El martes cerró una era de 30 años del Poder Judicial federal. El lunes comenzará otra. En lo que llegan las y los nuevos impartidores de justicia, conviene recordar cómo arribamos aquí y qué riesgos inmediatos se corren con este cambio.
Van seis puntos para no irse con la finta.
¿Tuvo la ministra Norma Piña culpa o responsabilidad de que ocurriera la reforma judicial?
Previo a la elección de 2018, Morena planteó evaluar cómo integrar la Suprema Corte. La opción de voto popular para elegir ministras(os) es mencionada en el “Proyecto Alternativo de Nación”. Y tras los comicios de ese año, el senador Ricardo Monreal dijo que al Poder Judicial le vendría bien una sacudida. No sólo eso: ya como presidente, AMLO intentó dejar en su puesto, extendiendo a la mala su periodo como titular de la Corte, a Arturo Zaldívar. Todo eso pasó mucho antes de que la ministra Piña no se pusiera de pie el 5 de febrero de 2023. No olvidar que, además, se forzó la salida de un ministro (Eduardo Medina Mora) al arranque del sexenio. El PJ la tenía cantada, pues.
En el tiempo será obligado explorar el análisis que hicieron las y los ministros luego de la votación de 2018. Esos comicios representaron un parteaguas: el mandato de las urnas exigía a la Corte y la Judicatura repensar privilegios y obesidad burocrática, y reorientar recursos hacia los más pobres (esto último dicho en doble sentido: ser más eficientes para liberar presupuesto a favor de los desprotegidos, y volcarse hacia una justicia que no tuviera en el dinero la aduana infranqueable para millones de personas sin capacidad de contratar una buena defensa). De ambas cosas tendría que pedirse versión a la presidenta Piña y al presidente Zaldívar, y a las ministras y ministros.
¿Por qué se detonó la reforma judicial?
Porque Andrés Manuel López Obrador sí resintió que los juzgados federales revisaran algunos de sus proyectos estratégicos y que la Corte le echara abajo reformas de seguridad. Eso, y no la escena del Teatro de la República, donde Piña permaneció sentada al arribo del presidente, fue el detonante para activar lo que venían acariciando programática y discursivamente en contra del PJ.
¿Qué hizo posible la reforma judicial?
Estirar con ayuda de los órganos electorales la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, y canjear impunidad por votos en la de Senadores. Ni más ni menos, ése es el pecado, para nada venial, de la reforma en justicia. Así de a contrapelo de la legalidad será el inicio de la historia de este Poder Judicial.
¿El proceso se depuró y legitimó en el camino?
La elección de las y los juzgadores da para todo un libro de desfiguros —la sesión de las bolitas en el Senado, donde frívolamente fueron cercenadas las carreras judiciales de cientos de juezas y magistrados, para empezar—, y concluyendo con los mágicos acordeones, tan burdos que desafían la ley de probabilidades. Es decir, en el proceso todo fue a peor.
Finalmente, ¿cuál es el principal riesgo?
Mucha de la atención mediática se concentró en la elección de las y los nueve integrantes de la Suprema Corte, la cúspide de una pirámide que será remecida por la destrucción institucional de varios niveles que soportaban el trabajo de los juzgadores. La carrera judicial sufrió un boquete y apenas vamos a ver quién ayuda a los nuevos en la curva de aprendizaje. Si a eso sumamos lo que ocurrirá en las entidades que también tuvieron elección, pues saquen cuentas. En un escenario así, empero, lo más riesgoso sería que, urgidos por dar cierta legitimidad a la reforma judicial, desde Palacio Nacional (y otras instancias) comience a funcionar una palanca para hacer que la justicia sea pronta… mas por consigna. Que ni los dejen juzgar. Sería el peligro más grande. No sólo ya no habría contrapeso institucional a los otros poderes, sino una supeditación tan grotesca como evidente, y perniciosa, en términos de acceso a la justicia.
Suerte al nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. La va a necesitar.