Un dron MQ-9B “Guardian”, presuntamente perteneciente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), fue detectado la mañana de este martes orbitando durante varias horas cerca del embalse de Valle de Bravo, en el Estado de México. La aeronave, identificada con el indicativo TROY701, fue registrada por la cuenta de X @sentdefender, especializada en monitoreo de información de inteligencia de fuentes abiertas.
El MQ-9B “Guardian” es fabricado por la empresa estadounidense General Atomics Aeronautical Systems y está diseñado para vigilancia marítima de larga duración. La zona de Valle de Bravo es reconocida por la presencia de líderes del cártel de La Familia Michoacana.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que el vuelo fue realizado a petición del Gobierno de México, como apoyo a investigaciones en Tejupilco y otras áreas del Estado de México. “No es un avión militar, no es un dron militar, son aviones no tripulados que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano”, precisó en conferencia de prensa. Subrayó que ninguna aeronave de este tipo opera en territorio nacional sin autorización oficial.
En julio, autoridades federales y estatales realizaron un operativo en 14 municipios del sur mexiquense contra una red criminal encabezada por un operador de La Familia Michoacana. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas Eli “N”, señalado como empresario en Valle de Bravo y acusado de secuestro y extorsión.
Al principal detenido se le decomisaron ranchos con lagos, caballerizas y minas de grava en Amanalco. Los otros siete presuntos integrantes ocupaban “puestos gerenciales” dentro de la estructura criminal.
Había litigios para buscar liberación de capos
El Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que muchos de los 26 reos enviados ayer a Estados Unidos habían logrado recursos judiciales que facilitaban su internamiento para seguir delinquiendo e incluso, con el riesgo de ser liberados.
“Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja, seguridad, e incluso se prevería que otros actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieron resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales, menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones, delictivas o incluso un riesgo de fuga.
“Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse conjuntado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas.