El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha endurecido su estrategia de recaudación fiscal con un enfoque en los grandes contribuyentes, con el objetivo de recuperar más de 600 mil millones de pesos en un contexto de desaceleración económica y un déficit público elevado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre de marzo de 2025, se contabilizaron 2.93 billones de pesos en créditos fiscales, de los cuales 1.92 billones están actualmente en disputa legal. El resto de los adeudos ya fueron aceptados por los contribuyentes.

Uno de los casos más notorios es el del empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyas empresas enfrentan un litigio por un supuesto adeudo de más de 74 mil millones de pesos. No obstante, hay más de 195 mil créditos fiscales en litigio, lo que impide su cobro inmediato.

En contraste, al menos un billón de pesos corresponde a adeudos no controvertidos. Hacienda estima que 621 mil millones de pesos podrían ser recuperables, mientras que el resto, unos 385 mil millones de pesos, se consideran de “poca probabilidad de cobro” por tratarse de contribuyentes insolventes o no localizables.

A pesar del entorno internacional adverso, marcado por una posible guerra comercial impulsada por el expresidente Donald Trump y tensiones geopolíticas, el gobierno ha reiterado su compromiso de no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. En su lugar, ha apostado por mejorar la fiscalización, digitalizar los procesos de cobro y aplicar una estricta política de austeridad.

Durante el primer trimestre de 2025, los grandes contribuyentes aportaron 1.1 billones de pesos al total de créditos fiscales. El SAT recuperó 12 mil 768 millones de pesos en ese periodo. Por sector económico, los principales deudores se concentran en la industria manufacturera (434 mil millones de pesos), servicios profesionales y científicos (400 mil millones) y el comercio al por mayor (301 mil millones).

En comparación con el primer trimestre de 2023, los créditos fiscales han aumentado 58%, al pasar de 1.8 billones a 2.93 billones de pesos. Según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, esta estrategia da continuidad a la política iniciada en el sexenio de López Obrador, que busca evitar una reforma fiscal profunda mediante una mayor presión sobre los deudores, especialmente los más visibles.

En 2024, el déficit fiscal alcanzó 5.7% del PIB, el más alto en tres décadas, debido a gastos extraordinarios del gobierno anterior. Esto ha llevado a la actual administración a intensificar sus esfuerzos de recaudación para garantizar la cobertura de servicios públicos y el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

El sector de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos también concentra adeudos importantes, con más de 285 mil millones de pesos.