DE LAS MIL 300 claves de medicamento a ser licitadas, según la Demanda consolidada del sector, Birmex asignó un primer paquete con aproximadamente 900 claves.
Como parte de estas asignaciones, se cancelaron alrededor de 600 claves con sobreprecio. Al revisarlas, las que no estuvieron infladas, los proveedores fueron citados y en la mesa se las reasignaron.
Entretanto, en las que tuvieron sobreprecio, los proveedores fueron convocados a una subasta inversa y se las asignaron a quienes ofertaron a la empresa estatal encomendada a Carlos Ulloa un mejor precio.
Ahora, por enésima ocasión, viene en camino ooooootra nueva licitación, de aproximadamente 700 claves, con un monto económico superior a los 50 mil millones de pesos.
Con esa cobertura de claves, ¿cómo es que engañan a la Presidenta para hacerle decir que el abasto se va a resolver dentro de 15 o 30 días, cuando aún no hay ni fecha de publicación ni la lista de claves?
Es bien sabido que, pese a que se dice que Birmex está administrando y operando esta nueva compra, en la práctica quien evalúa y decide es la Subsecretaría, a cargo de Eduardo Clark.
Es su gente, cara a cara, la que lleva la voz cantante en las negociaciones con los diferentes laboratorios nacionales y extranjeros y demás proveedores de medicinas e insumos para la salud.
Lo extraño es que ese mismo grupo participó también, en forma anónima, en la evaluación de las claves que fueron adjudicadas con sobreprecio, y que causó la purga en Birmex y que propicia el desabasto.
¿Recuerda no? La cancelación de la compra que hizo la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que lleva Raquel Buenrostro, y la salida del anterior director de Birmex, Iván Omar Olmos Cansino.
Lo que las cámaras y asociaciones del sector dicen es que la soberbia gubernamental no les ha permitido entender que salieron a comprar tarde, prácticamente a partir del 15 de diciembre.
Y están aún esperando que existan proveedores con grandes volúmenes de medicamento, para surtir los próximos 18 meses.
TAL CUAL LE adelanté, ayer llegó el primer avión Embraer para la nueva flota de Mexicana de Aviación, que dirige el general Leobardo Ávila Bojórquez. Se trata de un E195 E2, con capacidad hasta para 132 pasajeros. La empresa brasileña que comanda Francisco Gomes Neto los irá entregando a partir de este segundo semestre de 2025 y hasta finales de 2027. En mayo del año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, que ahora dirige el general Ricardo Trevilla, hizo un primer pago de 41.5 millones de dólares y apenas, en mayo pasado, otro por 39 millones. Restan nueve aeronaves E 195 E2 y otras 10 del modelo E190 E2 para 114 personas. El calendario de pagos entre el gobierno mexicano y la empresa brasileña quedó de la siguiente manera: 211.87 millones de dólares más se liquidarán este año, 243.37 millones en 2026 y otros 214.5 millones de dólares en 2027. En total, la administración de Claudia Sheinbaum pagará un total de 750 millones por esa flota de 20 aeronaves, con las cuales la 4T intentará arrebatarle una rebanada del mercado a Aeroméxico que dirige Andrés Conesa, Volaris que capitanea Enrique Beltranena y Viva Aerobús que preside Roberto Alcántara.
EL BANCO DEL Bienestar, que dirige Víctor Manuel Lamoyi, también está en la mira del FinCEN. Si bien le es aplicable la misma regulación que al resto de los bancos comerciales y pasa por el rasero de la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros “A”, a cargo de Francisco Javier Vega, a quien le encomendó el secretario de Hacienda las intervenciones gerenciales de CI Banco de Jorge Rangel de Alba, Intercam Banco de Eduardo García Lecuona e, incluso, la Casa de Bolsa Vector de Alfonso Romo, el banco del gobierno federal opera con una alta discrecionalidad. Banco del Bienestar está obligado a tener un sistema a prueba de balas en materia de lavado de dinero por el riesgo reputacional hacia el gobierno. Pero hay dudas fundadas de que se hayan aplicado los protocolos de seguimiento y prevención. Banco del Bienestar fue usado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para triangular operaciones comerciales con Venezuela y también fue tanta su exposición en remesas que envían migrantes que, en febrero de 2023, tuvo que salir de ese negocio. Lo traspasó a Telecomm.
TAMBIÉN DONDE ANDAN nerviosos de que su nombre pueda saltar de la lista de 10 instituciones que ya adelantó el Departamento del Tesoro de Scott Bessent que investiga por presunto lavado de dinero, es Bancoppel, el brazo financiero del influyente Grupo Coppel, que preside Agustín Coppel Luken. Y es que la institución maneja por sí sola alrededor de 30% de las remesas que llegan al país. El banco se ha esforzado por identificar el origen del dinero, aplicando sistemas de reconocimiento de quién envía y quién recibe. De hecho, más de 65% de los envíos están de alguna forma “certificados”. Pero la duda es que si para la llamada Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el FinCEN, agencia que tripula Andrea Gacki, es suficiente lo que hace el banco dirigido por Carlos López Moctezuma. Todos los bancos tienen esa incertidumbre.
PUES NADA, EL Banco Famsa no pudo cumplir el convenio al que se había comprometido con el conciliador Roberto Barquera y éste ya solicitó al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil y de Trabajo de Nuevo León, la quiebra del banco. La familia de Humberto Garza quiso renegociar los términos y no logró el apoyo de los acreedores. Hablamos de Bancomext que dirige Luis Antonio Ramírez, Multiva que dirige Tamara Caballero, Monex de Héctor Lagos Dondé, Banco del Bajío de Salvador Oñate y proveedores como Whirpool, que lleva Juan Carlos Puente, entre otro más. El banco fue declarado en concurso mercantil en noviembre de 2020. Fue el primer banco que quebró en la era de la 4T, después vino Accendo, el de Javier Reyes de la Campa.