Ahora que finalmente se concretó el convenio de colaboración de Ovidio Guzmán con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, nos cuentan que los puntos del 4 al 8 tienen aterrorizado a más de uno en nuestro país. El Chapito aceptó dar “colaboración plena” en cualquier investigación federal o local, abierta o futura, testificar con veracidad en cualquier juicio en que sea requerido, participar en interrogatorios con agentes, fiscales y funcionarios federales, y entregar documentos, comunicaciones y evidencias que le pidan para esas indagatorias. Para decirlo rápido, va a cantar todo lo que sepa sobre el negocio del narcotráfico y sus complicidades, entregará todas las pruebas que tenga y testificará bajo juramento sobre todo ello. La lista de quienes hayan tenido algo que ver con el joven narcotraficante de los culiacanazos podría incluir políticos, banqueros, artistas, deportistas y más. Están en riesgo de ser balconeados y procesados. Nada más y nada menos.
Luego de que concluyó todo el proceso de la primera elección judicial en el país, ha comenzado una reestructuración en áreas clave del INE. La consejera presidenta Guadalupe Taddei, nos adelantan, buscará poner a colaboradores cercanos en áreas clave, con la nueva facultad de poder nombrarlos sin consultar al resto de los integrantes del Consejo General. Al menos en una semana son tres áreas las que tendrán nuevos titulares: Organización Electoral, Capacitación Electoral y de lo Contencioso Electoral, esta última encargada de las investigaciones de las denuncias presentadas ante el órgano electoral. Doña Guadalupe, como espejo de la llamada 4T, ya no tiene contrapesos.
Nos cuentan que si algunos funcionarios relacionados con el famoso programa de los médicos cubanos ya andaban preocupados por la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar visas a servidores públicos centroamericanos, el anuncio de ayer de nuevas sanciones al régimen de La Habana por la represión de las protestas de 2021 les mandó una nueva señal de alerta. El secretario de Estado, Marco Rubio, va en serio contra los abusos en la isla, incluido el programa de médicos, al que considera una forma de esclavitud porque los gobiernos le pagan al régimen de Miguel Díaz-Canel y no a los doctores que envían. Nos aseguran que ya hay quienes incluso andan pidiendo que desde Palacio Nacional se reconsidere si conviene continuar ese convenio. ¿Les harán caso?
En Palacio Nacional se festejó ayer el Día del Abogado y la anfitriona fue la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien, nos dicen, convocó a un nutrido grupo de juristas de todo el país. Nos detallan que les pidió ser vigilantes del proceso que se avecina con la llegada del nuevo Poder Judicial surgido de las urnas. Nos comentan que la señal es clara: frente a las previsibles turbulencias con el arranque de la nueva justicia mexicana, el gobierno quiere asegurarse de tener al mayor número de juristas y abogados de su lado.