Laisha Michelle Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, logró recuperar una casa en Tijuana que había sido asegurada por el gobierno mexicano desde 2017. Un juez federal en Baja California resolvió en febrero de 2024 que su parentesco con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no constituía prueba suficiente para vincular el inmueble con actividades ilícitas.
La propiedad estaba bajo resguardo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) tras una acusación de lavado de dinero contra su madre, Rosalinda González Valencia. Sin embargo, la defensa de Laisha demostró que la vivienda fue adquirida a su nombre cuando era menor de edad y que su madre actuó únicamente como gestora de la compra. La Fiscalía General de la República (FGR) no logró probar que el inmueble estuviera relacionado con delitos.
Actualmente, Laisha Oseguera mantiene un segundo juicio abierto para intentar recuperar otra residencia, mientras que la red financiera del CJNG sigue activa en el país. Según registros oficiales, diversas personas y empresas vinculadas con el cártel han logrado descongelar cuentas bancarias, recuperar propiedades aseguradas y mantener operaciones comerciales, incluso cuando los implicados se encuentran presos o son considerados objetivos prioritarios por el gobierno federal.
Desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a 87 personas físicas y 125 empresas relacionadas con el lavado de dinero del CJNG. A ellas se suman 33 personas más señaladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que da un total de 245 individuos y entidades vinculadas con la estructura financiera del cártel.
De todos estos, solo 21 personas (17%) han sido detenidas o han cumplido alguna condena en México o en Estados Unidos. Además, al menos ocho empresas relacionadas con familiares de El Mencho y del grupo Los Cuinis han obtenido amparos judiciales para descongelar sus cuentas, y en dos casos se han retirado aseguramientos por parte de la FGR.
De las 125 empresas señaladas por la OFAC, únicamente 12 han cerrado oficialmente, mientras que el resto sigue activas ante la Secretaría de Economía. Entre ellas hay inmobiliarias, gasolineras, constructoras, casas de cambio, compañías agrícolas, restaurantes y despachos contables, entre otros.
También se detectaron cuatro gasolineras ligadas a una red de robo de combustible (huachicol) que operan con permisos vigentes en Colima y Veracruz, según registros de la Comisión Reguladora de Energía.
El listado de la OFAC incluye a líderes regionales del CJNG en Jalisco, Colima, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas, así como a 15 hermanos González Valencia y sus esposas, considerados el brazo financiero del cártel.
Desde 2018, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha limitado las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas con base en señalamientos internacionales. En 2024, el tribunal endureció aún más los requisitos, dificultando la actuación de las autoridades mexicanas frente a las alertas de agencias extranjeras como la OFAC.
