La orden ejecutiva emitida por Donald Trump en la que se autoriza a las fuerzas armadas de su país a realizar operaciones en tierra y mar contra los cárteles de la droga designados como terroristas es parte de la escalada registrada por la Casa Blanca en el tema del fentanilo: a los aranceles se sumó el retiro de visas, luego las recompensas, como la de 50 millones de dólares contra Nicolás Maduro, y ahora la amenaza de ataques directos.
El New York Times exhibía esta semana algo que no es ninguna novedad: el tráfico de fentanilo continúa y lo hace como solía hacerlo en un principio, no con grandes cargamentos, sino con pequeños, dispersos en una multitud de envíos. El fentanilo, sobre todo cuando aún no está procesado para su comercialización en la calle, es muy fácil de transportar y puede ser disimulado de muchas formas: recordemos que de un kilo de fentanilo puro pueden producirse un millón de dosis para consumo callejero, con una utilidad enorme. Además, los cárteles ya producen fentanilo a partir de distintos precursores o utilizan drogas que tienen un efecto similar, para mezclarlo con otras drogas. Hoy luchar contra el fentanilo implica luchar también contra sus derivados, mezclados con cocaína, metanfetaminas y otras drogas de diseño.
Pensar que el tráfico de fentanilo y otras drogas altamente lucrativas se va a acabar por la imposición del gobierno de Trump o la buena o mala voluntad que ponga el gobierno de México es absurdo. El empoderamiento de los grupos criminales llegó el sexenio pasado a tal nivel y con redes de distribución en México y en Estados Unidos tan vastas, que desarticular los cárteles es una frase fácil de decir, pero de muy difícil cumplimiento.
Si México y Estados Unidos se imponen ese objetivo (que tiene que ser irremediablemente común), llevará muchos esfuerzos y mucho tiempo hacerlo. Para colmo, algunos objetivos entre los dos países sí están alineados con el ámbito de la seguridad, pero no cuando tienen que decidirse en el terreno político. Y la tentación de la Casa Blanca de ordenar alguna acción espectacular contra los cárteles en territorio de cualquier país crece.
Por supuesto que nadie cree que el objetivo de Estados Unidos sea, como se dijo en una mañanera, invadir México o efectuar operaciones militares abiertas en nuestro país. Nadie piensa que habrá un nuevo Panamá, como en la época de Bush, para detener a un Manuel Noriega, sea quien sea su sustituto en este caso. Pero sí vamos a ver operaciones encubiertas, como las del caso Zambada.
Tampoco imagino que comiencen por México, sino en países como Venezuela: la presión sobre el régimen de Maduro es cada vez mayor, tanto como lo es el involucramiento del mismo en el tráfico de drogas y armas y su trama con Irán, Rusia, China y Cuba. La designación de Maduro como jefe del Cártel de los Soles, relacionado con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa y la recompensa de 50 millones de dólares hace evidente el objetivo inmediato del Departamento de Estado.
Pero la sola insistencia de la relación de Maduro con el Cártel de Sinaloa establece ya los objetivos posteriores, que se fortalecen con el creciente interés de la Unión Americana por el CJNG y el del Noreste.
Esa posibilidad se alimenta de la información que ya tiene en su poder el gobierno estadunidense, no sólo la que puede generar su propia inteligencia (y que en México a veces se confunde con la DEA, con capacidades de inteligencia y operativas mucho menores que otras agencias de la Unión Americana e infinitamente menores que las militares), sino también la que le han proporcionado los criminales que han aceptado acuerdos de colaboración para reducir condenas. Es verdad que el negocio del narcotráfico puede tener mucha movilidad, pero las redes, los contactos, las tramas sobre los que se asienta y que hombres como Ovidio, Joaquín, El Mayo, Caro o El Viceroy conocen son enormes y son difíciles de reemplazar. Estados Unidos tiene ya la información y el bagaje legal y judicial para justificar operaciones encubiertas.
Por eso mismo es importante establecer y firmar de una vez el famoso convenio de seguridad del que tanto se ha hablado y tan poco se sabe. Para desarrollar una verdadera cooperación conjunta en el combate a los cárteles se necesitará realizar operaciones conjuntas que no implican, necesariamente, la presencia militar o de agencias en territorio mexicano, porque simplemente no se necesita: pero sí se necesitarán objetivos conjuntos, metas claras, información en ambos sentidos confiable y desmembrar redes, operativas y de protección, a ambos lados de la frontera.
Insisto en un punto que ya fue olvidado: a México le conviene declarar como terroristas a los grupos criminales del narcotráfico, como ya lo ha hecho Estados Unidos y como estarían dispuestos a hacerlo otros países como Gran Bretaña y Francia, ante el expansionismo internacional que están mostrando estas organizaciones en África, Europa y Australia. Es conveniente porque tendríamos una base legal común más sólida, se podrían realizar acciones más importantes y se podría exigir con mayor contundencia medidas dentro de los propios Estados Unidos con base en su propia legislación. Mientras nosotros no le damos el carácter legal de terroristas a esas organizaciones criminales le quitamos fuerza a nuestra reclamación.
Hay muchas cosas, lo hemos dicho muchas veces, que se están haciendo bien y con muchos esfuerzos en el ámbito de la seguridad y se está construyendo el andamiaje institucional para una lucha, como debe ser, de largo plazo. Pero todo indica que la escalada que viene obligará a subir uno o varios escalones en ese proceso en los próximos meses.