La liberación de Israel Vallarta, el secuestrador y jefe de la banda de Los Zodiaco, el road show que le organizaron en la televisión pública, donde fue recibido como estrella de rock y como un símbolo contra la injusticia, su defensa a ultranza en foros, medios de comunicación y redes sociales por los duros de la 4T cayó tan mal entre la sociedad, era tan evidente que un criminal como Vallarta no podía quedar impune, que obligó a la FGR a presentar, casi dos semanas después de su liberación, la apelación contra su exoneración e, incluso, una denuncia contra la jueza responsable de la misma.
La apelación que tendría que haberse presentado el mismo día en que se decretó la libertad para impedirla. Pero es mejor tarde que nunca, aunque me temo que parte del daño ya está hecho.
Como reconoció el fiscal Gertz Manero, hubo seis personas que sufrieron un secuestro, mismos que se cometieron antes de que hubiera un montaje de la detención, ilegal, y esas víctimas no pueden quedar en estado de indefensión. “Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro”. Es verdad, eso es lo que ignoraron quienes celebraron con tanto ahínco la liberación de Vallarta, incluyendo, lamentablemente, a la propia Presidenta, manipulada por alguno de estos sujetos, que terminó, como aquellos otros, relacionando esa historia con García Luna (responsable parcial del montaje, pero quien investigó el caso y logró la detención de la banda) y con Calderón, aunque los hechos ocurrieron durante el gobierno de Fox.
De lo que se trata es de defender a las víctimas y su derecho a la reparación del daño. Es la misma medida que se tendría que haber tomado con la liberación de la cómplice y pareja de Vallarta, la ciudadana francesa Florence Cassez, liberada por faltas al debido proceso en el sexenio de Peña Nieto, precisamente por el montaje televisivo, pese a que había testimonios contundentes contra ella de esas mismas seis víctimas que la reconocieron como parte de la banda e, incluso, como una de las personas que más las maltrató durante el cautiverio. Con o sin montaje, Vallarta, Cassez y los otros cómplices, algunos en libertad, otros aún detenidos, son secuestradores y asesinos. Qué bueno que se reconozca.
LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD
Ayer, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dio a conocer los avances registrados en la seguridad y son de verdad importantes: los homicidios se han reducido 25.3%, el número diario de los mismos ha disminuido en 22 asesinatos cada día respecto a septiembre del año pasado, el último mes de los abrazos y no balazos del expresidente López Obrador. Pasaron de 86.9 homicidios diarios a 64.9 el mes pasado, una cifra que sigue siendo muy alta, pero mucho menor a la previa. Este promedio de julio es el más bajo desde 2015.
Sin duda, hay avances en muchas áreas, pero llaman la atención dos cosas: que no exista una reducción similar en la percepción de inseguridad de la gente y que no se termine de construir una narrativa de la estrategia que vaya en consonancia con esos avances.
La percepción tardará tiempo en recuperarse. Aunque haya menos homicidios, hechos terribles como el asesinato de Fernandito o el de una niña en Chalco con 20 disparos, la mantienen en niveles altos. Pero la narrativa que la estrategia merece no se termina de construir porque no se reconoce que los avances se realizan superando el desastre dejado por el sexenio pasado: no hay una narrativa de éxito porque no se asume públicamente respecto a la base sobre la que se ha tenido que construir. Cada éxito de este sexenio en seguridad es, en realidad, una denuncia respecto al pasado; cada avance es una demostración de lo que se podría haber hecho y no se hizo, y cuando se quiere saltar la administración López Obrador para adjudicar todas las culpas a Calderón o a Peña Nieto, la narrativa pierde sentido.
Sumado a otro tema: la gente exige culpables y no solamente criminales tras las rejas. Donald Trump ha impuesto en la agenda la exigencia de romper con las redes políticas de protección de los cárteles, pero ésa es también, cada vez más, una exigencia social. Al no actuar por el temor de que quitando un ladrillo se derrumbe toda la pared, la percepción sobre los éxitos del gabinete de seguridad se reduce.
Un ejemplo: ayer, García Harfuch sostuvo, con razón, que se había desmantelado a los mandos del cártel de La Barredora. Pero el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, sigue prófugo, y Adán Augusto López es el líder de Morena en el Senado. Se ha detenido a uno de los presuntos participantes en el brutal asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, pero no tenemos información alguna sobre quiénes son los autores intelectuales. Se decomisan millones de litros de combustible ilegal o de contrabando, pero no hay funcionarios detenidos. En Sinaloa hay unos dos mil muertos y dos mil desaparecidos desde la detención de El Mayo Zambada, pero pareciera que nadie, que ningún funcionario o político, ha protegido al Cártel de Sinaloa. En Quintana Roo asesinan al poderoso líder de la CROC, Mario Machuca, las versiones locales hablan de un ajuste de cuentas entre sindicatos, pero el crimen queda impune, así como el asesinato en la Ciudad de México de Ximena Guzmán y José Muñoz, cercanísimos colaboradores de Clara Brugada.
El Gabinete de Seguridad está haciendo su trabajo y los números lo avalan. Hace falta que la política y la justicia hagan el suyo y rompan los pactos de impunidad.