Un día después de haber publicado una polémica carta en la que intentó justificar su viaje a Tokio, Andrés Manuel López Beltrán fue llamado a Palenque, Chiapas. “Andy” se reunió con su padre tras varios días de crisis por las fotografías que fueron difundidas en redes y medios de su viaje de lujo a Japón, acompañado del exasistente personal de Andrés Manuel López Obrador, Daniel Asaf.

Según fuentes cercanas a Palacio Nacional, la visita de “Andy” a la finca “La Chingada”, donde vive López Obrador desde que dejó el gobierno, fue para recibir regaños y consejos de su padre, quien como muchos integrantes del movimiento de la llamada 4T no dio crédito al contenido de la carta y, sobre todo, al viaje de lujo que incluyó el hospedaje en uno de los mejores hoteles de Tokio y visitas a tiendas de diseñador como Prada. Todo lo hizo mal y su padre, curtido en crisis mediáticas y escándalos que contradicen a menudo su narrativa ideológica, le llamó la atención personalmente.

Tal vez López Obrador aprovechó para recordarle aquel video que grabaron hace casi 10 años en el que “Andy” afirma con confianza que no sería un “junior” ni se involucraría en cargos públicos, declarando una distancia simbólica respecto a los hijos de otros políticos.

En la narrativa oficial, Andrés Manuel López Beltrán —“Andy” para los amigos y detractores por igual— es solo un militante más de Morena, un dirigente con cargo orgánico, hijo de un expresidente que se retiró sin presuntas ambiciones dinásticas. Pero en la práctica, Andy es operador con poder silencioso, una cuota que el nuevo gobierno carga con resignación y que ya empieza a mostrar fisuras en el discurso de la Cuarta Transformación.

“El poder se ejerce con humildad y sencillez”, reiteró hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre la carta en la que Andy defendía su viaje a Tokio. Sheinbaum respondió que no se involucraría en polémicas individuales, pero aprovechó la oportunidad para reiterar que quienes ocupan cargos públicos, desde la Presidencia hasta legisladores, deben comportarse como ciudadanos responsables.

El escándalo del viaje de 10 días a Japón fue solo la punta del iceberg y su respuesta fue aún peor: la defensa de su “modesto” gasto de 7 mil 500 pesos por noche, desayuno incluido, en el hotel Okura Tokyo fue demoledora, no solo porque en las aplicaciones de hospedaje tiene un precio de entre 15 mil y 20 pesos, sino porque los 7 mil 500 pesos es el sueldo mensual de los coordinadores territoriales de Morena, quienes reparten volantes, gorras, playeras, el periódico Regeneración y visten los chalecos guindas del partido.

Hay un antes y después para “Andy”. Uno fue cuando tomó posesión como secretario de Organización en el Congreso Nacional de septiembre de 2024, donde afirmó que su labor sería mantener el legado del movimiento y construir desde el relevo generacional y fue vitoreado; y el “Andy” que, tras mostrar un mal desempeño como operador electoral en Durango y Veracruz, decidió irse a divertir a Japón en lugar de acudir a la reunión del Consejo Nacional de julio pasado, al que asistieron más de 300 consejeros.

La crisis de “Andy” podría pasarle factura a sus más cercanos, algunos de los que fueron promovidos por él para integrarse al gabinete de su padre y se mantienen en el de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Uno de ellos es Antonio Martínez Dagnino, quien llegó a la jefatura del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en octubre de 2022 con una credencial tan poderosa como polémica: la recomendación directa de sus amigos de años y compañeros de la escuela Logos, “Andy” y Gonzalo (“Bobby”) López Beltrán. Desde su llegada, el SAT ha endurecido la fiscalización contra grandes empresas bajo el argumento de incrementar la recaudación, pero buena parte de esos “logros” se traduce en créditos fiscales incobrables que engrosan las cifras oficiales, en algunas ocasiones sin que el dinero ingrese realmente a las arcas públicas.

Dentro y fuera del organismo, las críticas apuntan a un patrón: Martínez Dagnino ha convertido el SAT en un instrumento de presión y persecución más que en una institución de administración tributaria eficiente. No solo ha sostenido batallas fiscales de alto perfil, sino que también ha sido señalado por utilizar su posición para colocar a personas cercanas en el gobierno, en cargos estratégicos. El cruce entre poder político, amistades y control sobre la maquinaria fiscal más temida del país dibuja un perfil que preocupa a empresarios, opositores, dueños de medios y personas físicas por igual.

El caso de Martínez Dagnino es paradigmático de cómo el círculo íntimo de López Beltrán ha tejido redes de influencia en áreas clave del gobierno de Claudia Sheinbaum. Al frente del SAT, no solo recauda: decide a quién se aprieta, a quién se exhibe y a quién se le da margen de maniobra. Y aunque la narrativa oficial lo presenta como un fiscalizador implacable contra evasores, en los pasillos se le ve como un operador político con bandera recaudatoria, cuyo poder depende menos de su cargo que de su amistad con el hijo del expresidente.

Mientras en Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un espaldarazo al Departamento de Transporte para revocar la inmunidad antimonopolio de la alianza entre Aeroméxico y Delta, en México la aerolínea que dirige Andrés Conesa enfrenta una crisis operativa y reputacional que se profundizó con las lluvias y cancelaciones de vuelos del fin de semana, los cuales se extendieron al inicio de la semana.

El argumento de las autoridades de Estados Unidos es que, con las restricciones impuestas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México —la reducción de slots, el traslado forzoso de carga al AIFA y un esquema opaco de asignación de horarios—, la alianza habría cerrado la puerta a nuevos competidores, afectando la libre competencia en las rutas entre México y Estados Unidos.

La alianza tiene vigencia hasta el 25 de octubre de 2025, si no se presentan argumentos sólidos. Sin esa protección, la aerolínea deberá operar sola, sin coordinación de precios ni rutas compartidas, en un mercado tensado por regulaciones y falta de competencia.

En ese contexto, otra tormenta, la del domingo pasado puso en entredicho la capacidad de reacción de la aerolínea mexicana. La lluvia más intensa del año colapsó el drenaje y provocó inundaciones históricas . El Aeropuerto de la Ciudad de México, operado por la Marina, suspendió operaciones por más de cuatro horas, afectando 104 vuelos y cerca de 15 mil pasajeros, muchos de los cuales quedaron varados sin información o alternativas claras .

Entre todas las aerolíneas se reportaron 149 retrasos y 91 cancelaciones. Aeroméxico fue la más golpeada: sufrió 76 cancelaciones (18% del total) y 79 demoras (19%), mientras que su filial Connect añadió 9 cancelaciones y 20 retrasos . Vuelos quedaron atrapados en el aire o desviados a destinos alejados; uno de Aeroméxico desde París aterrizó en Guadalajara —a casi 280 millas— mientras que un vuelo de Iberia desde Madrid llegó a Cancún —800 millas del destino— después de un desvío extremo .

Usuarios indignados inundaron redes sociales y organismos como Profeco. Desde opiniones que clamaban falta de información y maltrato de los trabajadores de Aeroméxico hasta denuncias de discriminación o falta de respuesta. Urgen mejoras estructurales y operativas para la empresa.

En el Veracruz de Rocío Nahle la narrativa oficial sobre el secuestro y asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz se convirtió en un asunto “político”. El 25 de julio, la gobernadora soltó una frase terrible. “Les guste o no, murió de un infarto”, dijo. Según su versión, la violencia sufrida provocó un colapso cardiaco; el resto, insistía, era politización y “miseria” de sus críticos.

Dos semanas después, la Fiscalía estatal la desmintió. Resulta que Irma murió por tortura, no por un infarto. Cuatro personas están ya vinculadas a proceso por secuestro agravado, y la versión se alinea más con lo que en su momento dijo Claudia Sheinbaum, quien calificó el caso como homicidio.

Esto no solo exhibe la falta de coordinación entre Palacio de Gobierno y la fiscalía estatal, sino que deja en evidencia un problema más profundo: en un Estado marcado por la violencia y la inseguridad, el discurso oficial parece estar más preocupado por contener el daño político que por sostener la verdad jurídica.