Grupos armados vinculados al Cártel de Sinaloa utilizan drones cargados con explosivos para desplazar por la fuerza a comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, específicamente en los municipios de Moris y Uruachi, con el objetivo de apoderarse de yacimientos de oro, según documenta un reportaje publicado por la revista Proceso.
Desde inicios de junio, pueblos warijó y pima comenzaron a ser atacados con drones y armas de fuego por el grupo criminal Los Salazar, generando un éxodo masivo de habitantes que han abandonado sus tierras, viviendas, animales y cultivos para salvar la vida.
Las agresiones se concentran en rancherías como El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayacancito, donde se reportan personas asesinadas, casas incendiadas y constantes detonaciones. El presunto responsable de estos ataques es Hugo Guerrero Encinas, alias 01, recientemente liberado tras haber sido detenido en 2011.
Los afectados aseguran que las autoridades locales no han respondido con acciones efectivas. En un caso relatado, habitantes de San José de la Trompa pidieron ayuda a militares que patrullaban la zona y recibieron como respuesta burlas y evasivas. Mineras que operaban legalmente en la región también comenzaron a retirarse ante el incremento de la violencia.
Los desplazados acudieron a la Ciudad de México para interponer denuncias ante instancias como la Sedena, Gobernación y la CNDH, luego de no recibir atención en Chihuahua. El líder indígena Hilario Valenzuela, gobernador de la comunidad warijó La Finca Pesquera, encabeza parte de estos esfuerzos.
En redes sociales, los habitantes lanzaron un mensaje de auxilio dirigido al gobierno federal, denunciando torturas, asesinatos y saqueos perpetrados contra personas inocentes, incluidos ancianos, mujeres y niños.
El grupo criminal Los Salazar ha operado históricamente en Chínipas, Guazapares y Urique, donde mantienen actividades de tráfico de drogas, minería ilegal y extorsión. La expansión hacia Moris y Uruachi responde al interés por controlar territorios ricos en oro, detalla el reportaje de Proceso.
Las comunidades afectadas exigen protección urgente y garantías para regresar a sus hogares, en medio de una ola de violencia que ha escalado sin contención en esa zona de la Sierra Tarahumara.
