O la están engañando o se está dejando engañar. Bastaría que la presidenta Claudia Sheinbaum se diera una vuelta por Yucatán o Baja California para que pulsara el descontento ciudadano por la crisis eléctrica que está generando una epidemia de apagones.
Una y otra vez, a la inquilina de Palacio Nacional le hacen jurar en la mañanera que no existe tal crisis, pero la terca realidad se encarga de desmentirla en la oscuridad. Ni Mérida, ni Cancún, ni Los Cabos, La Paz o Tijuana, tienen el suministro suficiente de energía eléctrica para cubrir las necesidades básicas, mucho menos para enfrentar el constante crecimiento de esos polos turísticos.
Y desde la dirección de la Comisión Federal de Electricidad -todavía influida por Manuel Bartlett- aparece Emilia Esther Calleja, de la mano del gobernador morenista Joaquín Jesús Díaz Mena, para intentar en vano tranquilizar a los yucatecos. Dicen que no existe el problema, que es un asunto de mantenimiento. Pero lo cierto es que la suspensión creciente del servicio en una zona en extremo cálida está llevando a sus ciudadanos a tomar las calles y a protestar exigiendo que se actúe ya.
Hay que reconocer que el problema es otra de las herencias malditas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su intocable Manuel Bartlett, quien fue incapaz de cumplir lo que prometió: resolver esa crisis en las penínsulas antes de octubre del 2024. Pudo más la ambición de traficar con el “huachi-diésel” que la urgencia de generar energía. Y la historia es maquiavélica.
Tanto en Yucatán como en Baja California existen serios déficits de suministro, que a pesar de haber sido reconocidos desde que arrancó el sexenio anterior no fueron resueltos. El motivo es que, pese a que se autorizaron cuatro nuevas plantas generadoras en las que se invirtieron más de 2,500 millones de dólares, aunque ya están listas, no pueden operar. La razón es que “se les olvidó” tender los gasoductos para surtir del combustible que requieren para generar la energía eléctrica. En pocas palabras, las plantas no podrán arrancar, sino hasta 2026 o 2027, cuando puedan terminar los olvidados gasoductos ahora en construcción.
Para salvar la irresponsable crisis se optó por un plan de emergencia. Se asignó a Mejicali Turbine -una cuestionada empresa creada apenas en 2023- la instalación de pequeñas turbinas que serían “el parche”, mientras se suministrara el gas necesario para operar las nuevas plantas ya terminadas. Se destinaron 300 millones de dólares adicionales y la promesa era que estas turbinas operadas con diésel -con huachi-diésel- deberían estar dando servicio desde mediados de mayo pasado. Nada de eso se cumplió.
Hasta hoy, Mejicali Turbine no puede cumplir con ese plan de emergencia y nadie se explica cómo la directora de la CFE no toca el tema del incumplimiento de esa empresa en público. Tapa la crisis con declaraciones falsas, argumentando que todo está bien y que no hay nada de qué preocuparse.
Pero las consecuencias del déficit de energía comienzan a generar una crisis todavía mayor que ya estalló y amenaza con ser más severa conforme avancen el verano y las temperaturas, en esas zonas que superan los 40 grados.
La pregunta que sigue en el ambiente es ¿por qué la paraestatal no penaliza y cancela el contrato a Mejicali Turbine, que ya incumplió por más de 45 días de retraso, y no contrata empresas que ofrezcan soluciones reales? ¿Será que, en todo CFE y en la Secretaría de Energía, no existe nadie que pueda encontrar una solución real, de rápida implementación y efectiva? ¿Será que no hay ninguna solución implementada en ninguna otra parte del mundo que sí funcione ante emergencias así? ¿Habrá dentro de CFE resistencia a soluciones que realmente resuelvan el problema de las penínsulas y que no se implementen porque afectan otros intereses?
¿Qué hace falta para llegar a una solución real y evitar apagones en las penínsulas de Baja California y Yucatán? Sencillo: Creatividad y apertura desde la CFE, pero sobre todo, voluntad política desde Palacio Nacional.