Una decisión judicial en Nueva York acaba de volver a prender la mecha del escándalo más sonado en la historia reciente del futbol global: el FIFAgate. Esta vez la onda expansiva apunta directamente a Fox Corporation y a uno de sus operadores más cercanos en América Latina, Carlos Enrique Martínez Sánchez, actual directivo de la firma y exsubordinado de Hernán López, el ejecutivo cuyo caso –con folio 23-7183– acaba de ser reabierto por un tribunal de circuito en Estados Unidos.
La resolución de la Corte no es menor. En términos prácticos implica que el argumento principal de la defensa, en torno a que la ley estadounidense no podía aplicarse a sobornos hechos en el extranjero, fue desmontado por completo. El nuevo fallo reconoce que López, y por ende Fox Corporation, actuaron bajo un esquema de sobornos sistemáticos para asegurarse los derechos de transmisión de torneos clave como la Copa Libertadores y los Mundiales de 2018 y 2022. Y, lo más revelador: que lo hicieron con recursos corporativos y en beneficio directo de la empresa.
La atención ahora recae sobre Carlos Martínez, quien figura en documentos judiciales como pieza clave del mecanismo. Entre 2011 y 2014 fue parte del equipo que ideó y operó contratos diseñados no para formalizar acuerdos comerciales, sino para presuntamente encubrir pagos ilícitos. Martínez no solo ejecutó las instrucciones de López, también participó activamente en la ingeniería jurídica de la estrategia, con el objetivo de “borrar las huellas” de la empresa matriz, Fox Corporation, cuyo legado, con todo y pasivos legales, heredó Fox Corporation tras la venta parcial a Disney.
El caso tiene un ángulo aún más turbio. El célebre “whistleblower” (o denunciante), quien supuestamente destapó las irregularidades, habría sido en realidad parte de una simulación orquestada por la propia Fox Corporation. El equipo legal de Fox Corporation promovió la figura de un “denunciante” para iniciar una auditoría interna que, lejos de representar una investigación imparcial, fue completamente controlada por la compañía.
Este patrón recuerda a otras maniobras de grandes corporativos cuando enfrentan potenciales escándalos financieros: se monta una denuncia ficticia, se “audita internamente”, se limpia el expediente y se usa esa misma “investigación” como defensa futura. Fox Corporation habría usado esa estrategia y Carlos Martínez fue uno de los ejecutores de confianza durante esa etapa.
A pesar de estos antecedentes, Martínez no solo sigue activo en la industria, sino que es uno de los operadores más visibles de Fox Corporation en la región, participando en recientes movimientos de transmisión en el futbol mexicano, incluyendo la disputa por los derechos del Club León y el Club Pachuca y la compra de Caliente TV. La misma persona que, según el Tribunal de Apelación de Nueva York, ayudó a estructurar contratos que “minimizaban el rastro documental” de los sobornos.
La reapertura del caso contra López podría abrir una caja de Pandora, con la que se pone en entredicho la responsabilidad corporativa de Fox Corporation y el rol de sus actuales representantes. De prosperar nuevas acciones legales, Carlos Martínez podría convertirse de testigo a imputado, arrastrando consigo a una de las marcas más poderosas de la televisión mundial.
En el papel, Fox Corporation asegura que estos hechos ocurrieron antes de la escisión entre Fox Corporation y Disney, pero en los hechos fue la empresa estadounidense la beneficiaria directa del esquema. Y el blindaje legal que construyó, con abogados leales y auditorías simuladas, podría no ser suficiente para frenar la marea judicial que se avecina.
Este fin de semana, un reportaje publicado por la prensa de Israel volvió a poner en el foco público al expresidente Enrique Peña Nieto. Dos empresarios israelíes, Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah, denunciaron haber entregado un supuesto soborno de 25 millones de dólares al exmandatario para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México. Sin embargo, el expresidente negó la acusación, la cual consideró “totalmente falsa y una insinuación carente de sustento”.
“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente”, expuso el expresidente. Lo más relevante del mensaje de Peña Nieto fue su remate: “Queda duda, en interés de quienes, se hace tal publicación”. Al parecer el también exgobernador del Estado de México sospecha de alguien que tiene interés de golpearlo con un tema relacionado a la seguridad y el espionaje.
En los círculos políticos y empresariales mexiquenses se comienza a relacionar el tema con un grupo que recién ha venido ganando contratos en el Edomex, entre otras cosas de arrendamiento automotriz, a pesar de que uno de los empresarios integrantes del consorcio más bien tiene una especie de monopolio en la venta de alimentos dentro de prisiones y, en general, en todo el sector público.
Dentro de los intereses de este grupo también estaría el negocio de la seguridad y la videovigilancia, donde la empresa Seguritech es principal proveedor de estos sistemas, incluido el monitoreo electrónico y el mantenimiento de la infraestructura.
La empresa de seguridad que encabeza Ariel Picker mantiene varios contratos que vienen de sexenios anteriores y que se han ido renovando en el actual, sin embargo, al parecer hay muchos otros interesados que buscan darle una mordida a ese lucrativo, pero muy especializado negocio.
El viernes por la noche, la Secretaría de Hacienda anunció que inició el proceso para transferir temporalmente el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo, luego de que dichas instituciones fueran intervenidas por presuntamente lavar dinero del crimen organizado.
“En el marco de la intervención gerencial aplicada a CIBanco e Intercam Banco establecida en la Ley de Instituciones de Crédito, se ha iniciado un proceso para escindir el negocio fiduciario de ambas instituciones”, detalló la dependencia a cargo de Edgar Amador, quien expuso que dicha medida tiene como propósito garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran estas dos entidades financieras.
A propósito de Hacienda y la campaña que se ha echado a andar para desestabilizar al actual secretario, hay algunas novedades. Amador ya acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum los pasos a seguir en el tema de las instituciones señaladas por el Tesoro de los Estados Unidos, las cuales básicamente tienen que ver con reforzar la comunicación y el intercambio de información con ese país, para evitar otra sorpresa.
Y es que si bien en la reunión que tuvo Amador con el secretario Scott Bessent, en abril pasado durante las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se habló del tema de las investigaciones, al igual que durante la Convención Bancaria de mayo, había un acuerdo de colaboración que no se respetó.
El asunto es que el ambiente sigue muy tenso dentro de Hacienda, principalmente generado por los funcionarios que impuso el exsecretario Rogelio Ramírez de la O y de algunos otros que no son del equipo del secretario, en el que sí se encuentran Luz Elena González, Bertha Gómez, Omar García Harfuch y la propia Sheinbaum. El último secretario del ramo que heredó López Obrador debería estar haciendo gestiones en Estados Unidos desde su cargo como asesor internacional del gobierno mexicano, en lugar de buscar porristas que lo defiendan en los medios.
En este espacio revelamos en febrero pasado que en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), a cargo de Pablo Escalona, se investigaba a Gabriela Guerrero Aguilar, titular de Administración del Patrimonio Inmobiliario, entre otras cosas por haber respaldado los avalúos de la refinería de Dos Bocas a un valor 100% mayor que el real, es decir por 370 mil millones de pesos.
También por el caso de la adquisición de cuatro desaladoras por las que Pemex pagó 28 millones 242 mil dólares, mismas que no están en uso para retirar el exceso de sal del crudo que se inyecta a la malograda refinería de Dos Bocas.
Otro caso fue el del avalúo de la Autopista Arco Norte, construida y concesionada a Grupo Carso e IDEAL, del magnate Carlos Slim Helú, en 120 mil millones de pesos, aunque su valor real es de 30 mil millones de pesos. Por esta situación, el Servicio de Administración Tributaria determinó diferencias de ISR por cerca de 30 mil millones de pesos.
Bueno, la noticia es que Guerrero Aguilar ya fue removida del Indaabin. En su lugar se espera que llegue Álvaro Lomelí Convarrubias, actual coordinador General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad en la Sedatu. Se trata de un urbanógrafo que ya se ha involucrado en temas del Instituto.