Hoy, a las 10 de la mañana, será la audiencia de Ovidio Guzmán López en la corte del norte de Illinois, en Chicago, y difícilmente habrá, como muchos esperan, grandes revelaciones, por lo menos no en esta comparecencia.

Lo que se espera es que la Fiscalía presente los cargos, que la defensa de Ovidio los acepte y se declare culpable de los mismos y, como ya lo está haciendo, se convierta en un colaborador de la Fiscalía. La llegada de 17 familiares a San Isidro en mayo pasado, encabezados por su madre, Griselda, una mujer muy involucrada en los negocios del cártel y que siempre fue de toda la confianza del Chapo Guzmán, es simplemente la confirmación de ese esquema de colaboración, en el que también estaría participando su hermano Joaquín, y a fin de mes sabremos si el Mayo Zambada seguirá también, como es probable, ese camino.

Pero, sin duda, con la colaboración de delincuentes como Ovidio, su hermano Joaquín y muchos otros, las autoridades estadunidenses tendrán, tienen ya, un enorme caudal de información sobre el crimen organizado en México. Esa información no la conoceremos en un juicio porque para poder entrar en el esquema de colaboración tiene que haber una declaratoria de culpabilidad, pero será, es, sin duda, un verdadero arsenal en manos del gobierno estadunidense.

Pero no se trata sólo de información y testigos colaboradores, lo cierto es que las agencias de seguridad tendrán más recursos que nunca. En el presupuesto que se aprobó por el Congreso estadunidense el viernes pasado, los recursos para seguridad fronteriza han aumentado radicalmente. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrá un presupuesto de 165 mil millones de dólares para operaciones de seguridad, control migratorio y combate al narcotráfico, incluyendo el fentanilo.

Como parte del mismo se destinarán a la construcción del muro fronterizo 46 mil 500 millones para finalizar y mejorarlo, pero, sobre todo, serán para una suerte de muro cibernético, con tecnología de detección y vigilancia. Para lo que llaman transporte para remociones y deportaciones habrá nada menos que 14 mil 400 millones destinados a la logística de expulsión de migrantes y criminales, y se intentará utilizar esos recursos en expulsiones a terceros países, como las realizadas a Guantánamo, El Salvador y Sudán del Sur.

El presupuesto contempla fuertes reembolsos a los estados que tomen acciones de seguridad fronteriza. Serán 12 mil millones para los estados que han implementado programas de control fronterizo, como Texas o Florida. Se incrementará la contratación de personal de la Patrulla Fronteriza y Aduanas, y para eso hay 4 mil cien millones para integrar tres mil nuevos agentes al CBP y otros tres mil oficiales al servicio de aduanas.

Para actividades de tecnología y vigilancia habrá tres mil 200 millones para nuevas tecnologías de monitoreo y 2 mil 700 millones para sistemas de vigilancia de última generación. En la expansión de la flota de vehículos de CBP, la patrulla fronteriza, se usarán 855 millones destinados a renovar y ampliar los vehículos utilizados en la frontera. El fondo para el ICE y para la aplicación de la ley migratoria tiene asignados más de 100 mil millones hasta 2029, permitiendo duplicar la capacidad de detención y aumentar el personal de control migratorio.

La combinación de información y recursos para perseguir delitos será brutal. En México no tenemos ni remotamente nada parecido. Con todo, seguimos siendo un país que invierte, como porcentaje del PIB, muy poco en defensa y seguridad, aproximadamente la mitad de lo que invierten Colombia, Chile y Argentina como porcentaje del PIB. E institucionalmente, con todo y las reformas aprobadas, aún estamos en pañales.

A eso súmele usted que no tendremos por un buen tiempo un Poder Judicial que funcione. Apenas esta semana hubo una primera reunión entre el futuro ministro presidente de la Corte, Héctor Aguilar, y la ministra saliente, Norma Piña, pero exista o no voluntad para una transición ordenada, los rezagos son enormes, más de mil 500 casos están en espera, ya no se trabajará con dos salas, sino con una, la mayoría de los ministros no tiene experiencia, los órganos administrativos aprobados por la reforma aún no existen y el sistema hacia abajo está en una situación crítica: no sólo llegan a nuevos cargos más de 800 nuevos magistrados y jueces, sino que otros 800, al ver cancelada la carrera judicial, han renunciado o han pedido su retiro adelantado. Nadie sabe cómo se ocuparán esas plazas de los trabajadores que son los que hacen funcionar, de verdad, el Poder Judicial. Y, además, no hay recursos porque la reducción presupuestal ha sido brutal.

Pasarán muchos meses hasta que el Poder Judicial pueda simplemente comenzar a funcionar con cierta estabilidad. Aunque eso puede terminar ocupando años, porque, según la reforma, la otra mitad del sistema judicial que no se renovó con las elecciones de este año tendrá que hacerlo en 2027 y lo hará, para colmo, en forma simultánea con las elecciones legislativas y de 16 gobernadores. Un diseño para el vacío judicial y la quiebra del sistema.

Jorge Fernández Menéndez

Jorge Fernández Menéndez es periodista y analista, conductor de Todo Personal en ADN40. Escribe la columna Razones en Excélsior y participa en Confidencial de Heraldo Radio, ofreciendo un enfoque profundo sobre política y seguridad.

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