El presidente Donald Trump tiene en la mira a los principales cárteles mexicanos, luego de que el gobierno de Estados Unidos los designara oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilita la aplicación de la Ley Patriota en territorio mexicano sin requerir permiso del gobierno nacional.
El pasado 20 de enero, la Casa Blanca emitió un decreto presidencial en el que clasificó como terroristas a seis organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste (escisión de Los Zetas) y Cárteles Unidos.
Según el comunicado oficial, estos grupos “controlan funcionalmente, mediante asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal en la frontera sur”. Además, se advierte que en algunas zonas de México operan como “entidades cuasi gubernamentales”, lo que representa un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La Ley Patriota (USA Patriot Act) fue promulgada en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre, y permite al Ejecutivo estadounidense emprender acciones extraterritoriales contra personas o grupos que atenten contra ciudadanos estadounidenses, sin necesidad de una autorización expresa del país afectado.
Este escenario cobra relevancia ante casos recientes de ataques contra estadounidenses en México. Uno de ellos ocurrió el 18 de octubre de 2024, cuando Nicholas Douglas Quets, veterano de la Marina de EU, fue asesinado mientras viajaba por la carretera Altar–Caborca, en Sonora, presuntamente por miembros de “La Chapiza”, brazo del Cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas confirmaron la detención de los agresores.
Otro caso emblemático fue la masacre de la familia LeBarón, el 4 de noviembre de 2019, en La Mora, Bavispe, también en Sonora, donde murieron tres mujeres y seis menores de edad, todos con doble nacionalidad. En ese entonces, Donald Trump ofreció ayuda militar para investigar el ataque, pero el gobierno mexicano la rechazó.
De haber estado vigente la designación actual, Trump habría podido ordenar una intervención directa en México, al amparo de la Ley Patriota. El nuevo estatus legal de los cárteles podría derivar en acciones unilaterales por parte de Estados Unidos, con el potencial de generar tensiones diplomáticas.
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