La pregunta es inevitable: ¿a quién se le ocurre organizar una visita de la presidenta Sheinbaum a Sinaloa el mismo día que la audiencia de Ovidio Guzmán en la corte de Chicago, donde se declaró culpable y testigo colaborador de las autoridades estadunidenses en un caso donde las acusadas serán las autoridades mexicanas?
Sucede el mismo día en que se cumplen 10 meses de hostilidades entre los grupos criminales, con miles de muertos, desaparecidos y enormes daños materiales. Y no se va a Sinaloa para anunciar algún gran golpe contra el crimen organizado o alguna reestructuración política de fondo, sino para inaugurar un hospital del IMSS-Bienestar.
Ya en Sinaloa, ¿a quién se le ocurrió que una Presidenta en forma improvisada le contestara al abogado de un narcotraficante que acababa de declararse culpable de innumerables delitos? ¿A quién se le ocurrió que, además, lo hiciera acompañada por el gobernador Rubén Rocha?
La declaración presidencial en Sinaloa no tuvo sentido, mandó el mensaje político exactamente contrario al que se debía dar y terminó con una réplica aún más fuerte del abogado Jeffrey Lichtman, acompañada por una carta de Donald Trump anunciando un 30 por ciento de aranceles a todos los productos mexicanos porque no se ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico e impedir, dice la carta, “que Norteamérica se convierta en el patio de juegos del narcotráfico”.
Los golpes, por si no lo advirtieron en Palacio Nacional, fueron sincronizados: se movió la fecha de la comparecencia de Ovidio y casualmente coincidió con la visita presidencial a Sinaloa. En el juicio, un Ovidio totalmente quebrado reconocía su culpabilidad y su obligación de colaborar en todos los casos que la fiscalía estableciera, luego de que ésta hiciera una amplia descripción del funcionamiento del tráfico de fentanilo en México para su introducción en Estados Unidos. Terminada la comparecencia, el abogado defensor Lichtman dijo que México no tenía nada que ver con el acuerdo al que había llegado Ovidio con el gobierno de Estados Unidos y que no podía pedir pruebas de sus acusaciones por sus relaciones con el propio crimen organizado (adelantando el tono de lo que dirá Ovidio ante sus nuevos jefes).
La Presidenta salió a contestar en una improvisada conferencia de prensa acompañada por el gobernador Rocha (doble error), a desmentir a un abogado de un criminal declarado culpable y la FGR emite un comunicado descalificando las declaraciones del abogado. Lichtman le respondió a la mandataria en términos más duros aún y, al mismo tiempo, Trump envía la carta aumentando los aranceles 30 por ciento, justificando la medida en que no se ha hecho lo suficiente contra el tráfico de fentanilo con aquella frase demoledora: se les ha permitido a los narcotraficantes “convertir América del Norte en su patio de juegos”.
La semana pasada decíamos que prefería a la presidenta Sheinbaum que presumía de su cabeza fría. En las últimas semanas tenemos a una Presidenta que contesta con la cabeza caliente y que entonces se vuelve más vulnerable, porque termina en una disputa con un abogado que no tiene nada que perder y mucho que ganar, y esa coyuntura la aprovecha la Casa Blanca para ahondar en la herida con el tema del fentanilo. Todo eso ocurre cuando hay una representación de alto nivel del gobierno mexicano en Washington negociando seguridad y aranceles.
Lo que no se entiende es que éste es un tema que trasciende completamente lo comercial. ¿Qué reclama el gobierno de Trump? Primero, desmantelar las redes de políticos, funcionarios y empresarios que protegen y son cómplices de los grupos criminales, no sólo en fentanilo, sino en el narcotráfico en general, en la migración ilegal, en el contrabando de combustible y en otras actividades del crimen organizado. Segundo, quieren que México se defina en el nuevo escenario internacional: el tema central para Estados Unidos es China, y mientras tenemos un muy alto superávit comercial con la Unión Americana, tenemos un déficit comercial altísimo, casi de la misma proporción, con China. En otras palabras, lo mismo que le vendemos a uno se lo compramos al otro, casualmente su principal adversario político y comercial. Hay que equilibrar el intercambio bilateral. Tercero, China está en el centro del tráfico de fentanilo, tanto en el aprovisionamiento del producto como en su financiamiento y eso tampoco lo está atacando el gobierno mexicano. El golpe a las tres instituciones financieras fue una demostración de lo que podría llegar a hacer la Unión Americana si no se toman medidas en ese sentido.
La declaratoria de los grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas le otorga a la Casa Blanca enormes prerrogativas para atacarlos a ellos o a quienes considere sus socios y cómplices de innumerables maneras. Ése es el verdadero escenario, pero nos peleamos con el abogado de un narcotraficante.
Y, finalmente, hay que regresar a un punto. No hay operadores políticos en el gobierno, no hay fusibles, casi nadie aparece en momentos críticos y cuando lo hacen es para defender a la Presidenta o la soberanía, con discursos, como vimos este fin de semana, vacíos. Se necesitan interlocutores, se necesitan en Washington y en México, y aceptar que la Presidenta no puede seguir siendo la única voz, si se le quiere reducir los costos y ampliar sus espacios políticos.