En la Secretaría de Hacienda pegó muy fuerte el anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos respecto a las restricciones para tres instituciones financieras mexicanas que fueron señaladas, presuntamente, de lavar dinero para el crimen organizado. La “bomba” del FinCEN atizó las pugnas internas que venían complicando algunos de los nombramientos clave que están pendientes, como el de la Subsecretaría de Hacienda que dejó vacante Edgar Amador para asumir la titularidad de la dependencia.
El cargo, que lleva cuatro meses desocupado, ha dividido a los principales operadores de la política económica y financiera del país, quienes ven la oportunidad de tomar un rol de mayor protagonismo en el gabinete. Los más interesados en aprovechar ese escenario son los perfiles impulsados por el exsecretario Rogelio Ramírez de la O, quien tras dejar Hacienda supuestamente se convirtió en asesor económico internacional de la Presidencia. Si no fue una broma o un intento de salida decoroso, en estos momentos debería estar cabildeando la acusación contra los tres intermediarios financieros mexicanos en Estados Unidos.
Días antes del anuncio demoledor de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en la Secretaría de Hacienda crecían los rumores sobre una división entre los funcionarios del más alto nivel, unos porque son parte del grupo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y le reportan directamente, como la subsecretaria Bertha Castro; otros, como Edgar Amador, más bien cercano a la secretaria de Energía, Luz Elena González; y Carlos Lerma, del grupo que dejó incrustado Ramírez de la O en Hacienda, actualmente al frente de la Subsecretaría de Ingresos que tanto peleó que fuera restituida para restarle poder al SAT, de Antonio Martínez Dagnino, quien pertenece al grupo de Andrés Manuel López Beltrán.
El escándalo que hizo explotar el Departamento de Estado de Estados Unidos contra Vector, CIBanco e Intercam ha colocado a Amador en una posición de mucho desgaste, pues aunque el tema viene de los gobiernos anteriores, es decir de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden, fue el actual mandatario estadounidense Donald Trump y su cruzada contra los criminales y el fentanilo quien terminó por reventarlo.
El argumento contra el secretario de Hacienda es que se encontraba plenamente enterado de las investigaciones que Estados Unidos seguía sobre los intermediarios financieros. Apenas en abril pasado se reunió en Washington DC con el secretario del Tesoro, Scott K. H. Bessent, y se trató el tema. Incluso otros funcionarios estadounidenses alertaron a los banqueros mexicanos y a otros integrantes del gabinete de Sheinbaum sobre lo que podría venir. Ya sea porque se desestimó la amenaza o porque realmente no se lograron detectar las operaciones de lavado de dinero, tal cual lo argumentó recientemente la dependencia en un comunicado conjunto con la CNBV y la UIF, no se actuó preventivamente.
Para muestra del clima que priva en Hacienda, el pasado viernes, durante una reunión urgente, el actual jefe de la Oficina de la Secretaría de Hacienda, Roberto Lazzeri, habría amagado con dejar la dependencia si no se le nombraba como subsecretario del ramo. La respuesta a esta bravata no pudo ser afirmativa porque se argumentó que a la Presidenta Claudia Sheinbaum le gustaría colocar en esa posición a una mujer, por lo que la beneficiaría sería la titular de la Unidad de Crédito Público, Maricarmen Bonilla.
Lazzeri era la mano derecha del exsecretario Ramírez de la O, quien al parecer estaría buscando mantener cierta influencia en los cargos clave de la dependencia. La coyuntura actual, dada la presión inédita ejercida por los Estados Unidos contra el sector financiero mexicano, está siendo aprovechada para moverle el piso a Edgar Amador. Ojalá que no suceda porque debilitar al secretario de Hacienda en estos momentos sería suicida.
El rumor, desestimado incluso por morenistas, se confirmó y Hugo López-Gatell será el próximo representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Claro que sí, yo lo propuse, sin problema lo puedo decir con gusto”, dijo ayer en su conferencia la Presidenta Claudia Sheinbaum. “No se requiere nombramiento del Senado (como lo supuso el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña)”, añadió.
La confirmación de la Presidenta desató una ola de críticas y cuestionamientos contra el exsubsecretario de Salud del gobierno de López Obrador, no sólo porque la propia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de la CDMX, lo contravino por el semáforo epidemiológico durante la pandemia y luego lo criticó por tomar vacaciones durante la emergencia sanitaria.
La pregunta y esperanza de muchos mexicanos es si la OMS puede rechazar su designación o reservarse el derecho de admisión. La realidad es que sí, pero es complicado. La OMS tiene cierto margen para decidir a quién recibe como representante de un gobierno, pero esta decisión debe cumplir con principios diplomáticos y administrativos establecidos en su constitución y normativas internas.
Algunas razones podría ser de carácter técnico-administrativo, es decir, si la persona no cuenta con las credenciales necesarias, si la solicitud no está dentro de los procedimientos oficiales, si hay conflictos con los valores fundamentales de la OMS (como la promoción de salud sin discriminación), o circunstancias excepcionales. En casos graves, se pueden esgrimir violaciones flagrantes de derechos humanos o conflictos con los principios de la ONU o la OMS.
Quizá las críticas airadas del exjefe de López Gatell y su principal impulsor, el expresidente López Obrador contra la ONU y la OMS, sirvan de algo para evitar su promoción. A estos organismos AMLO los tildó de “floreros”, los llamó un “cero a la izquierda” y los criticó por su “falta de acción ante desigualdades y la corrupción”.
Mal y de malas le ha ido al gobierno panista de la mandataria Libia Denisse García. A las 25 masacres registradas en Guanajuato entre enero y mayo de 2025, con lo que lidera la estadística nacional, y los mil 435 homicidios dolosos entre enero y mayo de 2025 (un aumento de 17.9 % más que en el mismo periodo de 2024) se suma ahora el escándalo en el que se vio envuelto su predecesor, el ex gobernador Diego Sinué con la llamada “Casa Azul” ligada a la empresa Seguritech.
Primero, la gobernadora Libia Dennise García evitó dar declaraciones a la prensa, y luego reconoció que la compañía sigue siendo proveedora de su administración, aunque los contratos no están disponibles supuestamente por un asunto de “seguridad”. También dijo que investigará a su antecesor, pero aunque se ha intentado plegar a ciertos lineamientos de Morena, en el PAN al parecer le tiene prohibido realizar alguna acción con esta.
El asunto ahora es que a la empresa Seguritech, de Ariel Picker, le comenzó a llover sobre mojado. Primero esto y luego la cancelación de contratos por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que encabeza Rafael Marín Mollinedo. En 2022, la empresa firmó un contrato por alrededor de mil 354 millones de pesos para el mantenimiento de los equipos THSCAN de revisión no intrusiva adquiridos por el SAT.
Ahora se están llevando a cabo auditorías en todos los contratos de la empresa con el gobierno federal y los gobiernos estatales donde gobierna Morena. Los encargados de esto son Raquel Buenrostro, desde la Secretaría Anticorrupción, Pablo Gómez, en la UIF y la Auditoría Superior de la Federación.
Seguritech, por su parte, se ha defendido al asegurar que sus contratos fueron obtenidos por licitación y justificados por la alta especialización de los equipos, así como por su certificación única.
Donde también van de mal en peor es en Acapulco, o más propiamente hablando a la alcaldesa Abelina López, quien sigue negándose a entregar información sobre el uso de los 898 millones de pesos que le solicitó la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
El diputado Joaquín Badillo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero, me dijo ayer en entrevista que el municipio de Acapulco tiene más de 10 procedimientos que suman más de 2 mil 176 millones de pesos de los periodos 2021, 2022 y 2023; otros mil 163 millones correspondientes a la Auditoría Superior del Estado y 115 millones observados por la Auditoría Superior de la Federación. En total, los cientos de millones de pesos extraviados supuestamente se utilizarían para obra pública que tanto requiere la ciudad tras los fenómenos naturales que la han impactado recientemente.
Así que se le siguen acumulando a Abelina López las cuentas por comprobar.