El gobierno federal y la empresa Uber se enfrentaron públicamente luego de que la plataforma anunciara un incremento de hasta 7% en las tarifas de sus servicios de transporte y entrega de comida. La compañía argumentó que esta medida busca proteger las ganancias de sus conductores, pero autoridades mexicanas la calificaron como una acción unilateral y sin sustento.

Uber explicó en un comunicado que la decisión responde a una actualización “necesaria” en la estructura de precios, con la intención de asegurar que la aplicación continúe siendo una opción viable para los socios conductores. El aumento se aplicará según el tipo de producto y ciudad.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reaccionaron de inmediato al anuncio, señalando que la medida contraviene la Ley Federal de Protección al Consumidor y compromisos laborales establecidos con las plataformas digitales.

Profeco exhortó a Uber a cumplir con sus obligaciones legales, recordando que las empresas deben informar de forma clara y oportuna sobre cualquier cambio que afecte la experiencia del consumidor.

La STPS, por su parte, calificó el incremento como irresponsable y contrario a los compromisos asumidos en el marco de la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales, señalando además que el argumento de protección a los ingresos carece de fundamento técnico.

Ambas dependencias informaron que se realizarán operativos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la ley y advirtieron que se aplicarán sanciones en caso de detectarse tarifas irregulares o injustificadas.

Finalmente, las autoridades llamaron a Uber y a otras empresas del sector a actuar con responsabilidad social, recordando que el modelo de negocio actual de estas plataformas implica que los trabajadores asuman los costos de operación sin respaldo corporativo.