En la estrategia del abogado defensor de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, las acusaciones contra el gobierno mexicano son un eje central, más aún con sus clientes y toda su familia convertidos en sus defendidos y colaborando con las fiscalías estadunidenses (¿también Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar?). Pero se equivoca Lichtman al involucrar el caso del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa durante el sexenio de Peña Nieto, en esa estrategia de desprestigio. Se equivoca tanto como lo hacen los sectores más radicales de la oposición y de Morena al acompañar esas declaraciones de Lichtman.
En el caso del general Cienfuegos, su detención fue una provocación, una acción realizada sin conocimiento siquiera del director general de la DEA ni del entonces fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, como él mismo lo reconoció en el libro que publicó al terminar su gestión.
Como dijimos entonces, la investigación realizada por una oficina de una agencia tan poderosa como la DEA, con tantos recursos dentro y fuera de los Estados Unidos, alcanzaba niveles de ridículo y ratifica que no estábamos hablando de una acusación a un militar, sino al Ejército y las Fuerzas Armadas y, por extensión, al Estado mexicano, una acusación que trascendía un sexenio y que no tenía sustento legal, pero sí un objetivo político.
La razón de Estado existe y hay golpes que van dirigidos no contra un gobierno, sino contra un Estado y sus instituciones. No lo comprendió en un primer momento López Obrador, que festinó la detención y dijo que era la demostración de la corrupción del sexenio anterior, y sólo fue luego de que el general Luis Cresencio Sandoval le llevó esa misma tarde la profunda indignación militar en todos los ámbitos y las implicaciones de una acusación de esas características, que cambió su discurso (no sé si su convicción) y comenzó a exigir la liberación del general. Cuando se tuvo conocimiento de la “investigación” que había realizado ese grupo de la DEA, fue evidente que no tenía sustento alguno y que todo había sido una suerte de artimaña en una estrategia que quería implementar un maxiproceso contra México.
Se dijo que le tomó muy poco a la FGR realizar la investigación sobre los documentos que envió el Departamento de Justicia de EU. En realidad, debería haberle tomado menos. Quien se ocupe en revisar las 750 páginas enviadas verá que la acusación no tenía sentido, que se trataba de comunicaciones entre dos narcotraficantes de segunda categoría, El H2 y El H9, de un cártel local, y cuando escribe un personaje llamado El Padrino o El Zepeda es evidente que no se trata de un secretario de la Defensa: no hay dos palabras sin una grave falta de ortografía, la sintaxis a veces es incomprensible (en la traducción adjunta en inglés, que fue la que se le entregó al juez del caso en EU, todo está perfectamente bien escrito, perdiéndose entonces buena parte del sentido de esas comunicaciones). Se habla de cosas insólitas como que el presunto Zepeda les entregaría barcos a los traficantes o que se encontraría con ellos en una brecha de Nayarit; de cantidades entregadas en persona. Ni siquiera la descripción física de Cienfuegos se apega a la realidad (es “chaparro y blanco” le dice El H2 aEl H9). O que los va a buscar su hijo (en realidad el general tiene tres hijas).
Es evidente de que uno de los traficantes, El H9, está embaucando a El H2 para que le dé dinero que supuestamente se destinará a Zepeda o a otros políticos y funcionarios. Cualquier analista compenetrado de temas del narcotráfico hubiera desechado el involucramiento de Cienfuegos con sólo una revisión superficial del material.
Todo esto se puede comprender, siendo benévolos, en un contexto: el absoluto descontrol que existió en la administración estadunidense, y sobre todo en las áreas de seguridad, durante el primer gobierno de Trump. Cualquiera que quiera comprobarlo puede leer el libro Furia, de Bob Woodward.
Un descontrol que se puso de manifiesto en muchos temas de la agenda interna de ese país y, en este caso, en la operación de funcionarios del Departamento de Justicia, la DEA y la Fiscalía de Nueva York, que estuvieron jugando a la política con México. Esto es parte, también, de la lucha entre agencias que siempre se da al finalizar una administración en Estados Unidos. Meses antes de su detención en Los Ángeles, el general Cienfuegos había estado en Washington, fue recibido con honores, fue homenajeado y condecorado por el propio ejército estadunidense, por el general Mattis, el secretario de Defensa de ese país. Según la DEA, en esas fechas llevaban cinco años investigando al general. No tiene sentido.
No sólo el general Cienfuegos debe ser reivindicado, se debe exigir un desagravio público a su persona y trayectoria. Por muchas razones, por la inconsistencia de la acusación, por la forma en que se realizó la detención, por el maltrato que le dio la DEA a su familia al momento de su detención, por cómo se le trató durante el mes que estuvo en reclusión (les recomiendo y les agradecería ver el documental Cienfuegos: habla el general que hicimos sobre el tema, lo puede encontrar en YouTube: en https://youtu.be/9wqWtKBGP2o?si=wLiwcjGIfWGYbixo).
Se debe exigir el desagravio como un gesto importante en la recuperación de las relaciones y la confianza en términos de la colaboración en seguridad. Y eso se debe extender a actores internos, de Morena y de la oposición que no entienden que las razones de Estado superan siempre a las de cualquier gobierno.