Los videos mostraron una camioneta Cadillac de color negro que se incendiaba sobre el Bulevar Hidalgo, el más importante de Reynosa, Tamaulipas, así como a un hombre malherido, sentado al lado del vehículo. Segundos antes se habían escuchado fuertes detonaciones que sembraron el caos en la zona.

Videos del C5 mostraron más tarde la manera en que una Escalade de color negro esperó el paso del Cadillac a las puertas de un banco. El conductor de la Escalade maniobró en el tráfico para colocarse adelante de su objetivo. Eran casi las siete de la noche, una hora pico.

En una operación planeada para que el rostro de los agresores difícilmente fuera captado por las cámaras de seguridad, a la Escalade le habían desmontado el medallón: desde los asientos traseros abrieron fuego contra el Cadillac que venía detrás. Los sicarios emplearon armas del calibre .50, cuyas balas incendiaron el motor.

Una segunda camioneta, de color gris, seguía al Cadillac para terminar el trabajo. Cuando el conductor abrió la puerta y se tiró al piso malherido, los tripulantes de este segundo vehículo se aproximaron a él para rematarlo. La sangre corre por el asfalto. La Cadillac despide llamaradas y una densa humareda negra. En otra imagen, un testigo intenta alejar del fuego el cuerpo ya inerte del conductor agredido, y lo arrastra unos metros. Pero es tarde.

El delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, había perdido la vida entre las balas, en un ataque que, debido al alto cargo del funcionario, no se había visto nunca en Tamaulipas.

Vázquez Reyna operaba desde Reynosa, su ciudad natal, todas las operaciones de la FGR en el estado. Llevaba más de seis años en el puesto. Conocía como nadie las entrañas del mundo criminal. Hace unos años fue acusado de haberse mandado a hacer una mansión en la colonia Delicias. A muchos les llamaba la atención que se desplazara en una ostentosa camioneta de alta gama: la Cadillac que se incendió el lunes pasado. Confiado, se movía siempre sin escoltas y se negaba a tener chofer. “Soy de aquí y aquí todos nos conocemos”, decía.

Como la figura más alta de la Fiscalía General de la República en el estado, había jugado un papel central en los operativos contra el crimen organizado y el tráfico de huachicol desatados en los meses recientes en Tamaulipas.

Unas horas después del homicidio de Vázquez Reyna, dos equipos de la FGR llegaron al estado. Uno conformado por peritos y otro encargado de llevar a cabo la investigación. Se constató que las camionetas en que viajaban los asesinos se internaron en una zona en la que no hay cámaras de seguridad: abandonaron una de las unidades en ese rumbo; la otra enfiló hacia el municipio de Díaz Ordaz.

El fin de semana, un comunicado informó que la camioneta abandonada llevó a las autoridades hasta Jaret Roberto “H”, uno de los sicarios encargados de la ejecución, quien había ido a refugiarse a un centro de rehabilitación y quien fue aprehendido con dos armas largas, cargadores y cartuchos. “Los datos hallados en su celular permitieron establecer con toda precisión su participación directa en el homicidio”, se lee en el comunicado.

No pasa nada en Reynosa sin que Los Metros lo sepan. De acuerdo con fuentes de alto nivel consultadas: o Los Metros ordenaron el asesinato, o dieron su consentimiento. Dicha organización, facción dominante del Cártel del Golfo, es encabezada por César Morfín Morfín, El Primito, quien hace años estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos como cabeza de un grupo terrorista que trafica fentanilo y combustible robado.

Según reportes de seguridad, bajo las órdenes de El Primito se encuentra Carlos Humberto Acuña de los Santos, El Comandante Mono o el M36, y más abajo quien opera “físicamente” en Reynosa: Mario Guitian Rosas, alias La Chispa.

De acuerdo con los mismos reportes, La Chispa ha operado en la región despojos de fincas, predios y terrenos que más tarde han sido convertidos en depósitos para el almacenamiento de huachicol. El activista Gabriel Hernández lo denunció por el despojo de un terreno, por extorsión y por amenazas de muerte. Un juez federal le otorgó la custodia del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas; sin embargo, esa protección le fue retirada el 10 de julio pasado. Seis días más tarde, el cadáver de Hernández apareció dentro de un canal de desfogue de aguas negras. Le habían dado al menos cuatro tiros.

El 26 de julio, la delegación de la FGR a cargo de Vázquez Reyna llevó a cabo un cateo en la colonia La Escondida, ubicada en la zona donde el crimen organizado ha realizado una serie de despojos de fincas. Ahí aseguró casi dos millones de litros de huachicol.

Las autoridades creen que el asesinato del delegado de la FGR está directamente conectado con este aseguramiento. Según reportes de seguridad, Vázquez Reyna solía reunirse con frecuencia con la gente que controla la plaza. Los años que representó en Tamaulipas a la fiscalía general (los años de los “abrazos no balazos”) coinciden con el tiempo en que el tráfico de huachicol alcanzó no solo en ese estado, sino en todo el país, niveles de escándalo: el tráfico que involucró a políticos, empresarios y criminales en una misma madeja, ocurrió sin que la FGR lo impidiera, lo advirtiera, lo reportara.

Horas después del asesinato del delegado, la coordinadora de la mesa de seguridad pidió que el gobierno federal interviniera en Tamaulipas. Esa misma noche, a la funcionaria le incendiaron una empresa recicladora de la que es propietaria.

Jaret Roberto “H”, sicario que tomó parte en la ejecución del delegado, había participado en una agresión contra agentes federales en 2020. Lo dejaron ir. En el estado, el pantano alcanza niveles que en el gobierno federal tal vez nadie quiere descubrir.