Las Fuerzas Armadas mexicanas, orgullo histórico de disciplina y lealtad al país, terminaron convertidas en contratistas de obra pública, administradoras de aeropuertos, operadores de aerolíneas, trenes y hasta encargadas de dragar drenajes. La política de Andrés Manuel López Obrador de entregarles presupuesto y proyectos civiles en nombre de la “honestidad militar”, lo cual fue continuado por Claudia Sheinbaum, ha tenido un efecto corrosivo: expuso al Ejército y a la Marina a los mismos vicios que juraban combatir.
Muchos ejemplos, algunos muy recientes y otros del sexenio de López Obrador, revelan la nueva anatomía de las Fuerzas Armadas. Entre 2019 y 2024, la Marina adjudicó 14 contratos por 478 millones de pesos a empresas sin capital ni experiencia, constituidas al vapor y desaparecidas después de cobrar, según lo documentó El CEO. En 2023, el Órgano Interno de Control detectó anomalías en la Dirección de Servicios Generales de Hidrográficos: pagos sin factura, adquisiciones sin autorización y expedientes incompletos que sumaron 40.7 millones de pesos, publicó La Jornada. Y en 2022, la dependencia adjudicó directamente a Idisa Ingeniería la construcción de una unidad habitacional, pese a que la empresa tenía apenas un trabajador registrado en el IMSS antes del contrato, reveló Mexicanos Contra la Corrupción. A ello se sumó el nepotismo de los sobrinos de Rafael Ojeda Durán —Roberto y Fernando Farías Laguna—, que controlaron adquisiciones, dragados y obras en Sonora.
La historia se repitió con el contrato más reciente, ya bajo el mando del almirante Raymundo Morales Ángeles. Este martes, El CEO reveló que la Marina adjudicó 76 millones de pesos a Bombas Verticales BNJ para el mantenimiento del drenaje del AICM. Las inspecciones documentaron tuberías mal fusionadas, abrazaderas flojas, bases erosionadas y filtraciones, pese a que el pago ya había sido liquidado. El colapso del drenaje en las lluvias de hace unos días exhibió el resultado de haberle encargado a la Marina tareas que jamás debieron salir de su ámbito naval.
En cuanto a la Sedena, bajo el mando del general Luis Cresencio Sandoval, ésta se convirtió en la constructora del Tren Maya, un megaproyecto marcado por sobrecostos, irregularidades y fallas técnicas. En 2022 firmó un contrato por 501 millones de pesos con Energía Solar y Proyectos de Ingeniería para suministrar balasto al tramo 6. La empresa incumplió y, tras un juicio, el Ejército perdió el anticipo de 86 millones de pesos. La ASF detectó además deficiencias y pagos sin justificación por 356 millones de pesos.
Los contratos beneficiaron a empresas vinculadas con personajes cercanos al poder. Latinus exhibió que compañías ligadas a Amílcar Olán, amigo de los hijos de López Obrador, vendieron balasto a sobreprecios de hasta 70%. Constructoras como Mota-Engil también participaron en la operación, pese a su historial de negligencia ambiental. El reciente descarrilamiento de un convoy del Tren Maya es el resultado de una obra mal construida y con vicios de corrupción.
Por si fuera poco, el pretexto de la “seguridad nacional” ha blindado a la Defensa y Marina contra la transparencia. Se ha documentado que más del 80% de sus contratos entre 2019 y 2024 fueron adjudicaciones directas, sin competencia ni licitación. Y ni qué decir de los planes empresariales del Ejército filtrados en el hackeo de Guacamaya en 2022: aerolíneas, hoteles y parques turísticos operados por militares.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum, el general Ricardo Trevilla asumió la Sedena el 1 de octubre de 2024 prometiendo honestidad y transparencia, mientras Raymundo Morales hacía lo propio en la Marina. Sin embargo, ambos han continuado la misma lógica de contratos blindados, obras civiles en manos castrenses y cero rendición de cuentas.
Se sabía desde el inicio: ni la Marina ni el Ejército fueron creados para operar aeropuertos, dragar drenajes, construir trenes o vender balasto. Se formaron para proteger mares, cielos y fronteras. Pero al convertirlos en contratistas del Estado, se les expuso a las tentaciones del dinero y los negocios. Como dicen en privado sus anteriores secretarios: les mostraron la manzana envenenada y se atragantaron.
El descarrilamiento no solo es el del Tren Maya, ni el colapso del drenaje del AICM, sino el de las Fuerzas Armadas convertidas en corporaciones civiles, sin controles ni contrapesos, y atrapadas en los mismos vicios que prometieron combatir.
Posdata 1
El anuncio de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) de extender hasta el 20 de octubre de 2025 la entrada en vigor de las órdenes contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero es una buena señal para el sistema financiero mexicano.
La decisión, que originalmente debía aplicarse el 21 de julio y luego se pospuso al 4 de septiembre, responde a un reconocimiento de los avances del gobierno mexicano en la intervención de las entidades señaladas y en el reforzamiento de sus mecanismos de cumplimiento. El Tesoro estadounidense, a cargo de Scott Bessent, ha concedido más tiempo, pero mantiene la lupa sobre México.
La Secretaría de Hacienda ha mantenido una cooperación constante con FinCEN y el Tesoro de Estados Unidos. El titular de la dependencia, Edgar Amador, sostuvo reuniones en Washington meses antes de la emisión de las órdenes, en las que se discutieron de manera directa los riesgos del sistema bancario mexicano y las áreas de mejora. Su exjefe de Oficina, Roberto Lazzeri, también ha sido puente de comunicación y negociación con autoridades estadounidenses, y de acuerdo con fuentes cercanas, mantiene una buena relación con funcionarios del Tesoro, lo que ha permitido que el tono de las medidas sea más de colaboración que de ruptura.
La extensión de FinCEN no es una absolución. Es más bien el resultado de un diálogo continuo entre México y Estados Unidos, que permitió ganar tiempo para implementar cambios internos y mostrar avances. El mensaje parece ser dual: por un lado, se reconoce la cooperación mexicana; y por el otro, se recuerda que el escrutinio será permanente.
Para el gobierno de Donald Trump, las órdenes de FinCEN impactan en la narrativa de la lucha contra el fentanilo, tema prioritario para Estados Unidos, aunque también en la gobernabilidad financiera de México. A partir del zarpazo que dio el Tesoro estadounidense al sector financiero nacional deberá redoblar el trabajo de las unidades de cumplimiento y reposicionar la imagen de las instituciones en el exterior.
Casi a la par de este anuncio, se dio a conocer que CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos y la directora de FinCEN, argumentando que la orden que lo excluye del sistema financiero por presunto lavado ligado al fentanilo equivale a una “pena de muerte institucional”.
El banco alega que gestiona más de 40 mil millones de dólares en fideicomisos con beneficiarios en Estados Unidos, incluidos fondos de pensiones, y que la medida amenaza operaciones diarias por mil 300 transacciones y hasta 800 millones de dólares en flujos, además de bloqueos masivos de tarjetas y congelamiento de activos.
En su recurso de 37 páginas acusa violaciones al debido proceso y a la Ley de Procedimientos Administrativos estadounidense, al haberse dictado la sanción sin aviso ni posibilidad de defensa. Ya veremos en qué acaba.
Posdata 2
Sobre el mismo tema, la Secretaría de Hacienda confirmó que Multiva pasará a controlar más del 26% del mercado fiduciario en México, equivalente a 3.1 billones de pesos, tras concretar la compra de los fideicomisos de CIBanco. Lo único que falta es la aprobación por parte de la CNBV, el cual se espera para el próximo martes.
Fue el 4 de julio cuando la Secretaría de Hacienda, la CNBV y el IPAB asumieron el control de los fideicomisos de CIBanco e Intercam, con el mandato de proteger a los ahorradores e inversionistas y asegurar la transparencia del proceso. Sin embargo, el plan siempre fue que el negocio regresara pronto a manos de privados.
Más de cinco bancos participaron en la puja, pero fue Multiva —el brazo financiero del Grupo Vazol de Olegario Vázquez Aldir— quien presentó la propuesta más sólida en términos económicos y de continuidad operativa.
Con la adquisición, Multiva no solo se queda con la cartera de clientes y el personal especializado en fideicomisos de CIBanco, sino que se coloca de inmediato como jugador dominante en un mercado hasta ahora concentrado en pocas manos. Hacienda enfatizó que la transferencia será expedita y ordenada, bajo la vigilancia de la CNBV.
La operación, asesorada por despachos internacionales como Sidley Austin, White & Case y EY, también busca blindarse frente al escrutinio de Estados Unidos. De hecho, Hacienda confirmó que se mantienen conversaciones con autoridades financieras estadounidenses para asegurar la viabilidad binacional de la transacción.
Previamente, la Asociación de Bancos de México planteó medidas para evitar que el negocio fiduciario quede en manos de solo dos o tres instituciones. La propuesta se hizo directamente a las autoridades financieras y se está revisando en forma de regulación.
En paralelo, Kapital Bank adquirirá parte de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, incluyendo activos de Intercam Banco y varias filiales. Esta segunda transacción, también en revisión regulatoria, refuerza a Kapital en banca múltiple y servicios complementarios.
Multiva y Kapital se consolidan hasta el momento como los grandes ganadores de la caída de CIBanco e Intercam.
Posdata 3
La ministra Lenia Batres volvió a dar de qué hablar en el último día de trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta vez no por sus votos en contra del presupuesto, sino por una contradicción. Mientras en público criticó que cada ministro recibía 65 mil pesos adicionales al mes para alimentos, fuentes internas revelan que este martes ella misma pidió varias comidas para llevar del comedor de la Corte, un beneficio que refleja la misma lógica de privilegios contra la que votó.
La autodenominada “ministra del pueblo” se ha erigido como la voz de la austeridad dentro del máximo tribunal, subrayando en redes sociales que votó en contra del anteproyecto de presupuesto 2026, que asciende a 5,869 millones de pesos, con un incremento de 12.7% frente al año anterior. Entre sus objeciones, mencionó los seguros médicos privados, los arrendamientos de vehículos y, sobre todo, ese bono millonario de alimentación.
El problema es que su propia conducta erosiona su discurso. Los 65 mil pesos en comidas para los ministros sí suenan escandalosos, pero aunque Batres lo denuncie con vehemencia, su decisión de servirse del mismo sistema de privilegios mina la credibilidad de su postura.
En lo que va de su gestión, Batres ya ha protagonizado varios episodios polémicos: desde sus constantes choques con los otros ministros y ministras, hasta sus declaraciones en contra de la independencia judicial; su asistencia a sesiones con discursos de corte político más que jurídico; y ahora, la incongruencia en torno al gasto de alimentos.