La posible salida de Iberdrola de México, tras poner en venta 15 plantas energéticas, ha sido interpretada en el sector como una estrategia de presión hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum para negociar mejores condiciones operativas y regulatorias, en un momento clave para la definición del nuevo marco legal del sector eléctrico.
Ejecutivos del sector eléctrico consideran que la filtración a medios internacionales —en este caso, El Confidencial— tiene el objetivo de enviar un mensaje directo sobre la falta de seguridad jurídica para empresas extranjeras. La preocupación surge justo cuando se espera la publicación de leyes secundarias que definirán las reglas del juego para inversiones, esquemas de autoabasto y consumo eléctrico.
Iberdrola ocupa el segundo lugar en generación eléctrica en México, solo detrás de la CFE, y mantiene proyectos activos, como un plan avanzado de baterías de almacenamiento de energía, considerado estratégico para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.
Ante los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista incertidumbre jurídica en el país y aseguró no haber recibido ninguna notificación oficial por parte de Iberdrola sobre la venta de sus activos. En su conferencia de este jueves, la mandataria acusó a la empresa española de mantener esquemas ilegales de autoabasto y la instó a “ponerse en regla”.
“No es por falta de certeza jurídica”, subrayó Sheinbaum, al referirse a los rumores sobre el supuesto retiro de Iberdrola, que incluiría seis centrales de ciclo combinado, seis parques eólicos y tres solares.
En el mercado se especula que, de concretarse la venta, la CFE podría ser una compradora potencial debido a que, tras la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tendría más margen para adquirir activos estratégicos sin obstáculos regulatorios.
En el ámbito político, también se menciona la influencia del exdirector de CFE, Enrique Ochoa, sobre la actual CEO de Iberdrola México, Katia Somohano, así como la tensión que enfrentaría Rogelio Ramírez de la O, exsecretario de Hacienda, por su cercanía con la firma española.
Hasta el momento, no hay posicionamiento oficial de Iberdrola ni confirmación sobre el cierre de operaciones en el país.
