EN MEDIO DE la crisis que vive Pemex con su rescate financiero y la falta de pago a proveedores, hay un llamado de máxima alerta en su Consejo de Administración.
También en sus órganos de control y equipos de auditoría interna, por la crisis y fallas en la gestión de la Subdirección Jurídica de Contratos y la previsible llegada de laudos condenatorios.
En la cabeza de sector, o sea: en la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González, hay preocupación al más alto nivel por las fallas y deficiencias de Patricia Duque Aguilar.
Es la subdirectora jurídica de contratos de Pemex, pues se ha convertido en un cuello de botella y corrupción.
Hay una parálisis institucional que afecta la toma de decisiones en el área jurídica de la empresa pública que lleva Víctor Rodríguez Padilla, por el desconocimiento de los procesos contractuales.
Un ejemplo concreto es el caso de los contratos mixtos, un proyecto insignia de la administración de la 4T, cuyo modelo contractual fue elaborado sin coherencia ni claridad jurídica.
Esto derivó en un documento confuso, que mezcla cláusulas de modelos anteriores sin entender la nueva figura contractual ni las preocupaciones legítimas de los inversionistas.
No olvide que alzaron la mano grupos como Diavaz de Luis Vázquez, Jaguar de Dionisio Garza Sada, Carso de Carlos Slim, Woodside Energy que preside Meg O´Neill o la china Sinopec.
Adicionalmente, no se gestionó oportunamente la autorización de Energía, lo que generó un retraso crítico atribuible a la falta de seguimiento y acompañamiento desde el inicio del diseño de ese instrumento.
Incluso, existen señalamientos graves sobre corrupción en la emisión de opiniones de viabilidad jurídica, particularmente en el área de cumplimiento legal.
Operadores externos han usado el nombre de Juana Lilia Arroyo, gerente de Cumplimiento Legal, y de la pareja sentimental de la titular de la Dirección Jurídica, para solicitar pagos millonarios a empresarios para facilitar dictámenes favorables.
Según registros, Duque Aguilar ha tenido procedimientos administrativos y sanciones previas, y en su historial en Pemex ha sufrido quejas por maltrato al personal bajo desempeño técnico.
Además de no superar las pruebas psicométricas internas de la institución en varias ocasiones. Incluso, dada su incapacidad y falta de recursos, a la fecha no entiende los temas técnicos de las áreas operativas de la empresa que son sus principales clientes, lo que hace imposible aplicar una estrategia jurídica en la institución.
La jurídica de Pemex, Rosa Bello Pérez, opera de manera aislada de las autoridades de la propia paraestatal y del sector, pues descalifica y se confronta con las autoridades sectoriales.
Ejemplo de esto es que con la nueva estructura jurídica que hizo, se perdió la capacidad de atender temas operativos al desaparecer las gerencias jurídicas regionales que eran la conexión de la Dirección Jurídica con las áreas operativas.
Hoy en lugar de apoyar a las áreas técnicas sólo opera como área de auditoría: sobra decir que ya tiene suficientes áreas que realizan dicha función en la institución, como son el área de Control Interno y el área de Responsabilidades.
Para las más altas autoridades del sector de energía, toda esta denuncia interna e investigación compromete el cumplimiento de las funciones esenciales, como son apoyar legalmente a las áreas sustantivas, garantizar el marco de legalidad en las decisiones estratégicas y proteger el patrimonio jurídico de Pemex, lo que redundará en consecuencias financieras, legales y reputacionales de gran envergadura.
SOBRE EL LITIGIO de las aseguradoras y el SAT, primero fue Carlos Urzúa, luego Arturo Herrera, después Rogelio Ramírez de la O y ahora Edgar Amador los que comparten la idea de que la instancia que preside Antonio Martínez Dagnino debe abandonar su pretensión de cobrarles retroactivamente un IVA, que según la lógica y los números caprichosos de la entonces cobradora de Andrés Manuel López Obrador, Raquel Buenrostro, ascendían a la friolera de 170 mil millones de pesos desde 2018. Incluso, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, primero con Carlos Chaurand y posteriormente con Rafael Anzures, estuvieron a punto de allanarse al SAT. Pero dicho órgano que ahora encabeza Guillermo Valls corrigió su postura, porque hay criterios legales que le dan la razón a las aseguradoras. El caso sigue pendiente para ser votado en dicho tribunal, donde el lobbing de aseguradoras como Axa de Daniel Bandle, GNP de Alejandro Bailleres, Monterrey New York Life de Gustavo Cantú, Inbursa de Carlos Slim, Banorte de Carlos Hank González, BBVA de Eduardo Osuna y MetLife de Mario Valdés, entre otros, no ha cejado. Y no se diga con la Secretaría de Hacienda.
NO, LA VENTA de Marzam todavía está lejos de concretarse. Efectivamente, hay un acuerdo en principio con el Grupo Omni de Moisés Chaves, el accionista principal del banco Bankaool. Sin embargo, el cierre del negocio está sujeto a que el empresario costarricense cumpla con ciertas cláusulas del convenio. A la fecha ni se ha pagado, ni transmitido la propiedad ni mucho menos el control. La empresa de Luis Doporto concluyó exitosamente una reestructura financiera de 600 millones de pesos con el HSBC que preside Jorge Arce y con Santander que comanda Felipe García Ascencio. Finalmente, el fideicomiso que estaba con CI Banco se pasó al banco de Ana Botín. Bankaool, que dirige Juan Antonio Pérez Simón, le está extendiendo una línea de crédito de 250 millones de pesos, pero, como le informé la semana pasada, esa institución no compraría al tercer mayor distribuidor de medicamentos del mercado privado, sino una empresa de Chaves. Éste quiere utilizar la plataforma de Marzam, que toca unos 35 mil puntos de venta al día, como vehículo para engrosar su cartera de clientes y crédito. Pero la transacción está apenas en una etapa inicial.
COX ENERGY VA a liquidar la compra de las 15 plantas de energía eléctrica de Iberdrola con un crédito que la misma firma le extenderá. Como le platiqué también la semana pasada, la empresa española que capitanea Enrique Riquelme no tiene la solvencia necesaria para pagar los cuatro mil 200 millones de dólares en que se pactó la operación. A lo mucho aportará de su bolsa unos 40 millones de dólares y será el mismo conglomerado energético que lidera Juan Ignacio Sánchez Galán el que financiará de entrada la adquisición. Posteriormente, se buscaría que las afores, como sucedió en el caso de la venta del primer tranche de 13 plantas en el que participó el fondo México Infraestructure Partners (MIP), entraran. Ahora mismo, junto con Barclays, que comanda aquí Raúl Martínez-Ostos, se diseña el mecanismo.
EL BULLYNG ES uno de los problemas de violencia más silenciosos y dañinos del tejido social. Ante esta problemática, Seguritech, empresa líder en seguridad, realiza esfuerzos para contribuir socialmente y trascender su función de desarrollador de soluciones de seguridad, apoyando a la Fundación en Movimiento (FEM), asociación que preside Eduardo Ricalde y que atiende el bullying. Como resultado del Método FEM, escuelas de todo el país se han beneficiado al prevenir, identificar y erradicar el acoso escolar, con herramientas prácticas y programas diseñados para estudiantes, padres y docentes. Su metodología incluye desde capacitaciones presenciales y virtuales, hasta el uso de tecnología para medir la incidencia del acoso y generar diagnósticos que orienten a la implementación de acciones concretas. Además del compromiso con la prevención y la educación, Seguritech ha apoyado en diversas ocasiones al talento mexicano, como es el caso del joven oaxaqueño Elvis Andrés Ayala, quien desarrolló un sistema semiautónomo de captura de imágenes que lleva por nombre Trinidad, por lo que con el apoyo de Seguritech, el estudiante del IPN viajará a la NASA y continuará con la implementación de su sistema.