El Gobierno mexicano recibió con alivio la prórroga de 90 días anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump para suspender nuevos aranceles a productos mexicanos, mientras un Tribunal de Apelaciones en Estados Unidos comenzó a cuestionar la legalidad del mecanismo que utiliza la Casa Blanca para imponer esas tarifas sin autorización del Congreso.
Los jueces expresaron dudas sobre el uso de una ley de los años 70, impulsada durante el mandato de Richard Nixon, que permitía imponer medidas arancelarias de forma temporal. Una corte de primera instancia ya había determinado que la Constitución estadounidense otorga exclusivamente al Congreso la facultad de definir la política comercial, lo que abre la puerta a que los acuerdos bilaterales impulsados por Trump puedan quedar invalidados.
El contexto legal cobra relevancia tras el acuerdo alcanzado entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, que evitó la entrada en vigor de aranceles del 30% este 1 de agosto. El pacto mantiene las tarifas actuales: 25% al fentanilo, 25% a los automóviles y 50% al acero, aluminio y cobre. México, por su parte, acordó eliminar de inmediato sus barreras comerciales no arancelarias.
La administración mexicana apuesta ahora a que los tribunales de EE.UU. frenen la estrategia comercial de Trump, que ha sido criticada por basarse en criterios políticos más que económicos, como en el caso de Brasil, país con superávit comercial favorable a Washington, pero que enfrenta aranceles del 50% debido a disputas relacionadas con el expresidente Jair Bolsonaro.
En paralelo, Sheinbaum ha optado por una estrategia de contención, evitando represalias comerciales y manteniendo el diálogo, a diferencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien tras anunciar que su país podría reconocer a un eventual Estado palestino, enfrentó un arancel del 35% por parte de Trump para todo producto fuera del T-MEC.
A nivel interno, el manejo de la crisis le otorga margen político a Sheinbaum dentro del oficialismo, en una semana marcada por rumores sobre detenciones, cancelaciones de visados y supuesta vigilancia extranjera a figuras de Morena.
