MIENTRAS DANONE PRESUME, a nivel global, su ambiciosa “política de protección a los recursos hidráulicos”, devastó parte de la región Cholulteca de Puebla, sin que la Secretaría del Medio Ambiente, de Alicia Bárcena, diga: “esta boca es mía”.
Dicha política promete eficiencia hídrica con la estrategia 4R (reducir, reutilizar, reciclar y/o recuperar el agua), agricultura regenerativa y “huella positiva” en el consumo de agua.
En esa región del estado, que gobierna Alejandro Armenta, las comunidades denuncian falta de agua y un enorme socavón a consecuencia de los abusos, ecocidio, sobreexplotación y despojo por parte de su filial Bonafont.En la carta escrita por Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone, para presentar el Plan de Transición Climática menciona: “Sólo cuando la naturaleza es saludable, nos permite llevar a cabo nuestra misión: llevar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posibles”.
Pero, ¿estamos seguros de que la naturaleza en su forma actual es tan saludable como para cumplir la misión de Danone, que dirige aquí Silvia Dávila?
Danone ha implementado mayormente acciones de reciclaje, y recientemente integró su política hídrica dentro de su estrategia de sostenibilidad, conocida como Danone Impact Journey.
Este plan propone desarrollar programas de gestión integrada de cuencas y soluciones basadas en la naturaleza, como la agroforestería y restauración de humedales.
También impulso de la agricultura regenerativa y uso sostenible del agua para generar un impacto positivo en las comunidades, entre otras.
La gran pregunta es: ¿a qué impacto positivo hacia las comunidades refiere?
Garantizar una alimentación saludable no necesariamente significa garantizar un suelo o naturaleza saludable.
Por ejemplo, Danone menciona que todos sus proveedores deben contar con sistemas de gestión de agua, pero qué hace cuando uno de sus afiliados, como es el caso de Bonafont, es el principal saqueador de agua en el país.
En palabras cortas, el plan climático de la multinacional del país, que gobierna Emmanuel Macron, aborda el tema de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
Pero no menciona ninguna estrategia para proteger los mantos acuíferos, ni manifiesta su preocupación por la sobreexplotación del recurso, y mucho menos plantea la responsabilidad social con las comunidades que sufren las consecuencias de tener embotelladoras en su comunidad.
Vayamos a Puebla: hace más de cuatro años, el suelo de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, que gobierna José Cinto Bernal, colapsó en un fenómeno que capturó la atención nacional.
Un socavón de más de 120 metros de diámetro apareció de la nada, tragándose campos y casas. Lo que para algunos fue una “anomalía geológica”, para los pueblos originarios fue la advertencia física de un modelo de despojo hídrico sostenido por empresas privadas.
Entre ellas precisamente Bonafont, que dirige Luis García, que por más de tres décadas extrajo agua de los manantiales locales para embotellarla y venderla como bienestar.
Hoy, ese socavón sigue abierto y ni Danone ni Bonafont, han hecho frente a las comunidades que han demandado la reparación del daño a la comunidad, la naturaleza y a las familias afectadas.
El ecocidio en el suelo de Santa María Zacatepec está hecho, y parece ser que las políticas sostenibles de Danone son con miras al futuro, pero no pretenden reparar el daño causado en el pasado, ni impactar en temas como la reducción del saqueo hídrico.
¿Por qué? Sólo hay una explicación en este tema: la sobreexplotación del agua es un negocio, no un derecho humano, y cuando el negocio se ve afectado por comunidades y grupos indígenas que defienden su territorio así como sus recursos naturales, el posicionamiento y remedio a la enfermedad es amenazar, utilizar contactos para silenciar y despojar.
A PROPÓSITO DEL mismo tema, le comentaba ayer que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México iba a resolver un amparo en el que se cuestiona si las empresas embotelladoras pueden acaparar y apropiarse de las aguas nacionales. Concretamente, los permisos otorgados a la norteamericana Niagara Bottling, que comanda en México Jaime Costa Solana. Pues con la novedad de que en un giro inesperado, el asunto no fue discutido, dado que se cuestionó la imparcialidad del magistrado Vladimir Véjar Gómez. El togado, quien está a cargo de la propuesta de sentencia, pretendía validar que las aguas nacionales pueden equipararse a la propiedad privada. No obstante, trascendió la cercana relación que existe entre el juzgador federal con los abogados de la embotelladora estadunidense. Posiblemente, el asunto será discutido la próxima semana, una vez que el magistrado ponente aclare y despeje toda duda que cuestione su imparcialidad.
EN EL CASO de la desarrolladora de centros comerciales GICSA, las cosas se complican. Entre tenedores de bonos se asegura que están vivas órdenes de aprehensión contra los accionistas mayoritarios Elías Cababie y Jaime Dayán. A principios de año, la jueza Griselda Alejandra Guevara, adscrita a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público, revocó el procedimiento por el que se canceló en septiembre de 2024 la orden de captura de esos accionistas, acusados de administración fraudulenta, por lo que su estatus actual es el de “prófugos de la justicia”. El 28 de agosto de 2024, hace exactamente un año, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, un juez del fuero común solicitó la aprehensión por estar implicados en la falsificación del acta de asamblea con la que GICSA se enlistó en la Bolsa Mexicana de Valores. En materia civil el caso se encuentra en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde el magistrado Óscar Magaña Barragán deberá definir en breve si la empresa puede seguir operando de manera regular.
LA SECRETARIA DE Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco, están haciendo milagros para convencer a la curia de la Santa Sede, que encabezan Pietro Parolin y el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, para que el año próximo el Papa León XIV visite México. Hay varios obstáculos por sortear: en los primeros 100 días de pontificado, el sacerdote agustino todavía no da señales de si será como Juan Pablo II, un Papa misionero; como Benedicto XVI, un líder más intelectual que pastor, o como Francisco, un pastor de la periferia. Se espera que en lo que resta del año, León XIV cambie al equipo de gobierno, designe al menos una docena de nuevos arzobispos en México y también que la violencia a causa del narcotráfico baje de manera importante.
EL PRÓXIMO 3 de septiembre, jugadores de Wall Street se reunirán en el Centro Rockefeller de Nueva York con una misión: invertir en empresas mexicanas que participan en el BIVA Day NYC 2025, un foro organizado por la Bolsa Institucional de Valores, que dirige María Ariza. Inversionistas de JP Morgan, BlackRock, Apollo, Vanguard, Barclays, Schroders, Citadel, Macquarie, Cornell Capital, General Atlantic, Valor Capital Group, LGA Capital y PIMCO están confirmados. El corazón del encuentro serán las reuniones uno a uno en las que las emisoras podrán exponer su atractivo. Asistirán también funcionarios de alto nivel, empresarios y líderes del sistema financiero. Apunte a Marcelo Ebrard, Altagracia Gómez, Esteban Moctezuma, Jonathan Heath, Álvaro García Pimentel, Emilio Romano y Guillermo Zamarripa. El objetivo del BIVA Day NYC 2025 es traducir las oportunidades en inversiones y consolidar a México como un referente de inversión en la región mediante un espacio de diálogo y alianzas estratégicas.