La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles anomalías por 661 millones de pesos en el ejercicio del gasto público, de los cuales 413 millones corresponden a entes estatales y municipales, y 248 millones a instancias del gobierno federal. Así lo informó el titular del órgano fiscalizador, David Colmenares Páramo, durante la entrega del primer informe de la Cuenta Pública 2024 en la Cámara de Diputados.

Durante la presentación del documento ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, Colmenares precisó que el 60% de las observaciones detectadas corresponde a los estados de la República, 30% a dependencias federales y el 10% restante a Empresas Productivas del Estado y algunas Secretarías.

Esta primera entrega incluye 152 auditorías, que representan apenas el 7% del total previsto para la Cuenta Pública del último año del sexenio anterior, que contempla 2 mil 199 auditorías en total.

Diputados de distintas bancadas expresaron preocupaciones sobre la limitada fiscalización a obras federales de alto costo, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Claudia Salas, legisladora de Movimiento Ciudadano, cuestionó que solo se haya auditado el 0.014% del presupuesto de Dos Bocas, a pesar de que la obra ha triplicado su costo original.

Por su parte, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del PAN, pidió a la ASF priorizar las auditorías donde se concentran los mayores recursos públicos y no relegar el escrutinio del gasto federal. “Que se deje de actuar como si el gasto federal fuera invisible o incluso intocable”, reclamó.

En respuesta a estos señalamientos, Colmenares explicó que este año se alcanzará una cobertura inédita del 40% de entes de gobierno municipal, al auditar mil once municipios de 19 estados, y se revisarán también los 32 estados en lo relativo a los recursos federales destinados al sector salud.

El diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, exigió que las auditorías deriven en sanciones concretas y no queden solo en observaciones. Reconoció que se han iniciado más de 4 mil 900 expedientes por posibles faltas graves que involucran más de 180 mil millones de pesos, además de 11 mil procedimientos por faltas no graves.