El lunes 8 de abril, con el shock del rancho de Teuchitlán encima de todos, se reunieron en un hotel de la Ciudad de México representantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien reconoció ahí que no existía una cifra real de desaparecidos en México. Indira Navarro, cabeza del colectivo, valoró el trato que recibieron. Se escucharon, no riñeron y, cuando pudieron, se abrazaron. Rosa Icela garantizó que la instrucción de la Presidenta era atender como prioridad de Estado la desaparición de personas.
Hubo compromisos, se despidieron en paz. Una musicalidad distinta, femenina, prometedora pareció envolver una esperanza en la tragedia. Pero no hubo segunda reunión. Los buscadores de Jalisco afirman hoy que ninguna de sus propuestas fue tomada en cuenta en el desarrollo y culminación de la Ley de Desaparición Forzada que se aprobó en la semana. “Fuimos una burla para la Presidenta”, me dice Raúl Servín, portavoz del colectivo.
“Hicieron su reforma a conveniencia, no estamos de acuerdo con ella”. Qué tristeza escucharlo. Y en Jalisco, según Servín, las cosas están tan mal como antes. Tres meses después, decepcionados, sin refuerzos, con una ley que no les dice nada, siguen en lo suyo: buscar a los suyos. Qué otra.