Crecen las dudas dentro de Morena sobre los efectos de la elección judicial realizada el pasado 1 de junio, a pesar de la postura oficial del partido, que la ha calificado como un logro democrático. Fuentes cercanas al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum reconocen preocupaciones sobre la legitimidad de los tribunales elegidos, particularmente en los 19 Estados donde se votó por jueces locales.

“Se debería repetir la elección local”, señaló un integrante del círculo cercano a la mandataria, mientras que otro funcionario apuntó que “los tribunales elegidos por los gobernadores” representan un riesgo aún no dimensionado. Las declaraciones revelan tensiones internas en el partido impulsor de la reforma judicial.

Durante el proceso, fueron electos casi 2,700 cargos judiciales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina, integrantes de salas electorales y de circuito, además de funcionarios locales en casi una veintena de entidades federativas.

Los cuestionamientos más severos se concentran en los tribunales locales, donde, según diversas fuentes, personas sin experiencia o preparación jurídica accedieron a los cargos con el respaldo directo de los gobernadores. Se advierte que estos jueces serán responsables de resolver conflictos cotidianos como herencias, pensiones, custodia de menores o violencia familiar, lo que podría vulnerar el acceso a la justicia de los ciudadanos.

De acuerdo con testimonios recogidos, la elección se habría definido de antemano mediante los llamados “acordeones”, listas de candidatos que se distribuyeron en las alcaldías para orientar el voto. En varios casos, los aspirantes propuestos en estas guías obtuvieron todos los cargos, sin sorpresas ni competencia real.

Una de las fuentes criticó que se haya dejado a los mandatarios estatales armar sus propios acordeones, incluso modificando el orden de las listas de la SCJN según su cercanía con ministras como Lenia Batres o Yasmín Esquivel. Señaló también que los jueces federales fueron colocados por los gobernadores, lo cual, advirtió, podría replicar el control político tanto en tribunales locales como en federales.

Uno de los ejemplos mencionados fue el de Chiapas, donde el proceso habría dejado sin contrapesos reales a los ciudadanos ante posibles excesos del poder estatal.