La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra la casa de bolsa Vector tras detectar transferencias por casi 100 millones de pesos provenientes de una empresa fachada ligada al Cártel de Sinaloa. Se trata de Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., señalada por el Gobierno mexicano y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red internacional de lavado de dinero vinculada a grupos criminales.
Según documentos fiscales obtenidos por EL PAÍS, Murata transfirió 97.6 millones de pesos a Vector entre enero y julio de 2017 a través de 53 operaciones. La empresa fue declarada como compañía fantasma definitiva por el SAT en 2021, tras descubrirse que simulaba operaciones comerciales y emitía facturas falsas para blanquear dinero del narcotráfico. La Secretaría de Hacienda ya la inhabilitó.
El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y se encuentra en fase de análisis junto con una denuncia presentada por una organización civil, que aportó pruebas de los movimientos entre ambas entidades. Entre las transferencias destacan operaciones pequeñas para no levantar alertas —como una por 187 pesos— y otras de gran volumen, incluyendo una por 19.9 millones en una sola exhibición.
Murata fue constituida en 2014 por el hijo de Nino Ferrari Gleason, brazo derecho de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias “La Trilladora”, quien fue operador financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la FGR, La Trilladora habría blanqueado más de 6 mil millones de pesos y financiado la construcción del túnel por el que escapó El Chapo del penal del Altiplano en 2015. A pesar de esto, en febrero de 2025 recibió una sentencia mínima, luego de que el juez desestimó los principales cargos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Vector, CI Banco e Intercam en una lista de instituciones señaladas por haber facilitado el blanqueo de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Acusó que estas firmas también sirvieron como intermediarias en pagos para adquirir precursores químicos del fentanilo desde China.
Vector administra alrededor de 11 mil millones de dólares en activos y entre sus accionistas figura Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La firma se ha negado a emitir comentarios sobre la investigación.
Murata también recibió más de 301 millones de pesos en contratos públicos, principalmente de gobiernos encabezados por el PRI. Solo en Nuevo León obtuvo 279 millones, entre ellos, un contrato con la alcaldía de Monterrey para impartir talleres de sexualidad y prevención de accidentes, pese a declararse como firma del sector militar. En ese tiempo, el alcalde era Adrián de la Garza, quien recientemente regresó al cargo.
Murata también ha sido vinculada a desvíos en Chiapas durante la administración de Manuel Velasco y a personajes relacionados con fraudes como el caso Monex de 2012 y la estafa piramidal ads-broker, que afectó a miles de inversionistas en España.