y el narcotráfico. Sus relaciones con América Latina las sostiene con alfileres (porque defender a Maduro es cada día más impopular): México y Brasil, también con el mandatario colombiano Gustavo Petro, que ya ha perdido el control de su país y que terminará muy mal su gestión el próximo año. Y, por supuesto, con el apoyo de Cuba, Irán y Rusia que tanto le han costado, social y económicamente, al país.
Durante el régimen de Maduro ha abandonado Venezuela casi un tercio de sus habitantes, obligados a un exilio político o económico. Muchos de sus exiliados son profesionales que hoy conducen un Uber en Miami, limpian casas en Buenos Aires o buscan infructuosamente un permiso de entrada a Estados Unidos en las largas caminatas a lo largo y ancho de México.
Estados Unidos ha desplegado a las tropas y equipos del Comando Sur al Caribe, frente a Venezuela. Se han movilizado a más de cuatro mil soldados de la 22ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina y al Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima. En su apoyo se desplegó también un submarino de ataque nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores, un crucero con misiles guiados, barcos como el USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, una enorme movilización militar que, como ya hemos dicho en otra oportunidad, intimida, pero también abre todo un abanico de opciones ante situaciones de amenaza a la seguridad nacional.
Es el tipo de despliegue que se realiza en situaciones críticas y así consideran la Casa Blanca y el departamento de Estado lo que se vive con el narcotráfico. La Unión Americana no reconoce a Maduro como presidente, pero sí como líder del Cártel de los Soles, como asociado al Cártel de Sinaloa, y la fiscal Pam Bondi afirmó que Maduro mantiene un “puente aéreo” que conecta Venezuela, Honduras, Guatemala y México para transportar cocaína y fentanilo, intercambiando dinero y armas para garantizar la libre circulación de sustancias ilícitas sin ser detectados. Puede ser que sea exagerado, pero es verosímil.
El gobierno de Maduro oscila entre la bravuconería y el miedo, ordena movilizar cuatro millones de reservistas (lo que implicaría que uno de cada seis venezolanos estuviera en armas), que luego dice que son voluntarios, aunque, la verdad, la enorme mayoría de ellos no tienen ni la menor idea de lo que es una verdadera capacitación militar.
La implicación de los mandos políticos y militares con el crimen organizado y grupos armados es evidente, sobre todo en relación con Colombia, donde el gobierno venezolano apoya e impulsa tanto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla reconvertida en traficantes de cocaína, como a las disidencias de las FARC que no apoyaron el acuerdo de paz y que Petro dejó crecer tanto como a los cárteles con una complicidad y displicencia absoluta.
El problema es que ya se les han salido de cauce: el atentado de la semana pasada contra una base militar en Cali, que dejó 19 muertos y decenas de heridos, fue la mejor demostración, así como el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe. Los responsables del atentado es el llamado Estado Mayor Central, un grupo armado desprendido de las FARC y con estrecha relación con Venezuela. Los asesinos del candidato presidencial Miguel Ángel Uribe Turbay serían de otro grupo de disidentes de las FARC, la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez.
Con México todos estos grupos han mantenido relación desde hace años, desde que en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal), hoy una institución fantasma, pero durante el gobierno de López Portillo muy poderosa, incorporara como miembro permanente a las FARC e incluso se les dio una oficina en la Ciudad de México casi con categoría de embajada. Lo cierto es que pocos años después los grupos de las FARC ya trabajaban con los Arellano Félix, y lo han seguido haciendo con los cárteles mexicanos hasta hoy.
Esos grupos armados colombianos que rechazaron los acuerdos de paz que se firmaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, siempre mantuvieron estrecha relación con el gobierno de Hugo Chávez y a la muerte de éste con el de Nicolás Maduro, y fue durante su gestión que los políticos y militares, ante la caída de los precios del petróleo y la desastrosa gestión económica, comenzaron a recurrir en forma sistemática al narcotráfico para financiarse.
No sé qué terminará haciendo Estados Unidos con Maduro y su gobierno, luego de su despliegue militar. Lo que sí es evidente es que, en la lógica de romper las tramas del narcotráfico en toda la región andina y caribeña, con fuertes lazos en América Central y México, acabar con el régimen de Maduro termina siendo imprescindible.
INE, NI PIO
Cuando se divulgó el video de Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero, el entonces presidente López Obrador argumentó públicamente que no eran recursos para uso personal, sino dinero para “el movimiento”, para actividades proselitistas. Ahora, cinco años después, el INE decidió exculpar a Pío porque dijo que no tenía pruebas de que ese dinero fuera para “el movimiento”, porque no había registro de ello, imagínese usted, en el SAT. Con que hubieran revisado las mañaneras de aquellos días hubieran encontrado las pruebas.