FUE A MEDIADOS de marzo cuando el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños.
En un movimiento arriesgado, presionado por grupos de activistas, pero con un objetivo claro, convocó a una compra urgente de oncológicos, para tratar de aliviar la situación de los niños y niñas con cáncer.
El funcionario al que se le encomendó corregir el desastre del desabasto que le heredó Raquel Buenrostro, tuvo que ir contra las reglas y apresurar una compra de medicamentos.
El movimiento de Clark, que pudo salir muy mal e, incluso, representar responsabilidades administrativas, generó ahorros por más de ocho mil 414 millones de pesos en 21 claves. Si se toman como referencia los precios de compras centralizadas realizadas en el sexenio anterior, con el Insabi de Juan Ferrer, el IMSS-Bienestar de Alejandro Calderón Alipi y Birmex de Jens Lohmann.
Y es que, a pesar de que está rodeado por funcionarios de la vieja guardia, empezando por su jefe, el secretario David Kershenobich, Clark tiene un accionar menos burocrático.
Este perfil ya era notorio desde que en plena pandemia era el vocero encargado de dar el parte oficial en la cuarentena, con un tono mucho más cercano y conciliador que el impresentable Hugo López-Gatell.
Ello lo ha llevado a tomar acciones disruptivas, como la compra de esos oncológicos, en la que convocó de urgencia a una subasta inversa a los laboratorios y distribuidores para obtener los mejores precios posibles.
Cuando ya había amarrado los precios y al no tener desde la Subsecretaría facultados para adjudicar las claves, involucró al IMSS, que dirige Zoé Robledo.
Dicho instituto fue instruido para que hiciera una investigación de mercado y una licitación, que les permitiera adjudicar lo que ya había amarrado desde la Secretaría de Salud.
Se operó para que el IMSS enviara correos a las empresas que habían participado en el ejercicio previo, solicitando propuestas de claves específicas y vendieran oncológicos a precios competitivos.
Así, se logró un ahorro de hasta 70% en el precio de algunas claves, como la Lenaledomidina, que en 2023 se compró hasta en 76 mil pesos por unidad y con la subasta se adquirió en 11 mil 850 pesos la caja.
LAS TASAS ARANCELARIAS que está imponiendo Donald Trump a las mercancías mexicanas exportadas a Estados Unidos, sea ese 17% que se aplicó el lunes a los jitomates, o bien el de 30% generalizado que entraría en vigor el próximo 1 de agosto, las terminarán pagando los importadores, que desde luego trasladarán a los consumidores estadounidenses. En opinión de algunos expertos en comercio exterior, la pérdida de mercado para los productos mexicanos deberá ser mínima, si es que se da, porque los compradores norteamericanos tendrán que seguir importando todos los productos, insumos y materias primas que no producen y que necesitan para sus propios procesos productivos. En el mercado estadounidense la competencia para los productos mexicanos son los productos chinos que llegan a la Unión Americana a precios muy competitivos, pero en esta nueva realidad, también a la nación que gobierna Xi Jinping les impondrán una tasa arancelaria superior a la que se cobre a los productos mexicanos.
MÁS ALLÁ DE las mesas de comercio, seguridad y migración que se establecieron en la reciente reunión del viernes y sábado en Washington, mención aparte merece la que hubo con representantes del Tesoro, que se manejó por separado. Y es que el tema central fue la situación de CI Banco, Intercam y Vector, intervenidas por la Secretaría de Hacienda y cuyos interventores designados son Sergio Meneses, Fernando Martínez de Velasco e Itzel Moreno, respectivamente. Roberto Lazzeri, el jefe de Oficina del secretario Edgar Amador, se entrevistó con Scott Rembrandt, el número tres del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Estamos hablando del mismo funcionario que se reunió el 8 de mayo pasado, en el marco de la Convención Bancaria de Nayarit, con los comités de dirección de la Asociación Mexicana de Bancos, liderados por Julio Carranza, el que salía, y Emilio Romano, el que entró. Lazzeri actualizó la información de estos tres intermediarios financieros, señalados por el FinCEN de facilitarle la operación financiera a cárteles que producen y comercializan el fentanilo.
EN BAJA CALIFORNIA, que gobierna Marina del Pilar Ávila Olmeda, se han invertido, en los últimos cuatro años, casi 23 mil millones de pesos en obras de infraestructura, lo que ha permitido a la entidad mejorar la movilidad, el suministro de energía eléctrica y, en general, los servicios públicos básicos. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda local, que lleva Marco Moreno, asegura que tiene un recurso ya autorizado por la Federación, para el ejercicio fiscal 2026 y 2027, de alrededor de 77 mil millones, con lo que el estado fronterizo acumulará una inversión histórica de casi 100 mil millones de pesos al finalizar el actual sexenio.
EN EL CONCURSO abierto CFE-0001-CAAAT-0037-2025, para la compra de material aislante, la CFE acaba de adjudicar por casi 130 millones de pesos, 32 partidas a la empresa Tensor Mexicana, que participó de manera conjunta con Corporación Industrial Multico, Equipos para Redes Eléctricas del Centro y IUSA Medición. La firma, propiedad de Omar González López, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, por haber obtenido en 2018 contratos mediante adjudicación directa irregular por el orden de los 500 millones de pesos, esto junto a sus empresas filiales Tensor Cable y APP Insulators de México, también con sede en Monterrey, Nuevo León. Entre los beneficios que le dio a estas empresas la administración de Enrique Peña Nieto fue un incremento en el monto original de los contratos de hasta 200 por ciento.