Se llaman Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras, a.k.a “Dato Protegido”. Presidente de la Cámara de Diputados él; diputada federal e influencer de la opulencia ella. Una pareja cuya vida se despliega como reality show político gracias al seguimiento puntual de Jorge García Orozco, quien cada día documenta relojes que cuestan lo que un maestro gana en un año, trajes de diseñador, viajes europeos, cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Todo un catálogo de ostentación que no corresponde a su salario público ni a su declaración patrimonial. A eso se suman contratos asignados por Gutiérrez Luna con señales evidentes de corrupción. El retrato de una familia que se ostenta como nueva nobleza morenista, convencida de que la austeridad es para los otros.
Ahí están los nombres que se repiten y no sólo por sus viajes a Tokio o sus compras en Prada. Adán Augusto López y su complicidad con la criminalidad cuando fue gobernador. Ricardo Monreal y sus redes clientelares con raíces profundas en la Ciudad de México y Zacatecas. Andy López Beltrán, convertido en consiglieri político que negocia contratos y candidaturas. Manuel Bartlett, que en cualquier democracia consolidada habría sido inhabilitado por una fortuna inexplicable y propiedades no declaradas. Rocío Nahle, señalada por beneficiar a contratistas cercanos en Dos Bocas.
Y a esa lista que crece día con día, se suma el Ejército. La institución a la que se le ha entregado medio país -puertos, aeropuertos, trenes, obras, aduanas- bajo el argumento de que es incorruptible. La misma que hoy aparece involucrada en redes de sobornos y contrabando en las aduanas, evidenciando que la militarización no es vacuna contra la corrupción; es incubadora.
Y ese combustible arde sin freno porque los vigilantes han sido silenciados. El ecosistema de escrutinio que existía se está desmantelando. Animal Político acaba de documentar que 99.6% de las solicitudes de acceso a la información son rechazadas por “Transparencia para el pueblo”, la institución que reemplazó al INAI. La institucionalidad colonizada no ha anunciado una sola investigación seria sobre los casos que han estallado, ni antes ni ahora. Incluso el TEPJF ordenó que quien tuiteo sobre el nepotismo de Dato Protegido se disculpara con ella durante treinta días por “violencia política de género”. En vez de sancionar a políticos, la 4T humilla a ciudadanos.
El discurso oficial sigue repitiendo el mantra de “no somos iguales”. Y quizá en un sentido tienen razón: la corrupción actual no es una traición al movimiento de la Cuarta Transformación, es su esencia neopriista. No es el pecado que mancha un ideal puro: es la ideología hecha práctica.
El resultado es un pacto de impunidad blindado por la lealtad política y la propaganda diaria que ahora ampara a los “compañeros de lucha”. La clase política mexicana ha cambiado de camiseta, pero no de costumbres: el gobierno sigue siendo visto como una mina de oro personal, un premio al que se accede para saquear, no para servir.
La pregunta no es si habrá más casos como el de Gutiérrez Luna y Dato Protegido. La pregunta es cuántos aún no conocemos. Y cuántos nunca conoceremos, porque la luz que los podría exponer se está apagando. En México, la corrupción no es la manzana prohibida que se come a escondidas. Es el banquete público, servido a la vista de todos. Y mientras tanto la sociedad aplaude, se distrae o se resigna, porque los que roban también salpican con programas sociales. La “austeridad republicana” se ha convertido en Cleptocracia Inc. para quienes reparten y reciben el botín. Los ultraprivilegiados y ultraprotegidos.
