La incorporación de Ovidio Guzmán como testigo colaborador, el viernes pasado, tras declararse culpable; las acusaciones de su abogado, Jeffrey Lichtman, así como la imposición del 17 por ciento de arancel a las importaciones de jitomate mexicano, colocaron al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre las cuerdas.
Ovidio Guzmán hablará –de hecho ya empezó a cantar en Estados Unidos –sobre las red de cómplices que favorecieron operaciones del cártel de Sinaloa cuando él era un operador logístico.
Todo este escenario mantiene muy nerviosos a políticos como Adán Augusto López, actual senador de MORENA, a quien precisamente señalan de haber protegido a Hernán Bermúdez Requena –acusado de ser una pieza clave del grupo criminal La Barredora, brazo del Cártel de Jalisco – cuando fungió como gobernador de Tabasco, donde el presunto capo fungió como secretario de Seguridad Pública Ciudadana.
Ese vínculo colocó a Adán Augusto en el ojo de la DEA, bueno, de hecho ya lo investigaban desde hacía varios meses porque al llamado “hermano de López Obrador” también se le relaciona con actividades de huachicoleo en Tabasco y negocios en Petróleos Mexicanos.
Nadie sabe hasta ahora cómo fue posible que Bermúdez Requena huyó del país. Hasta ahora el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, no ha salido a explicar dicha evasión, cómo se llevó a cabo y de dónde salió hacia Panamá, Brasil, España y otros países que el presunto criminal pisó como prófugo de la justicia. Algunas fuentes consultadas sostienen que Adán Augusto López y otros cómplices le aconsejaron que se fuera del país y que lo sacaron del territorio en un avión privado con una ruta de vuelo falseada con otro nombre y destino. Pero tal versión tendrá que ser corroborada o desmentida por la propia FGR.
Este no es el único caso que escandalizó al país durante la semana anterior y lo que va de la actual. El otro tema más que polémico fue el agarrón entre el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, y la presidenta Shienbaum.
El abogado norteamericano acusó a la presidenta Shienbaum de ser el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante –se refiere al cártel de Sinaloa y en particular al ala que encabezaba Ismael “El Mayo” Zambada –y también cuestionó que Zambada nunca fue perseguido y menos detenido en México durante más de cuarenta años.
El defensor de Guzmán López, “El Ratón”, también se refirió con vehemencia al caso del general Salvador Cienfuegos, pues cuestionó que la FGR –y el gobierno de México –incumplieron el acuerdo con Estados Unidos, en el sentido de que le retirarían los cargos el exsecretario de la Defensa Nacional con el compromiso de que la FGR lo sometiera a una investigación. Para ello, la DEA les entregó una parte del expediente que integraron contra el militar y que sirvió para capturarlo en el aeropuerto de Los Ángeles, California.
El abogado de Ovidio Guzmán puso el dedo en la llaga cuando acusó al gobierno mexicano de desestimar la investigación de la DEA, de no llevar a cabo la investigación contra Cienfuegos y de haberlo liberado, lo cual causó mucha molestia en los más altos círculos del gobierno de Estados Unidos y de la DEA.
Esto provocó que el gobierno de Estados Unidos rompiera relaciones de colaboración con México por la desconfianza y, peor aún, dicha desconfianza se agravó todavía más cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acotó el accionar de la DEA en territorio mexicano mediante una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, pues sometió a las agencias extranjeras a informarle al Ejército Mexicano respecto de sus actividades de investigación en México.
También molestó a Estados Unidos que López Obrador acusara a la DEA de haber fabricado el expediente criminal contra el general Cienfuegos, a quien se acusó de proteger las actividades del cártel H2, un brazo del grupo Beltrán Leyva.
La rispidez continuó durante todo el gobierno de López Obrador y la heredó a su sucesora, Claudia Sheinbaum, pues ahora muchos capos de la droga –incluidos los 29 expulsados de México, entre ellos Rafael Caro Quintero –podrían empezar a hablar porque llegaron a Estados Unidos por vías que los colocan en situación de indefensión y pueden ser sentenciados a pena de muerte por no haber sido extraditados por la vía legal.
El caso de Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín –quien se declarará culpable en septiembre próximo para acogerse al programa de testigos colaboradores –se han convertido en una verdadera pesadilla para el gobierno mexicano, pues ambos cuentan con mucha información sobre las relaciones políticas y empresariales que el cártel de Sinaloa tejió durante el gobierno de López Obrador.
Este escenario colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una suerte de encrucijada, pues no es nada sano que ella siga haciendo el papel de pararrayos de los amigos y cómplices de López Obrador presuntamente ligados al narcotráfico y al tráfico de combustibles robados.
La presidenta tendrá que dar un manotazo y bastante fuerte para procesar a políticos de su partido, también a empresarios, antes de que los golpes le lleguen desde Estados Unidos mediante solicitudes de capturas o de extradición de personajes de la llamada Cuarta Transformación.
Y esto implicaría un deslinde de López Obrador, aunque tal hecho no se ve, por ahora, viable sino hasta la mitad del sexenio, cuando concluya la Legislatura que entró en funciones en septiembre de 2024.
Hay muchos personajes en la lista que son candidatos a prisión –ya en Estados Unidos o en México –y para limpiar al poder político primero se tiene que sanear la estructura gubernamental y legislativa que actualmente está contaminada con presuntas acciones de corrupción.
Otra amenaza que puede sacudir al país es la de aplicarle a México un arancel del 30 por ciento a todos los productos que exporta a Estados Unidos, lo que explicaría que México no ha dado los resultados que el país vecino desea en el freno al tráfico de fentanilo, el cual sigue cruzando por la frontera.
Algo tendrá que hacer la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas voces insisten en que debe romper con su antecesor y procesar a los huachicoleros que despachan como senadores, diputados o bien cuentan con empresas dedicadas a ese negocio ilegal.
De no hacerlo, los golpes contundentes vendrán de Estados Unidos.