Un tribunal federal rechazó el intento de los empresarios René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz por anular una prueba clave en su contra dentro del proceso penal relacionado con el desvío de recursos de Segalmex, uno de los mayores escándalos de corrupción del anterior sexenio.

Ambos son accionistas de la financiera Corafi, con sede en Chiapas, que según la Fiscalía General de la República (FGR), recibió de forma ilegal 800 millones de pesos provenientes de Segalmex para invertirlos en el mercado bursátil, sin estar regulada ni autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El tribunal colegiado en materia penal determinó que debe conservarse como prueba válida la opinión de delito emitida por la Secretaría de Hacienda, la cual concluye que hay elementos suficientes para proceder penalmente contra los implicados por el delito de captación ilegal de recursos.

La resolución impide que los empresarios puedan frenar el proceso con base en la invalidez de dicha opinión, que es un requisito indispensable para que el Ministerio Público pueda judicializar el caso. Mientras no se resuelva el amparo solicitado por los acusados, el juicio no podrá avanzar formalmente.

Los Dávila también impugnaron siete testimonios, un peritaje y siete documentos, entre ellos la opinión de delito de la Procuraduría Fiscal de la Federación, alegando que esos elementos darían una ventaja indebida a la FGR, ya que los testigos de Hacienda podrían tener acceso previo al contenido de las pruebas durante sus declaraciones.

El caso Segalmex ha implicado un presunto desvío de más de 15 mil millones de pesos, de acuerdo con diversas investigaciones oficiales.