La española Iberdrola, que ya tenía un pie fuera de México tras vender el 55 % de su negocio en junio de 2023, ahora busca deshacerse del resto de sus activos. Las señales del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de electricidad no fueron lo suficientemente contundentes para la compañía y, tras una deliberación de su consejo directivo en España, se decidió poner a la venta las 15 plantas de generación eléctrica que aún opera en el país.
Se trata de seis plantas eólicas, tres solares fotovoltaicas y seis unidades de cogeneración o ciclo combinado, cuyo valor se estima en unos 4 mil 700 millones de dólares. La información fue revelada por el diario español El Confidencial y confirmada por funcionarios cercanos a la empresa. “No hay certeza jurídica”, reclaman.
Con esta venta, Iberdrola abandonará por completo el mercado mexicano, donde llegó a ser el mayor generador privado del país, con más de 11,000 MW instalados, aportando en su momento más del 15 % de la electricidad nacional. Dos décadas duró la bonanza de la firma española, hasta que la contrarreforma energética de López Obrador —quien llegó a llamar a la empresa y sus directivos “saqueadores”—, y que fue mantenida por Sheinbaum, dio al traste con el negocio.
En junio de 2023, cuando anunciaron su primer acuerdo para vender del 55 % de su negocio al fideicomiso liderado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), con apoyo de la CFE, Iberdrola se comprometió a seguir presente en el mercado, particularmente en renovables y servicios a clientes privados. Pero cambiaron los planes y la decisión de abandonar México ya está tomada.
Prácticamente el único comprador interesado en los activos de Iberdrola sería, otra vez, el gobierno mexicano, a través del Fonadin y de Mexico Infrastructure Partners (MIP). En la operación previa, cuando se adquirieron 13 plantas por 6 mil 200 millones de dólares, se creó un vehículo fiduciario especial (CKD) gestionado por MIP y el Fondo Nacional de Infraestructura como socio dominante, aportando entre el 40 y el 51 % del capital inicial.
El resto fue financiado con deuda: unos mil 390 millones de dólares en créditos puente sindicados por Barclays, BBVA, Santander y SMBC; y otros 2 mil 489 millones de dólares en préstamos a largo plazo de Banobras, Bancomext y Nafin, con asesoría legal y financiera.
El CKD fue diseñado para ser financiado también por las Afores, que comprometieron un total de 857 millones de dólares. En 2025, ese instrumento fue transformado en la Fibra E Fiemex, la cual levantó 4 mil 500 millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores para refinanciar la adquisición y asegurar liquidez a largo plazo.
A los funcionarios de la Secretaría de Hacienda ya les gustó hacer este tipo de operaciones financieras altamente sofisticadas, con las que finalmente se usan recursos públicos y privados (de las Afores) para financiar adquisiciones sin que éstas se registren en los balances de las empresas estatales o del gobierno federal.
Apenas este lunes, Hacienda anunció una operación financiera estructurada con la que busca levantar unos 10,000 millones de dólares para pagar deuda de corto plazo de Pemex, sin recurrir directamente al endeudamiento tradicional.
El quid es que, en todas estas operaciones, la intermediación se paga muy bien. En la operación pasada se asegura que varios funcionarios de gobierno y, por supuesto los intermediarios privados, obtuvieron beneficios importantes.
El caso es que Iberdrola quiere salir del país, y para hacerlo ya debe de tener un plan de vuelo; es decir, a un comprador, mientras que el gobierno mantiene su política de autosuficiencia energética, por la cual ha estado dispuesto a pagar precios por arriba del mercado, como fue el caso de las 13 plantas de Iberdrola.
¿Cuál será el deal ahora?
Posdata 1
Luego de casi un mes sin actividad formal, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado fue convocada para sesionar este miércoles en su sala de juntas. La cita fue girada por el presidente del órgano legislativo y coordinador de los senadores de Morena.
La Jucopo no se reunía desde el pasado 23 de junio, fecha en que inició el actual periodo extraordinario. La sorpresiva convocatoria respondió más a una formalidad interna que a un intento real de deliberar sobre los temas pendientes de la agenda. Aunque se interpretó como un esfuerzo de Adán Augusto por enviar un mensaje de respaldo y continuidad, en Morena ya corre como pólvora la versión de su inminente salida de la presidencia de la Junta.
El problema, además del perfil, es el timing: hacerlo demasiado pronto enviaría una señal de debilidad o incluso de culpabilidad. Lo más probable es que ocurra después de la aprobación de las primeras reformas previstas para septiembre, aunque ya no le tocaría cabildear la más importante: la reforma político-electoral.
El relevo natural sería Ignacio Mier, actual vicecoordinador de Morena en la Jucopo del Senado. Sin embargo, haría más sentido para Sheinbaum que la presidencia recaiga en alguna de sus colaboradoras más cercanas, como su actual consejera jurídica, Ernestina Godoy, o incluso Citlalli Hernández, actual titular de la Secretaría de las Mujeres. Ambas son senadoras con licencia.
Al fin y al cabo, París siempre ha estado en el horizonte del otrora poderoso secretario de Gobernación de López Obrador. Ya lo veremos.
Posdata 2
Andrés Manuel López Beltrán está a unos días de regresar a México, después de vacacionar por Asia y de un receso de varios días en su natal Tabasco y en Palenque, Chiapas, donde vive su padre, Andrés Manuel López Obrador. Al secretario de Organización de Morena le dolió el retroceso electoral en Durango y Veracruz, por lo que, primero fue a Teapa a entrar en un periodo de reflexión, y luego a una viaje internacional.
Tan pronto como la próxima semana, Andy planea unirse a la gira nacional que comenzó hace unos días la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Será interesante saber cuál fue el aprendizaje o regaño de López Obrador a su heredero, y cuáles serán las primeras palabras del morenista tras ese largo receso.
Posdata 3
Otra caso de censura. Otra morenista que busca silenciar a los medios de comunicación mediante argucias legales. Otra vez la muy polémica alcaldesa de Acapulco, Abelina López.
Resulta que la morenista inició una cruzada contra el medio local Acapulco Trends por atreverse a investigar un presunto desvío millonario de recursos públicos tras el paso del huracán Otis.
El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero falló a favor de la alcaldesa, al considerar que el reportaje sobre el presunto mal uso de 898 millones de pesos en fondos federales constituyó un acto de violencia política de género. La sanción al periodista Jesús Castañeda y su medio es inaudita: deberá ofrecer una disculpa pública diaria durante 15 días consecutivos, además de publicar un extracto de la sentencia por 30 días y pagar multas acumulativas que podrían rebasar los 40 mil pesos.
Por si fuera poco, el periodista fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género.
Detrás del uso de la ley electoral para silenciar a la prensa se esconde algo más profundo: el ejercicio de poder autoritario bajo el disfraz de justicia de género. Mientras la Fiscalía General de la República guarda silencio y la Unidad de Inteligencia Financiera permanece pasiva, el castigo recae en quien alzó la voz. El mensaje es claro: en la 4T, la corrupción puede perdonarse, pero no la crítica.
Lo que ocurre en Acapulco es una práctica cada vez más común en gobiernos emanados de Morena, que utilizan el andamiaje legal para intimidar, desacreditar o simplemente apagar las voces incómodas. Otro caso que sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión en México.