La ley antilavado de dinero, recién aprobada por el Congreso, trae preocupados a políticos y funcionarios no sólo de la oposición, sino de Morena y anexas.
Y es que el artículo tercero, fracción XII, de la ley, califica como “políticamente expuesta” (a ser investigada) a toda aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero.
El ordenamiento determina igualmente que están “políticamente expuestas” las personas relacionadas con políticos o funcionarios que cumplan con las condiciones y características que la secretaría establezca en reglas o disposiciones.
“No es a mí, es a todo mi entorno”, nos dijo off the récord (fuera de grabadora) un diputado del oficialismo que pidió no ser citado.
Reconoció que también es una herramienta para “apretar” a cualquier opositor.
Ya encarrerado, aseguró que la Presidenta está “tensa” por la forma como presiona Trump a México para que cumpla los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El GAFI, por sus siglas en español, es una organización intergubernamental que desarrolla políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Promueve medidas legales y regulatorias para proteger el sistema financiero global, como la Ley Antilavado en México.
Nuestro interlocutor asegura que la multicitada ley le quita facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (¡ojo, Pablo Gómez!) y las traspasa a la Secretaría de Hacienda. “Es decir, a la Presidenta”, señala.
El PRI advirtió, en un comunicado, que la SHCP podrá exigir “sin orden judicial” tu información financiera, patrimonial y tus datos personales.
* Se aprobó ayer en San Lázaro el decreto presidencial que expide la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejor conocida como Ley Censura, con 368 votos a favor del oficialismo, 104 en contra de la oposición y tres abstenciones.
En el salón de sesiones, a la derecha del orador en turno, fue colocado por la bancada del PRI un féretro que anuncia “murió la libertad” y una corona de flores junto a una pancarta en la que se leía “58 periodistas asesinados (en la era de la cuatroté)”.
En el lado opuesto del salón, Morena y aliados colocaron dos mantas enormes en las que se leía “ni espía ni censura”, para responder a las críticas de la oposición.
El decreto se aprobó sin el famoso artículo 109 de la ley, que facultaba a la Agencia de Transformación Digital, que encabeza el famoso Pepe Merino, a bloquear plataformas en caso de incumplimiento de normativas.
Crea, además, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, cuyos integrantes serán nombrados por el o la titular del Ejecutivo, sin necesidad de que los ratifique el Congreso.
Sus funciones estarán encaminadas a regular las concesiones y autorizaciones del espectro radioeléctrico, según Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara baja.
La facultad de nombrarlos sin que los ratifique el Senado es violatoria del artículo 76, fracción 2ª de la Constitución, según el priista Rubén Moreira.
“Lo que se votó en estos días, dijo, es la construcción de un Estado totalitario. Es la posibilidad de que un burócrata, convertido en espía, pida, sin autorización de ningún juez, desde los datos biométricos de las personas hasta sus compras en redes sociales.
Alertó: “Pronto veremos al Estado espiar y a los delincuentes, con la información del Estado, extorsionar a la gente. Con esto no se logra la seguridad; la seguridad se logra atrapando a los narcotraficantes”.
La Ley Telecom prohíbe, igualmente, la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, excepto la promoción cultural, deportiva o turística.
Otra objeción de los opositores es la restricción en la venta de chips móviles. Los operadores sólo podrán venderlos a quienes presenten una identificación oficial vigente.
Ricardo Monreal, líder de la mayoría en San Lázaro, está convencido de que la oposición se equivoca al oponerse a la venta sin control de esos chips.
“Éste es un problema grave, porque es a través de esos mecanismos de venta indiscriminada de chips que se cometen los principales delitos de secuestro y extorsión”, aseguró.
Monreal reviró, además, a la “descalificación irracional” que la oposición hace de la iniciativa. Según él, los críticos de la Ley Telecom están totalmente desconectados de la realidad.
Remató: “Vamos a respaldar esta ley que proviene de la inteligencia de la presidenta Sheinbaum y vamos a seguir luchado por lograr la cobertura pública y social del acceso a internet, sin dejar de fortalecer la competencia”.