Adán Augusto López, poderoso coordinador de Morena en el Senado, está sumergido y lejos de la arena pública en espera de que el escándalo por haber nombrado como secretario de Seguridad –cuando fue gobernador en Tabasco– a una persona acusada de haberse convertido en líder del crimen organizado en el sureste del país se diluya y todo vuelva a la normalidad. Es lo que ha tratado de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum con todos los políticos de Morena con problemas legales, aunque en este caso hay una diferencia. Adán Augusto no es uno más: es el eslabón más débil, hasta ahora, del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El blindaje jurídico del gobierno lo protege, pero hay una variable fuera del control del régimen que desconocen. Información a la que se ha tenido acceso, muestra que Adán Augusto se convirtió en una persona de interés para los servicios de inteligencia estadounidenses y la DEA desde que fue nombrado secretario de Gobernación en agosto de 2021, cuando abrieron una investigación en Washington contra él y tuvieron los primeros indicios de su presunta relación con el crimen organizado.
Dentro del seguimiento, aprovecharon una visita que hizo a Boston, en agosto de 2022, a uno de sus hijos, que estaba realizando estudios en esa ciudad.
De acuerdo con esta información, el entonces hombre fuerte de López Obrador tuvo un descuido y perdió el control de su teléfono. Los agentes que lo estaban siguiendo le clonaron el dispositivo y vaciaron su información. Lo que encontraron fue una red de vínculos con personas, una buena parte de ellas tabasqueñas, que estaban siendo investigadas en casos contra los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
El proceso de judicialización del senador avanza en Estados Unidos, aunque con lo que tienen podría ser sujeto, en este momento, a ser acusado de haber cometido un delito utilizando la infraestructura estadounidense, basados en el principio legal de jurisdicción territorial y extraterritorial limitada, que abarca cuatro leyes: el Wire Fraud Act, el Computer Fraud and Abuse Act, la RICO Act, y la Ley Patriota, aprobada tras los ataques terroristas de Al Qaeda en Estados Unidos, en 2001.
En el caso de Adán Augusto, haber usado la infraestructura estadounidense al hacer llamadas telefónicas, por el tipo de investigación que se le abrió, entraba originalmente sólo en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como la Ley RICO, pero luego de la declaratoria del presidente Donald Trump en enero, donde clasificó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, también podría aplicarse la Ley Patriota.
Si no hay una acusación formal aún del Departamento de Justicia es porque la investigación sobre el senador continúa. Mientras no haya una acusación formal ante una corte en Estados Unidos, Adán Augusto no tendrá problemas legales si viaja a ese país, salvo que el Departamento de Estado le cancele la visa, como ya lo hicieron con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y contra otros políticos, artistas y deportistas mexicanos.
La investigación per se no significa que sea culpable de algo, pero en nada ayuda la revelación de los nexos criminales de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, a quien acusa la Fiscalía de Tabasco –cuyo gobernador es Javier May, viejo adversario de Adán Augusto, pese a ser ambos obradoristas–, de haber creado La Barredora, organización delincuencial predominante en Tabasco, que extendió su control en Chiapas cuando el gobernador era su cuñado Rutilio Escandón, y a Veracruz, y haberse aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya llegada al sur del país desató la guerra contra el Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala.
El caso abierto contra Adán Augusto en Estados Unidos es probablemente el más sensible hasta la fecha, por lo que significa para el régimen. Ha sido un instrumento de poder de López Obrador, que le delegó amplias responsabilidades cuando lo nombró secretario de Gobernación, y le encargó todas las negociaciones delicadas que antes realizaba, de manera más limitada, su exconsejero jurídico Julio Scherer. El senador es la cabeza del Grupo Tabasco, que en los últimos años se ha constituido en una poderosa maquinaria de hacer negocios, apoyada en influencias políticas, notarías, oficinas de auditorías regionales y factureras.
En el entramado del Grupo Tabasco hay familiares del expresidente y exfuncionarios de su gobierno que no pertenecían al otro bloque de leales que lo acompañaron en sus luchas políticas desde los 80, cuando todavía militaban en el PRD, donde se encuentra el gobernador May y quien ha sido su jefe político, Octavio Romero Oropeza, impuesto por López Obrador en el gobierno de Sheinbaum como director del Infonavit.
Adán Augusto se ha convertido en sólo dos semanas en el eslabón más débil del núcleo de poder de López Obrador, y la primera externalidad de relevancia para el régimen, en el marco de la lucha de poder interno que se vive en Morena.
La variable que no estaba contemplada es la investigación en Estados Unidos contra el senador, que estaba fuera de sus radares.
El pasado fin de semana, La Política Online reveló que en el grupo cercano de Sheinbaum dijeron tras la aparición de las fotos en Tokio de Andy, Andrés Manuel López Beltrán, que era una operación de la CIA. Parecía una declaración llena de los lugares comunes de una cultura vieja, aunque como comentó ayer en El Universal Salvador García Soto, la coincidencia en la aparición súbita de fotografías tomadas en diferente tiempo y espacio de líderes de Morena abre la puerta a toda sospecha. Fue el uno-dos: primero Adán Augusto, y luego los políticos que también responden a López Obrador, a lo que hay que agregar las imágenes de dos de sus hijos.
La información sobre la investigación contra Adán Augusto, desde hace unos cuatro años, revela que sí hay un seguimiento desde hace tiempo contra el primer círculo del expresidente, que se peleó a finales de 2020 con los servicios de información estadounidenses sin cuidar su retaguardia.