Si la FGR tenía desde hace dos años una orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr. ¿por qué no la ejecutó? En la carpeta de investigación, que se comenzó a filtrar ayer, aparece el joven boxeador junto con Iván Archivaldo Guzmán, con Ovidio Guzmán López, con El Nini, el jefe de seguridad del cártel, detenido en noviembre del 2023. Los otros estaban clandestinos, pero Chávez Jr. estaba en libertad, peleaba, daba entrevistas, conferencias de prensa, iba y venía a Estados Unidos, ¿cómo reclamarle a Estados Unidos que lo haya detenido sin informarle al gobierno de México, cuando la fiscalía lo tuvo en sus manos durante dos años y nunca lo detuvo?
Todo esto es sintomático de un problema mucho mayor que pasa por la impunidad de la que han gozado muchos personajes del crimen organizado en el sexenio pasado, cuyos coletazos continúan hasta hoy.
Esto se vincula, además, con la endeblez argumental de la narrativa oficial: cuando fue detenido Chávez Jr. lo primero que se dijo es que Estados Unidos no había enviado pruebas ni informado a México, pero después supimos que el expediente de sus relaciones con el crimen organizado, basado en intercepciones telefónicas autorizadas por un juez, lo tenía aquí la fiscalía.
Ahora que está a punto de ser la audiencia en Chicago de Ovidio Guzmán se vuelven a pedir pruebas de las presuntas acusaciones que estaría haciendo el integrante de Los Chapitos, y me parece muy bien. El problema es que ese argumento se desechó, por ejemplo, en el juicio de García Luna cuando se festinó ampliamente, se sigue haciendo, su condena desde el gobierno, aunque no hubiera, ni aquí ni allá, pruebas materiales de esas acusaciones: García Luna fue condenado por las declaraciones de nueve narcotraficantes, la mayoría detenidos durante su gestión en el gobierno, sin prueba material alguna que lo ratificara.
Ovidio Guzmán, por cierto, hasta el Culiacanazo, no tenía orden de aprehensión alguna. Se va a cumplir un año de la detención de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, que de alguna forma llegaron a Nuevo México el pasado 25 de julio y el gobierno federal sigue pidiendo información al de Estados Unidos sobre lo sucedido, pero no realiza en territorio nacional las investigaciones necesarias para esclarecerlo: si El Mayo fue secuestrado o no por Joaquín, si fue subido a la fuerza o no a ese avión, si tenía concertada una reunión con Melesio Cuén y el gobernador Rocha o no, son temas que tendrían que ser investigados y resueltos en México.
Desde que se inició la guerra entre Mayos y Chapos y, sobre todo, desde que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa y la Marina intervinieron en Sinaloa, hay miles de detenidos de las dos facciones criminales: ¿realmente podemos pensar que no hay información suficiente para saber qué pasó aquel 25 de julio y tenemos que seguir pidiéndola a Estados Unidos?
Ayer, en otra notable operación del gabinete de seguridad respecto al tráfico de combustible ilegal, el mal llamado huachicol, se decomisaron nada más y nada menos que 15 millones de barriles de diésel, gasolina y destilado de petróleo, depositados en 129 tanques de ferrocarril. En días pasados se desmanteló una red de traficantes de combustible que operaba en el centro de la ciudad, se decomisó una refinería que estaba junto a Pajaritos; se han decomisado plantas de almacenamiento, pipas y hasta buques. Toda esta enorme trama de combustibles ilegales aprovisiona entre un tercio y un cuarto de los combustibles y derivados que se usan en el país, y tiene utilidades mínimas, en términos conservadores, de unos 12 mil millones de dólares al año. ¿Es creíble que no haya un solo político, funcionario, gobernador o dirigente de partido detrás de ese entramado que abarca casi todo el país?
De eso es de lo que se hablará, y mucho, a partir de este mes de julio, cuando comiencen las audiencias, las comparecencias de Ovidio, de su hermano Joaquín, de El Mayo y de muchos otros. También están los políticos que ya se han acercado a las autoridades estadunidenses para colaborar con ellas en forma soterrada. Y ante esa ola enorme de información de criminales que buscarán mejorar su situación legal y de un presupuesto inédito de 165 mil millones de dólares que tendrá en el siguiente año fiscal el gobierno de Estados Unidos para combatir el fentanilo, la migración ilegal y asegurar sus fronteras, el gobierno federal simplemente se ha puesto a la defensiva, a esperar que sigan llegando los golpes, sin hacer lo que la situación exige: actuar contra los políticos y funcionarios que protegen o participan de estas enormes red de corrupción.
Y hablando de impunidad: la violenta, agresiva, insensata marcha del viernes por las calles de la colonia Condesa, supuestamente en contra de la gentrificación, se convirtió en una exhibición de estupidez, xenofóbica y fascistoide. Se destrozaron inmuebles, se agredió a personas, se demandó la expulsión de extranjeros, sobre todo de estadunidenses y judíos. Y no pasó nada.
Lo grave es que hay autoridades que lo toleran, otras que no hacen nada y fuerzas de seguridad que no intervienen. Quienes los impulsan y protegen, incluso desde ámbitos oficiales, no entienden o quizás sí, tal vez ésa es su intención, que le están dando argumentos poderosísimos a Estados Unidos para redoblar las presiones contra México, además de dañar, aún más, la imagen del país. Desde los medios globales hasta Homeland Security reaccionaron ante estos hechos. Aquí, tanto el gobierno de la ciudad como el federal se quedaron de brazos cruzados.