El viernes, sin prórrogas ni periodos de gracia, dice Howard Lutnick, el responsable comercial de la Casa Blanca, entrarán en vigor los aranceles de 30 por ciento a todos los productos importados a la Unión Americana, aunque podrían estar salvaguardados los que están protegidos por el T-MEC. Pero, incluso si es así, la medida será durísima para la economía nacional y para muchas empresas.
Y será difícil que se logre eludir ese golpe porque, además de las numerosas demandas de índole comercial e industrial, que van desde la energía hasta los alimentos, pasando por la industria automotriz, la demanda principal de la administración de Trump sigue siendo romper con las redes de tráfico de fentanilo y, sobre todo, con la trama de corrupción y protección de las mismas por políticos y funcionarios. Y si bien existe disposición para avanzar en muchos temas comerciales, en una renegociación del T-MEC e incluso en golpear las redes del crimen organizado, no parece existir capacidad, voluntad o fuerza como para atacar las tramas políticas.
Tiene ya desde hace tiempo la presidenta Sheinbaum los nombres de quienes están en la mira de Estados Unidos, por las investigaciones de sus agencias y por las delaciones de los narcotraficantes hoy detenidos en la Unión Americana y que se han convertido en colaboradores. Todos son personajes de la pasada administración y algunos con presencia en la actual. Se podrá argumentar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, que no se puede condenar sin pruebas (aunque el método les sirvió en el pasado para condenar públicamente a muchos), pero lo cierto es que esas pruebas ya están en manos de las agencias de seguridad norteamericanas.
Y la inacción en ese sentido no hace más que fortalecer las presiones de Trump. Resulta incomprensible que a un año de la caída de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López –cuando se sabe que por lo menos Joaquín y Ovidio Guzmán son ya testigos colaboradores (y probablemente El Mayo también)– no haya ni un funcionario ni un político investigado, procesado, por sus relaciones con esa organización criminal, incluso después de los enfrentamientos de los últimos diez meses, que dejaron apenas el fin de semana pasado una treintena de muertos en el estado. No puede ser que nadie, absolutamente nadie, haya sido cómplice del Cártel de Sinaloa en el gobierno, la seguridad o la fiscalía sinaloense o federal.
Es inverosímil que se siga defendiendo, como sucedió ayer mismo, a Adán Augusto López por su presunta ignorancia en el caso de Hernán Bermúdez cuando siguen apareciendo documentos de inteligencia militar que involucran al secretario de seguridad de Tabasco con diversas actividades del crimen organizado. No sé si Adán Augusto se dio por enterado o no de esas relaciones, pero sin duda debe ser investigado, lo mismo que su círculo político, y no puede mantener su actual responsabilidad.
Es inconcebible que su cuñado Rutilio Escandón, el exgobernador de Chiapas que permitió la entrada desde Tabasco del CJNG a Chiapas, y cuyo equipo de seguridad está acusado de mantener relaciones con el crimen organizado, según ha dicho el gobernador Eduardo Ramírez, no sólo no esté investigado, sino que haya sido premiado nada más y nada menos que con el consulado de Miami.
No puede haber una red de tráfico de combustible tan extensa y rentable como la que poco a poco se va descubriendo por el propio gobierno federal sin complicidades políticas. Cada decomiso es una acusación para la pasada administración. Y se encuentran millones de litros de combustible robado o ilegal en Tamaulipas, Baja California, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Coahuila, Nuevo León, y en otros estados, y no hay un solo político o funcionario señalado por estar involucrado con esa red que aprovisiona cerca de un tercio del combustible que se consume en el país. ¿Quién falsifica los permisos?, ¿quién permite esa operación?, ¿quién comercializa, quién vende, quién compra? Y no olvidemos que esa trama llega hasta las obras paradigmáticas del sexenio pasado, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Ese es el eslabón débil de la estrategia de seguridad. Y por más que haya notables avances en otros ámbitos es allí donde pierde consistencia y donde se debilita la administración de Sheinbaum. Y donde se atora toda la negociación con la administración de Trump: en la impunidad y la protección existente para con personajes que inevitablemente, aquí o allá, terminarán ante la justicia.
LA 4T DISFRUTA
No tengo problema alguno con que los políticos, del partido que sea, estén o no en el gobierno, tomen días de descanso y veraneen. Lo que enoja es la hipocresía y la mentira. Ahora resulta que Andy López Beltrán no fue al Consejo Nacional de Morena porque tenía compromisos familiares, sino porque andaba de turista en Tokio, disfrutando de un hotel de cinco estrellas y comprando en Prada. Que unos andan en Madrid, otros en Lisboa, hay quienes bailan en Ibiza y muchos más andan en Europa, lejos de la Unión Americana.
Dudo que se paguen esas vacaciones con sus ingresos: la enorme mayoría ha trabajado sólo en el sector público, sus ingresos salariales (depauperados por López Obrador) no alcanzan para Asia o Europa, y sus declaraciones patrimoniales no reflejan otros ingresos significativos. Y, mientras tanto, se llenan la boca con promesas de austeridad, de humildad, de vivir en la justa medianía. Hipocresía pura.
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