Construir un emporio criminal como el Cártel de Sinaloa, capaz de traficar miles de toneladas de droga y parar una ciudad como Culiacán con sus sicarios armados, hubiera sido imposible sin contar con una red de funcionarios corruptos que garantizara impunidad a sus integrantes.
Sin embargo, escribir esa obviedad no es lo mismo que escucharla de boca de uno de sus fundadores, como sucedió ayer con Ismael El Mayo Zambada, quien, en una declaración de nueve minutos, confesó ante el juez Brian Cogan, de la Corte de Distrito del Este de Nueva York, que durante casi medio siglo su organización “alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”.
Durante el periodo al que se refería Zambada, entre 1980 y 2024, gobernaron México distintos partidos políticos: PRI, PAN y Morena. Si sus dichos son válidos para uno de ellos, lo son para todos.
Ayer, la clase política mexicana completa fue puesta en entredicho, pues no sólo ha sido incapaz de generar justicia para las víctimas de los cárteles de la droga —en este caso, del de Sinaloa—, sino que los servidores públicos acusados de colusión con el narcotráfico son una rara excepción en este país.
¿O a cuántos funcionarios conoce usted que hayan sido procesados aquí por sus relaciones con el clan formado por El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán? Ni siquiera quienes permitieron el montaje sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén, el día que fue secuestrado Zambada, han ido a prisión.
La justicia, nuevamente, tuvo que llegar desde el extranjero. México quedó exhibido otra vez como un país sin Estado de derecho. Un país cuyo gobierno se quejó de la manera en que se llevaron El Mayo, pero que no ha tenido voluntad siquiera de investigar los hechos del 25 de julio de 2024, en el que hubo al menos una persona asesinada y varias desaparecidas, además de actos de obstrucción a la justicia.
El oficialismo podrá seguir jugando el juego de que no hay evidencias que apoyen las confesiones muy generales que hizo ayer Zambada, mismas que no tuvo el rigor de pedir en el caso de Genaro García Luna, porque éste afecta a otro partido (del mismo modo que sólo señala a uno de los exfuncionarios de Pemex acusados de corrupción en Estados Unidos porque da la casualidad de que es panista). Pero ¿hasta cuándo podrá seguir haciéndose el desentendido?
Incluso suponiendo que los sobornos del Cártel de Sinaloa se detuvieron al llegar Morena al poder, ¿por qué no hay ningún funcionario procesado en México por haberse coludido con esa organización criminal durante los 38 años previos?
La salida fácil del gobierno es que hay que presentar pruebas, pero ¿quién es el responsable de recabar esas evidencias?
Ayer, en la conferencia más nutrida de funcionarios de procuración de justicia que se recuerde en la historia moderna de EU, la fiscal estadunidense Pam Bondi dejó claro que el Cártel de Sinaloa se enriqueció gracias a la corrupción en México. ¿Acaso la respuesta del gobierno mexicano va a ser esperar a que Washington aporte pruebas concretas antes de proceder contra alguien y, mientras tanto, hacer como que no le están hablando?
Los dichos de El Mayo, quien señaló el elefante en el cuarto, ameritarían que el Estado mexicano emprendiera su propia investigación. Es verdad, una acción así sería de lo más delicado, sabiendo lo cerca que tocó el Cártel de Sinaloa al gobierno anterior, con el saludo del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la madre de El Chapo Guzmán, así como las decenas de denuncias que hubo sobre la operación de ese grupo criminal a favor de Morena durante las elecciones locales y federales de 2021 en Sinaloa.
Pero si México no hace nada, no solamente estará demostrando al mundo su incapacidad de procurar justicia, sino corre el riesgo de que Estados Unidos comience a echar mano —para sus intereses concretos— del arsenal informativo que El Mayo y el resto de los capos detenidos seguramente le están proporcionando. Pues a Zambada no sólo le preocupaba salvar la corta vida que le queda, sino también el bienestar de su familia.