El 1 de agosto escribí aquí que había que tener cuidado antes de festinar la prórroga de 90 días otorgada por el presidente estadunidense Donald Trump a la aplicación de aranceles de 30% a todas las exportaciones mexicanas no cubiertas por el T-MEC. Primero, porque México ya está pagando aranceles —sobre autos, acero, aluminio y cobre—, pero, sobre todo, porque la prórroga anterior, decretada en marzo, no había significado una pausa en las presiones para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se alinee con los intereses de Washington.
Este fin de semana se vio que el más reciente respiro no duró sino siete días, pues el viernes aparecieron nuevos motivos de conflicto, que van mucho más allá de las relaciones comerciales. Ese día, The New York Times publicó un reportaje que da cuenta de los preparativos que estaría realizando el gobierno de Trump, con base en una orden ejecutiva secreta, para un eventual ataque armado contra cárteles latinoamericanos —mexicanos, entre ellos—, que fueron declarados organizaciones terroristas hace cinco meses.
“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadunidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña de la administración contra los cárteles”, publicó el periódico. “Oficiales militares estadunidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las fuerzas armadas podrían perseguir a estos grupos”, agregó.
Y como una alternativa que se contempla en Washington estaría la extracción de líderes criminales, tal cual sucedió con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, acción que no ha sido reivindicada por Washington.
En su primera declaración sobre este asunto, la presidenta Sheinbaum afirmó que su gobierno había sido informado sobre la orden ejecutiva secreta de Trump y aseguró que ésta sólo tenía que ver con acciones por parte de Estados Unidos en su propio territorio. “Estados Unidos no va a venir a México con militares (…) Eso está absolutamente descartado”, aseveró en su conferencia matutina del viernes.
Sin embargo, dicha postura cambió horas después, luego de que el embajador estadunidense, Ronald Johnson, publicó un comunicado en que dijo que los dos países “usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos”.
La semana pasada, como le relaté aquí, Johnson posteó en su cuenta de X que estaba previsto el despliegue de “drones y sistemas antidrones” para proteger a los aficionados al futbol durante la celebración de los partidos de la próxima Copa del Mundo. Aquel tuit no tuvo respuesta por parte del gobierno mexicano, pero sí el comunicado del viernes de la propia embajada.
La Secretaría de Relaciones Exteriores fijó su posición, el sábado, mediante un lenguaje distinto al que había usado la presidenta Sheinbaum apenas un día antes. “México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadunidenses en nuestro territorio”, dijo la Cancillería. En este marco, deben agregarse tres puntos antes de descartar cualquier acción unilateral por parte de EU contra los cárteles en México.
Primero, en un video publicado en 2023 como parte de su precampaña para volver a la Casa Blanca, Trump prometió cuatro cosas si ganaba la elección: declarar organizaciones terroristas a los cárteles, usar barcos de guerra para vigilar las aguas del hemisferio e impedir el trasiego de drogas, emplear a las fuerzas armadas para golpear a los narcotraficantes fuera del suelo estadunidense y ventilar las acciones de corrupción de otros gobiernos relacionadas con esa actividad. Ya ha cumplido las dos primeras y parece estar avanzando en las siguientes.
Segundo, por razones que no están claras, se ha pospuesto la firma del anunciado acuerdo de seguridad entre los dos países. Y tercero, Washington ha creado tres nuevas zonas castrenses en la frontera con México y está llevando allí equipo militar propio de una guerra.
Por debajo de la mesa de la relación bilateral parecen estar moviéndose cosas de las que el gobierno mexicano no está del todo informado o que prefiere no dar a conocer.