La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó el pasado 23 de julio una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, actual senador y dirigente nacional del PRI, por su presunta responsabilidad en el desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión como gobernador de Campeche.

La solicitud de declaración de procedencia fue turnada a la Secretaría General de la Cámara baja y se sustenta en cuatro carpetas de investigación ya judicializadas, en las que se le acusa de uso indebido de atribuciones y peculado. Moreno Cárdenas estaría involucrado en múltiples esquemas de corrupción que incluyeron pagos a prestanombres, empresas fantasma y contratos sin respaldo documental.

Uno de los casos clave involucra el presunto uso de prestanombres para simular servicios en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM). Dos personas admitieron que prestaron su identidad a cambio de pagos de 4 mil pesos, con los cuales se facturaron servicios inexistentes por 27.2 millones de pesos, incluyendo alimentos y mantenimiento para policías en zonas remotas como Calakmul.

Otro caso se centra en la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam), donde se asignaron contratos por 23.8 millones de pesos a una empresa originalmente dedicada a dar clases de buceo, que cambió su razón social para ofrecer supuestos servicios jurídicos y fiscales. Estos convenios también carecen de comprobación documental. En 2016, Moreno Cárdenas era presidente de la Junta de Gobierno de la Apicam, lo que lo vincula directamente.

También se investiga un presunto desfalco de 14.1 millones de pesos mediante pagos irregulares a la televisora local Mayavisión, dirigida por el empresario Miguel Ángel “N”, sin evidencia material o documental que justifique las transferencias. El área de Comunicación Social, que firmó los contratos, dependía directamente del entonces gobernador.

Además, la Fiscalía documentó que, bajo su administración, se compró un terreno a un empresario cercano para construir la Plaza Colosio, un mercado de artesanías que terminó alquilándose a particulares. El terreno fue adquirido con recursos estatales y federales, incluidos fondos del Fideicomiso del 2 por ciento sobre nómina, lo que implicó un presunto desfalco de 18.2 millones de pesos.

Por estos casos, al menos 17 personas han sido vinculadas a proceso, incluidos exfuncionarios de su administración como titulares de seguridad, finanzas y comunicación social. Algunos implicados han obtenido criterios de oportunidad para colaborar con las investigaciones.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados será la encargada de analizar la procedencia del desafuero solicitado por la Fiscalía campechana.