El portal EMEEQUIS dio a conocer una investigación que exhibe presuntas irregularidades en las declaraciones patrimoniales del diputado federal por Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, la también legisladora Diana Karina Barreras. El reportaje, firmado por Jorge García Orozco, expone que ambos habrían omitido propiedades y vínculos empresariales en sus registros oficiales.

En el caso de Gutiérrez Luna, la investigación revela que declaró únicamente un departamento de 132 metros cuadrados y afirmó no participar en ninguna empresa. Sin embargo, figura como propietario de la empresa Inmobiliaria Zutier S. de R.L. de C.V., la cual adquirió dos predios desincorporados del gobierno de Hermosillo en 2013. Uno de estos terrenos fue vendido posteriormente a una joven estudiante de 24 años, mientras que el otro continúa a nombre de la inmobiliaria.

Además, el legislador morenista omitió reportar su sociedad en la empresa Inmobiliar Barcarolle, ubicada en Guadalajara, lo que contradice lo reportado en su declaración patrimonial.

Por su parte, Diana Karina Barreras declaró la posesión de dos terrenos al asumir como diputada federal en 2024, pero una revisión del Registro Público de la Propiedad de Sonora no encontró que dichas propiedades estuvieran registradas a su nombre. Esta discrepancia también genera dudas sobre la veracidad de su declaración.

La investigación resalta un posible patrón de ocultamiento de bienes y relaciones empresariales por parte de la pareja. Las omisiones podrían contravenir disposiciones legales en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Barreras también ha estado en el centro de la controversia por otro motivo: una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a una ciudadana presentar 30 disculpas públicas, una diaria, por una crítica que la legisladora consideró violencia de género. El conflicto se originó en una publicación en redes sociales donde se cuestionaba la candidatura de Barreras y se insinuaba que su inclusión en las listas era resultado de presiones de su esposo, Sergio Gutiérrez Luna. El TEPJF determinó que esa publicación constituía violencia simbólica y estereotipada. Como parte de la sanción, la ciudadana tuvo que referirse a la legisladora con el término “DATO PROTEGIDO” en cada disculpa, lo que generó un fenómeno viral y polémico en redes sociales por el uso inusual y críptico del lenguaje legal.