El asesinato de Alfredo Vázquez, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, el motín de la cárcel de Tuxpan, en Veracruz, y los decomisos de combustible ilegal en ambos estados son, junto con otros, fenómenos interrelacionados que han generado un aumento de la violencia en todo el golfo, pero que también exhiben luchas internas, tanto políticas como de grupos criminales en ésos y otros estados.
El crecimiento de la violencia en Veracruz y Tamaulipas está relacionado con varios fenómenos: primero, el enfrentamiento entre los renacidos cárteles del Golfo y del Noreste, reedición de sus anteriores versiones del Golfo y Los Zetas. También con la profundización de las investigaciones sobre contrabando de combustibles: no es casual que el asesinato de Vázquez se haya dado poco después de un decomiso de dos millones de litros de combustible de contrabando, y de toda una planta de operaciones en Reynosa. Se relaciona también con la caída del cártel de La Barredora en Tabasco y Chiapas que ha generado una creciente penetración en esos estados del CJNG.
Como hemos dicho muchas veces, lo que estamos viendo desde la caída de Ismael El Mayo Zambada y el inicio de la guerra entre La Mayiza y Los Chapitos es, en realidad, la reconfiguración del crimen organizado, no sólo en sus estructuras, sino también ante los golpes que han recibido de las autoridades y de la presión que ejerce Estados Unidos, de sus operaciones. Es una reconfiguración de grupos y de negocios.
Mientras continúa la lucha en Sinaloa, el espacio ha sido aprovechado por los cárteles del Golfo y del Noreste, sucesores de Los Zetas. Con su participación en el tráfico de combustibles y la colusión de autoridades estatales han vuelto a ser poderosos y a enfrentarse entre sí, no sólo en Tamaulipas, sino también en Veracruz. En los dos estados las tramas de complicidad con el poder político han sido evidentes a lo largo de los últimos años, así como una creciente penetración del CJNG y de sus aliados.
Así como los sucesores de El Mayo Zambada son y han sido aliados del nuevo Cártel del Golfo, el CJNG parece haberse aliado con los del Noreste. Esas alianzas también son parte del enfrentamiento que sostienen y del crecimiento de la violencia. A eso se suma que los golpes contra La Barredora, con la persecución del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, y la detención de varios de sus operadores, le han abierto espacio al CJNG en Tabasco y en Chiapas, donde quedan cada vez más al descubierto las relaciones entre Horacio Cruz Mazariegos, apodado El Botanas, con el Cártel de Sinaloa y con la obra pública en el sexenio de Rutilio Escandón, un inexplicable cónsul de México en Miami.
En la medida en que se cierran puertas para el ingreso de fentanilo y otras drogas a EU, las organizaciones criminales deben buscar nuevas formas de operación y financiamiento. El problema para ellos es que también se ha cerrado el tráfico de personas y se suceden los golpes contra el de combustibles. Buscarán inevitablemente hacerse fuertes en sus territorios para preservar en lo posible sus espacios de poder, pero también se centrarán en la expoliación de la gente, y pueden aumentar delitos como la extorsión.
En todo este proceso, lo sucedido con la UIF es de una importancia capital, porque no se podía estrangular las finanzas de los grupos criminales con un Pablo Gómez al frente del instituto encargado de combatir el lavado de dinero. Con la llegada de Omar Reyes Colmenares a la UIF, más Francisco Almazán Barocio en el CNI, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana comienza a tomar forma y a poder tener los canales adecuados para el intercambio de información con Estados Unidos, mecanismos que estarán contemplados en el convenio que se supone se firmará en los próximos días. Sobre esas bases, además de la colaboración entre instituciones militares, está basada la posibilidad de establecer mecanismos operativos de confianza entre México y Estados Unidos.
Aún le faltan cosas a la estructura de seguridad que se construye en torno a la SSPC, entre ellas una mayor fuerza operativa y un manejo de la policía de investigación de la FGR, que se pidió en el diseño original y que no se ha logrado, lo mismo que otras atribuciones relacionadas con la Fiscalía. Pero el diseño comienza a tomar forma, fortalecido, además, con las leyes que se aprobaron en el pasado periodo de sesiones del Congreso, que le dan amplias atribuciones a la Secretaría para acceder a todo tipo de base de datos.
En las próximas semanas, inevitablemente, vamos a ver nuevos episodios que demuestran la conexión, en muchos ámbitos, de Sinaloa con Tamaulipas, incluso entre sus clases políticas; vamos a ver cómo se profundizan los golpes al contrabando de combustible (recordemos que la seguridad de Pemex también ha quedado en manos de un funcionario del equipo de Omar García Harfuch); veremos cómo la situación en Veracruz, Tabasco y Chiapas comienza a exhibir esa reconfiguración de poder del que hablábamos (para bien y seguramente también para mal) y tendremos que ver cómo las autoridades federales atacan todos estos fenómenos que generarán violencia para que no se canalicen hacia delitos que lastimen aún más a la población.
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